Lourdes Chávez

Chilpancingo

Personal del Centro Comunitario Gúwa Kúma: Casa de los Saberes de Ayutla de los Libres denunció que desde abril los gobierno del estado y federal deben los honorarios de las profesionistas que proporciona servicios gratuitos de salud, asistencia jurídica y apoyo psicológico a mujeres indígenas.
En un comunicado la institución resaltó el trabajo que realizan las profesionistas para disminuir la violencia contra las mujeres indígenas, de atención integral y acompañamiento.
“Las autoridades nos quieren castigar dejándonos sin nuestros honorarios, dejando desprotegidas principalmente a las mujeres de las comunidades que viven la violencia patriarcal todos los días”.
Consideraron preocupante que las autoridades no tengan un fondo para operar el Centro Comunitario, a pesar de que se trata de una medida de reparación comunitaria de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que condena al Estado mexicano por tortura sexual contra Inés Fernández Ortega, perpetrada por soldados del Ejército mexicano en 2002.
Recordaron que Inés, embajadora del Centro Comunitario, pidió como medida de reparación un espacio donde las mujeres fueran protegidas y se les ayudara a defender sus derechos.
“No quería que la historia que vivió se repitiera, pero se complica atender a las mujeres indígenas cuando las autoridades no nos pagan nuestros salarios de manera sistemática, mientras la violencia machista aumenta en las comunidades. Las mujeres indígenas de la Montaña y la Costa Chica también tenemos derechos”.
En noviembre pasado, el Centro Comunitario Gúwa Kúma y el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlapa pararon labores también contra la falta de pago.
Hoy volvieron a exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, el pago de sus honorarios de abril a julio a la brevedad para atender a las mujeres indígenas, que sobreviven a la violencia en los filos montañosos, entre la pobreza y una profunda desigualdad.
Denunciaron que la violencia contra las mujeres me’phaa y na’ savi ha aumentado en las comunidades de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Explicaron que las mujeres indígenas cargan en sus espaldas el peso de las tareas domésticas, el cuidado, educación y salud de los hijos y el trabajo en el campo en la siembra de maíz, frijol y calabaza.
Desde niñas tienen que soportar violencia intrafamiliar, gritos y golpes. El infierno no termina en la esfera familiar, más bien, continúa en los espacios comunitarios y en las instituciones del Estado cuando les niegan sus derechos.
Informó que sólo de enero a julio de 2026, brindaron atención con pertinencia cultural, interseccionalidad y enfoque de género a 218 mujeres indígenas de los municipios de Ayutla, Ñuu Savi y Acatepec.
“Fueron 196 por violencia familiar, principalmente porque sus esposos las golpean. Llegaron 15 mujeres porque las autoridades comunitarias les quitan las tierras, las dejan desprotegidas y cuando sufren violencia física resuelven a favor del agresor. Tienen esperanza en que las instituciones gubernamentales las apoyen, pero no creen en su palabra y no las atienden”.