Zacarías Cervantes

Alcozacán

Autoridades comunitarias, habitantes y víctimas de los pueblos nahuas del municipio de Chilapa que fueron atacados del 6 al 11 de mayo por el grupo delictivo de Los Ardillos, le dijeron a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez que desconfían del operativo que se desplegó el martes para restablecer la seguridad y la paz en la zona.
Le pidieron que se encargue de la seguridad de manera permanente la Policía Federal que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que es titular Omar García Harfuch, sin embargo la titular de Gobernación no les dio respuesta.
En declaraciones después de la visita de la funcionaria, el promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Sixto Mendoza Limpia explicó que la desconfianza radica en que el primer día que comenzaron los ataques en la comunidad de Tula, había militares y agentes de la Guardia Nacional pero se retiraron, “por eso decimos que el Gobierno nos abandonó”.
La secretaria de Gobernación y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegaron ayer a esta localidad a las 9 de la mañana y aproximadamente a las 11 se trasladaron a la comunidad de Coatzingo, una comunidad controlada por el grupo delictivo de Los Ardillos.
En Alcozacán aún se encuentran los refugiados de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán que fueron atacados por ese grupo delictivo desde el 6 de mayo pasado.
Mientras en la cancha techada del pueblo aún se encontraba personal de los gobiernos federal y estatal atendiendo a las víctimas de la violencia para incluirlos en programas sociales y en la entrega de despensas, colchonetas, cobertores y atención a la salud, el dirigente indígena declaró en la Casa de la Cultura, que desconfían en el operativo de los gobiernos federal y estatal, y, como consecuencia, se sienten inseguros.
Por ello, a pesar de que desde el martes las autoridades de los tres órdenes de Gobierno les dijeron que pueden regresar a sus comunidades, los desplazados seguían ayer en esta comunidad, y coincidieron en que se sienten más seguros que en sus comunidades a pesar de la vigilancia de los militares y agentes de la Guardia Nacional.
Alcozacán es la sede de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y del Cipog-EZ, a donde acudieron los desplazados de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán a refugiarse tras los ataques del grupo delictivo.

Seis muertos, seis heridos y un número aún no cuantificado de casas incendiadas

Alcozacán se encuentra a unos 30 minutos de Chilapa, la cabecera municipal, y es paso obligado para Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, bastión del grupo delictivo Los Ardillos.
“Por eso tienen interés en controlar estos pueblos, quieren todo el corredor desde Chilapa hasta Hueycantenango”, explicó el dirigente indígena.
Mendoza Limpia informó que el recuento de los seis días de ataques son seis muertos, seis heridos, y un número aún no cuantificado de casas incendiadas.
De los desplazados contó que no se puede confirmar una cifra precisa porque no todos llegaron a refugiarse a Alcozacán, “algunos salieron huyendo por los cerros y no se sabe dónde andan, otros se fueron a Chilpancingo, e incluso algunos se fueron a Estados Unidos donde están solicitando asilo al Gobierno de aquel país”.
Reconoció: “La verdad no sabemos cuántos sean, porque no todos se vinieron a refugiar aquí, pues otros, por el miedo, se salieron a otros lugares”. Informó que una cifra preliminar de los que están en Alcozacaán es de entre 200 y 300.
Contó que los atacantes eran más de 100 hombres “desconocidos; no sabemos de qué grupo sea”, dijo evitando señalar directamente al grupo delictivo de Los Ardillos, como ya lo ha conformado el Gobierno federal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, ha dicho la violencia en esas comunidades es por la confrontación entre este y el grupo criminal de Los Tlacos.
“El chiste es que los que nos atacaron venían bien armados los señores, traían armas parecidas a las de los militares y los pobladores están atemorizados porque este grupo actuó como terrorista; venían con equipo del Ejército, armas y uniformes”.
Dijo que por eso no confían en el operativo que llegó el martes integrado por militares y agentes de la Guardia Nacional, y le pidieron a la Secretaría de Gobernación que venga “la policía de Omar García Harfuch”.
Además, le solicitaron en la reunión que el Gobierno federal dé acompañamiento a los desplazados, “para ir a ver sus pertenencias, quieren ver si todavía existen o ya no, porque muchas casas fueron incendiadas y saqueadas”.
Por separado, una de las víctimas argumentó que no quieren ir solos a sus comunidades a ver sus casas porque tienen miedo, “no queremos volver a sentir ese terror”, dijo una de las desplazadas.
Además, según otra de las víctimas, no tienen ni para la gasolina, “pues todo está vacío aquí, ya se acabó todo, las tiendas ya están vacías”.
El dirigente del Cipog-EZ declaró que independientemente de la violencia que sufren por el

È 7
grupo delictivo, los pueblos indígenas de esa zona se sienten estigmatizados, pues desde el 2010 que se fundó el sistema comunitario, los señalaron de pertenecer al grupo delictivo de Los Rojos, “y ahora nos señalan de pertenecer a otro grupo (el de los Tlacos)”, dijo en referencia al señalamiento del secretario García Harfuch.
Sin embargo negó el señalamiento, “nosotros como pueblos indígenas las autoridades, somos designadas en asambleas. Si dicen que aquí hay grupos criminales que vengan y los detengan”.
Aseguró: “Aquí nadie se anda escondiendo porque el pueblo los pone a trabajar al servicio del pueblo”.
Durante la reunión de ayer los funcionarios de los gobiernos federal y estatal les llevaron despensas, colchas y cobertores para los desplazados, pero Mendoza Limpia declaró que la ayuda es insuficiente, “nomás nosotros los de Alcozacán necesitamos mínimo tres mil despensas”, y reprochó que ayer les llevaron “nomás poquitas para los desplazados de las otras tres comunidades”.
Dijo que en respuesta a su señalamiento de que desconfían del operativo que llegó el martes, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, les garantizó que tendrán seguridad en todas las comunidades donde opera la CRAC-PF y el Cipog-EZ, pero insistió en que no hay confianza en los integrantes del operativo.
“Los vecinos de los pueblos y víctimas le insistieron que quieren la policía de García Harfuch y que el operativo sea permanente, que después no vayan a decir que la mandaron por un tiempo, aquí tienen que quedarse hasta que se calme la violencia del otro grupo”.
Indicó que también pidieron que visite esta localidad el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, “para ver si de veras se está cumpliendo y se protege a la ciudadanía”.
El dirigente indígena recriminó que no hubo un compromiso formal y preciso de que ya no van a impedir que el grupo delictivo los vuelva a atacar, “ellos solamente dijeron que la seguridad va a estar permanente, esperemos que cuando menos con eso nos cumplan, porque hay veces que vienen por un rato, y ahora queremos que cumplan con la protección de los derechos de los indígenas”.
“No sabemos si hay desplazados allá o quien los desplazó, nosotros como pueblo indígena en ningún momento vamos a otras comunidades a agredir a nadie, ni actuamos donde no nos pertenece, ¿cómo vamos a entrar a una comunidad que no es nuestra?, no sabemos por qué dicen que hay desplazados allá”.