Caterina Morbiato

Ciudad de México

A los cinco años y un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las preguntas sobre lo que pasó aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala se acumulan junto con experiencias que es preciso recordar también: las de los familiares de los normalistas, que se han visto obligados a hacer frente a lo que nadie debería de estar preparado a encarar: la incertidumbre que genera desconocer el paradero de un ser querido.
“En estos años se han generado cambios: en el camino de lucha por la justicia, las mamás y papás de los muchachos han conocido a otros familiares, otros colectivos y han entendido la dimensión, hasta donde ésta se puede entender, de la desaparición forzada”, dice Ximena Antillón, psicóloga integrante del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad del Centro de Análisis e Investigación Fundar, en entrevista con El Sur.
“Ellos –continúa– han aprendido cómo, desgraciadamente, hay miles de personas desaparecidas en el país que enfrentan no sólo la desaparición, sino la impunidad: este mecanismo que usa el Estado para culpabilizar, para no buscar, para dilatar las investigaciones”.
Antillón fue la coordinadora de Yo sólo quería que amaneciera. Informe de impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, un diagnóstico elaborado por Fundar que analiza a detalle las consecuencias traumáticas vividas por los familiares de los estudiantes.
La revictimización operada por el Estado a partir de la fabricación de información falsa –la “verdad histórica”– y la insensibilidad con que se ha manejado ésta, además de la constante criminalización, apunta el informe, tuvo origen en la discriminación de las familias por ser pobres, campesinas e indígenas. Operó, según los testimonios recolectados, con la intención de generar desgaste y aislamiento.
A pesar de no haber podido silenciar el caso Ayotzinapa, la maquinaria de desvíos, encubrimientos y estigmatización que se desplegó a partir de la noche de Iguala ha sembrado en el país posturas ambivalentes.
Ximena Antillón no olvida la pregunta que le hicieron en una de las ocasiones en que se presentó el informe de afectaciones psicosociales del caso Ayotzinapa: “Los estudiantes ya no se van a encontrar porque ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?”. Aquellas palabras la dejaron pasmada y la llevaron a cuestionarse: “¿En qué momento nos acostumbramos a que la gente se puede desaparecer?”.
“Eso es el resultado de años de impunidad, de represión, de violencia contra el pueblo y de violaciones a los derechos humanos. El sedimento de la impunidad no lo vemos, pero está ahí y nos hace más vulnerables porque el piso mínimo de nuestros derechos se va desfondando”, reflexiona.

De la rabia a la frustración

“¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?”, reclaman tantas pancartas en las marchas de los últimos años. ¿Qué sucede en un país que siembra cuerpos si una fosa se convierte en sólo una fosa más? Si no causa más asombro, si la rabia y el dolor colectivos se destiñen: ¿qué cosechamos como sociedad?
Con su mirada de psicóloga, Antillón hacer notar que la normalización de la violencia es un síntoma de que la falta de justicia y la impunidad producen daños también a nivel social, y no sólo individual.
En el lado opuesto está la vivencia de los familiares de las víctimas, que tiene en la desesperación el sentimiento más pulsante.
“Platiqué con algunos de los papás de los estudiante de Ayotzinapa acerca de las recientes liberaciones de personas vinculadas al caso. Por supuesto, representaron un golpe para ellos, sobre todo en cuanto a obtener información. La información es vital para encontrar a los muchachos y estas liberaciones generaron mucha frustración”.
Aunque reconozcan los esfuerzos del nuevo gobierno y entiendan que la liberación de los presuntos implicados debe leerse en el marco de la construcción de la “verdad histórica” del sexenio pasado, los familiares conviven con un sentimiento de impotencia, según relata Antillón.
“¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Hacia dónde va la investigación? ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Qué recursos tiene?”, se preguntan.

“Las personas en Guerrero
no enferman de esta forma”

Emociones como la desesperación, el dolor, la tristeza, la impotencia, el miedo tienen un impacto directo en nuestros cuerpos: los pueden debilitar, enfermar. En el informe Yo sólo quisiera que amaneciera… hay un apartado que reporta una evaluación de los daños a la salud de las madres, los padres y familiares de los estudiantes normalistas.
Los datos, recabados entre septiembre de 2015 y abril de 2016 por el colectivo Red por la Salud 43, muestran que la salud de los familiares ha presentado un deterioro grave, lo que implica la disminución de su calidad de vida: la alteración drástica del ritmo y condiciones de vida, el estrés constante que enfrentan, el duelo crónico, además del proceso de revictimización y la falta de esclarecimiento de los hechos, son algunos de los procesos que han transtornado su salud.
Ángel Ruiz, investigador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, señala que los datos reportados por el informe se han mantenido parecidos en estos cinco años: existe una tendencia generalizada hacia el agravamiento de enfermedades crónico degenerativas.
“Desde 2016 hasta principios de 2019, el diagnóstico de diabetes ha aumentado más o menos de 20 por ciento. Es importante señalar que este ritmo y este grado de aumento y descontrol de los padecimientos no se explica por condiciones de origen, o sea que las personas en el país no se enferman de este modo y las personas en Guerrero no enferman de esta forma –recalca Ruiz–. Es una situación específica de los familiares”.
Alejandra Ramírez, estudiante del doctorado en Antropología en el CIESAS de Ciudad de México, menciona como evidencia de lo anterior que las afectaciones a la salud repercuten también en las siguientes generaciones: en los hijos que están creciendo en medio de las búsquedas, por ejemplo.
“Los impactos van más allá de ese cuerpo que está buscando a alguien: se extienden, se expanden y son de considerar parte de los efectos de este mecanismo de desaparición. Otros cuerpos sufren las consecuencias de ese daño que se le hace a un cuerpo que se desaparece”, remarca la investigadora, que desarrolla su trabajo de posgrado con Las Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa.

Más allá de la restitución

El colectivo de Las Rastreadoras de El Fuerte está integrado por unas 50 personas, en su mayoría mujeres obreras, amas de casas, maestras. En lugar de acudir a las fiscalías, muchos familiares de desaparecidos depositan su confianza en ellas, y acuden a buscarlas en su sede de Los Mochis.
El grupo nació en 2014 por iniciativa de Mirna Nereida Medina Quiñones, cuando tuvo que emprender la búsqueda de su hijo Roberto Corrales. Hasta la fecha, el grupo ha localizado y exhumado alrededor de 200 cuerpos; de los 80 que han podido identificar, 20 han correspondido a familiares de las integrantes del colectivo.
Mirna logró dar con el paradero de su hijo Roberto en 2017, y siguió liderando a Las Rastreadoras. Como ella, hay otras buscadoras y buscadores que, pese a haber encontrado a su ser querido, decidieron permanecer en el colectivo. Para Alejandra Ramírez, este elemento es clave: la búsqueda, de hecho, no termina con la identificación y restitución del cuerpo sino que es un proceso integral.
“En las búsquedas se establecen vínculos que transcienden lo sanguíneo: son espacios en donde una se encuentra otra familia. Además, son momentos en donde no todo es una tristeza permanente: te diviertes, bromeas, convives y compartes los problemas de la vida cotidiana. Si bien el sufrimiento está ahí, se hace más soportable”.
En un proceso de búsqueda, el hallazgo no lo representa todo. Pero, cuando acontece, desata emociones inesperadas.
Alejandra recuerda la adrenalina y el pavor frente a una fosa clandestina que estaba a punto de ser abierta. Recuerda que ese viernes de octubre de 2018 en el poblado de Mochicahui, cerca de Los Mochis, la temperatura rondaba los 38 grados y que las poco más de media docena de rastreadoras habían llegado hasta un despoblado, a unos cinco minutos de una zona urbanizada.
El momento, como cada vez que ocurre la localización de una fosa, se hizo caótico: está la tensión de saberse vigiladas, de no tener señal telefónica, de verificar si el cuerpo hallado corresponde a una persona o un animal; y luego se empiezan a hacer hipótesis respecto a la temporalidad del entierro.
“En las exhumaciones las mujeres les hablan a los cuerpos: es parte de una pedagogía afectiva del cuidado de los muertos y esto es algo que no hacen los forenses, la gente de las funerarias o los policías. Ellas introducen esa parte afectiva y es algo muy espontáneo”, explica Ramírez.
Durante la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tuvo lugar en Guerrero a mitad de enero de este año, la investigadora pudo observar cómo esta transmisión de saberes juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la comunidad de familiares de personas desaparecidas. Ramírez participó en la brigada como estudiante asociada del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), un equipo de científicas y científicos sociales que se enfoca en investigar de modo colaborativo el fenómeno de la violencia, y en particular la desaparición forzada de personas, en el contexto mexicano.
En ocasión de esta Brigada Nacional de Búsqueda, el GIASF presentó la Guía de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque en la verdad y la justicia, un esfuerzo para reunir información y herramientas útiles para el proceso de búsqueda aportadas por familiares, colectivos acompañantes o expertos académicos, dentro del ámbito de la Ley General de Víctimas (LGV) y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (LGDFDP).

Las investigaciones tienen
que avanzar

Con la instauración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la carga simbólica del caso Ayotzinapa ha crecido: esclarecer la verdad alrededor de los hechos de la noche de Iguala marcaría una diferencia relevante con la pasada administración.
De acuerdo con Ximena Antillón, la voluntad política por parte del Estado de resolver el caso se manifestó de manera contundente cuando los familiares se reunieron en 2018 con el nuevo presidente de la República. Reconocer a las mamás y los papás de los estudiantes normalistas como un ejemplo para el país, fue un mensaje que reparó, por lo menos en parte, cuatro años de maltratos y de desgaste.
La creación de mecanismos extraordinarios de coordinación, como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, es otro factor que ha generado un reconocimiento fundamental del fenómeno de la desaparición forzada y del hecho que la verdad histórica fue un montaje. Pero el tiempo no es un recurso inagotable.
“Hubo un periodo en donde los familiares decidieron darle chance a esta nueva administración. Pero a estas alturas ya tienen que tener una dirección, ya tienen que dar resultados acerca de la investigación. Es alentador que Omar Gómez, quien conoce el caso, se haya integrado como parte de la fiscalía especial, pero necesita tener los medios para impulsar la investigación. Sobre todo ahora que se está desmoronando la verdad histórica, es necesario avanzar en el caso.
“Jalar el hilo de Ayotzinapa –concluye Antillón– significa develar un nódulo de corrupción muy complejo… Es muy importante que sociedad civil y colectivos de familiares estemos acuerpados entorno a objetivos estratégicos. Se necesita empujar los que están liderando estos esfuerzos de investigación: la propia fiscalía, por ejemplo, que no ha sido muy receptiva con los colectivos de los familiares de personas desaparecidas”.