El cruce de información de la plataforma Ayotzinapa: una cartografía de la violencia, de Forensic Architecture, permite identificar que algunos de los aparatos celulares de los estudiantes desaparecidos continuaron activos después de los ataques en Iguala, lo que da al traste con la “verdad histórica” de que los teléfonos de los estudiantes habían sido quemados con los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
La nueva plataforma digital muestra, paso a paso, la progresión de la violencia desatada en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, que culminó en el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de un mapa interactivo que reconstruye con un nivel de detalle abrumador todos los acontecimientos conocidos ocurridos en la noche de Iguala, incluyendo las incoherencias de la llamada “verdad histórica” y la destrucción de evidencias operada por las autoridades.
También exhibe con toda claridad cómo fuerzas federales y municipales, militares y crimen organizado operaron en Iguala durante la noche del 26 de septiembre de hace casi tres años, a veces en evidente colusión entre sí.
Después de cargar su sistema de filtros, etiquetas y línea cronológica –operación que requiere algún tiempo–, la plataforma permite visualizar todas las etapas de la tragedia, desde la salida de los estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, hasta los ataques que sufrieron de manera simultánea y en distintos puntos del municipio y la desaparición forzada de 43 de ellos.
Se puede navegar en Internet la plataforma del proyecto de Forensic Architecture, una agencia de investigación con base en la Universidad Goldsmith de Londres, con la colaboración del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante legal de los padres de los estudiantes desaparecidos, así como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La plataforma que sistematiza los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) así como declaraciones de sobrevivientes de los hechos plasmados en el libro de John Gibler, Una Historia de la Infamia, permiten explorar –entre otros temas- el de la telefonía celular, ubicar a víctimas, presuntos perpetradores de la desaparición y autoridades en el lugar y en tiempo real.
En el caso de los procesados por los hechos, es posible contrastar la información con las declaraciones ministeriales, lo que permite confirmar o desmentir lo dicho ante las autoridades.
En el caso de las víctimas, el cruce de información en la plataforma, permite también identificar que algunos de los aparatos celulares de los jóvenes estudiantes continuaron activos aún después de los ataques en Iguala, lo que da al traste con la “verdad histórica” de que los teléfonos de los estudiantes habían sido destruidos.

Son insostenibles las versiones de los procesados

El cruce de los testimonios con los informes del GIEI, en los que se detallan los reportes de telefonía, permite identificar contradicciones como las expresadas por uno de los procesados, Marco Antonio Ríos Berber, quien aseguró a agentes ministeriales que cuando llegaron los estudiantes a Iguala, alrededor de las 9 de la noche, se encontraba en la iglesia de San Francisco en pleno centro de esa ciudad, donde dijo haber sido testigo de que “la gente empezó a correr para refugiarse y los “ayotzinapos” empezaron a robar carros para escaparse”.
De acuerdo con la declaración rendida ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 9 de octubre de 2014, Ríos Berber se encontraba con su familia en el centro de la ciudad desde las 6 de la tarde, hora en que fue alertado a través de mensaje telefónico de David Cruz Hernández, un exempleado de la Dirección de Protección Civil municipal, de la presencia de normalistas en la ciudad.
Aunque en su declaración el presunto integrante de Guerreros Unidos aseguró que se le ordenó perseguir a los normalistas desde el Zócalo de Iguala, por su teléfono celular se le ubicó a las 9:34 de la noche en la Antena Jardines, en la salida de Cocula, a por lo menos 30 minutos de donde supuestamente los estudiantes “empezaron a robar carros para escaparse”.
En la misma circunstancia está otro de los presuntos implicados, Martín Alejandro Macedo Barrera, quien en su declaración ante la PGR dijo que “persiguió a los estudiantes”, pero en la plataforma se puede observar que su teléfono se activó toda la noche en la Antena Jardines, lejana a los lugares donde los estudiantes sufrieron la persecución.
Otro caso relevante es el de Jonathan Osorio Cortez, presunto integrante de Guerreros Unidos quien supuestamente habría participado en la cremación de los estudiantes en el basurero de Cocula.
La plataforma destaca que en su declaración ante la PGR, el inculpado refirió tener dos celulares, pero “la información de telefonía de ninguno de los dos coincide con su declaración, el primero tiene actividad toda la noche junto a la antena de Arquitectos, municipio de Iguala, el otro tiene actividad en la Antena de Cocula, de 19:37 hasta 23:43 del 26, y a partir de las 9:01 del 27 de septiembre”.
Los puntos de la plataforma que indican la ubicación de antenas de telecomunicación sobre la imagen satelital de los municipios vinculados a la desaparición de los normalistas –Iguala, Cocula y Huitzuco– revelan que la antena Truenos, registró actividad de tres implicados, el exjefe de la policía de Cocula, César Nava, el jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Eduardo Joaquín Jaimes, El Chuky, y el agente municipal de Cocula, Roberto Pedrote Nava.
La plataforma ubica este dato como no investigado, pese a que la antena Truenos está ubicada en Loma de Coyote, área localizada a la salida de Iguala rumbo a Cocula, y que la actividad de los celulares de dichos personajes se registró entre las 0:41 y las 4:47 horas del 27 de septiembre de 2014.
“Las contradicciones entre la información que aparece en la telefonía de estas personas y sus declaraciones no se ha indagado en la investigación. Tampoco se ha indagado por qué se encontraban en horas clave cercanas a las escenas del crimen o lugares relevantes para el caso, y cuál fue su participación en estos hechos en ese momento. Información clave, incluso se ha separado del caso”, alerta la plataforma.
Contra lo declarado por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, que los teléfonos celulares de los estudiantes habían sido destruidos, los peritajes de telefónica instruidos por el GIEI determinaron la operación de algunos aparatos tiempo después de los hechos.
Así ocurre con el número del normalista desaparecido Carlos Iván Ramírez Villareal, cuyo aparato registró actividad en inmediaciones de la Antena Villa de Guadalupe, muy cerca de la ciudad de Iguala, a las 19:26 del 27 de septiembre.
El IMEI (código o serie electrónica) de su aparato hizo un uso de datos para enviar un mensaje a otro número, y ocho minutos después, desde de la misma ubicación, pero con un IMEI distinto se envió otro mensaje al mismo número, lo cual para la plataforma “significa que cambiaron el aparato telefónico”.
El equipo que elaboró la plataforma resalta que, pese a que tanto el GIEI como autoridades mexicanas encontraron esa inusual actividad, “no se registró diligencia destinada a esclarecer por qué se utilizó el teléfono 21 horas después de la hora de la detención. Esta investigación habría permitido determinar si uno de los perpetradores era quien utilizaba el teléfono, o si Carlos Iván estaba retenido en un lugar cercano a su detención”.
La reflexión resulta relevante si se considera que la misma antena Villa de Guadalupe registró comunicación entre un policía de Iguala detenido, Bruno Heredia, con un personaje que hasta ahora no se ha podido identificar más que como El Caminante, y que sería quien habría mantenido comunicación tanto con agentes como con presuntos implicados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Dicho agente habría mantenido comunicación con El Caminante en 10 ocasiones, desde las 22:16 del 26, a las 3:42 del día siguiente, de acuerdo con los registros de las antenas Jardines y Villa de Guadalupe.
Otro caso que no ha sido indagado es el del teléfono celular del normalista Julio César López Patolzin, el cual “estuvo activo más tarde del momento de detención, y todavía hasta el día 30 de septiembre en el centro de la ciudad de Iguala”, según lo registró la antena Benito Juárez.
También en el centro de la ciudad de Iguala la antena Álvaro Obregón registró actividad del celular del estudiante Jorge Luis González Parral, el 26 de septiembre de 2014, y volvió a tener actividad el 30 de septiembre a las 6:58 de la tarde, desde la antena Calvario.
Hay registro de actividad de la línea de Jorge Antonio Tizapa Legideño en la antena Margaritas, cerca al Palacio de Justicia, donde desaparecieron varios estudiantes que fueron bajados de un autobús para ser trasladados con rumbo desconocido por patrullas del municipio de Huitzuco.
La antena Margaritas registró seis llamadas a través de la línea de Tizapa pero con dos aparatos distintos el 4 de octubre de 2014, sin que haya “constancia en el expediente respecto a la decisión sobre las líneas de investigación”, apunta la plataforma.
Por evidencias de que los teléfonos celulares de los normalistas siguieron activos aún después de las detenciones y los ataques armados, el 30 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminó al Estado mexicano a suprimir de su discurso la “verdad histórica” que postuló Murillo Karam, y que entre otras cosas asegura que los aparatos de telefonía de los 43 estudiantes habían sido destruidos.
En su informe tras la visita de trabajo de la relatora para México, Esmeralda Arosamena, y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento del caso de Ayotzinapa, la CIDH señaló que continuar divulgando esa versión, “provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.
El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que durante la reunión con agentes de la PGR se informó que, “se tiene certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, hecho que aunado a otros elementos de prueba corrobora la necesidad de descartar la versión inicial de indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”.