Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron una orden de aprehensión y arrestaron a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, de 79 años, acusada de los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Este miércoles a las 8 de la mañana, una veintena de agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR llegaron al domicilio de la ex magistrada, en la calle Abasolo de la colonia Ruffo Figueroa, en el centro de la capital, para detenerla.
Familiares informaron que los agentes irrumpieron con violencia destrozando una puerta y rompiendo vidrios de las habitaciones.
La situación provocó crisis nerviosas a la ex funcionaria y a familiares presentes.
Los agentes federales solicitaron la intervención de paramédicos y una ambulancia del gobierno de Evelyn Salgado, que llegaron al domicilio.
Lambertina Galeana fue sacada de su domicilio y conducida a la ambulancia donde fue valorada y trasladada a la delegación de la FGR en Chilpancingo, cerca del Congreso del Estado.
Familiares informaron que la octogenaria fue arrestada con violencia lo que le provocó problemas de hipertensión debido a que padece de diabetes.
A la 1:50 de la tarde después de las diligencias y trámites judiciales, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue sacada por una puerta lateral de la delegación de la FGR en Chilpancingo en la misma ambulancia.
Fuertemente resguardada, a bordo de una ambulancia y seguida por vehículos oficiales fue conducida por la Autopista del Sol hacia la Ciudad de México, problemente a un Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso).

El gabinete de Seguridad federal informó por la tarde que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y derivado del intercambio de información, elementos de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR , junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional cumplimentaron una orden de aprehensión contra Lambertina “N”, por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público, en Guerrero.
Por labores de investigación de gabinete y campo realizadas en el municipio de Chilpancingo, se tuvo conocimiento de un domicilio ubicado en la calle Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa, donde se resguardaba una ex funcionaría pública estatal, que contaba con una orden de aprehensión, por lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó una orden de cateo para intervenir el inmueble.
Por lo anterior las fuerzas federales efectuaron un operativo donde fue detenida Lambertina “N”, ex funcionaria pública vinculada a los eventos ocurridos en Ayotzinapa en 2014.
A la ex magistrada se le informó el motivo de su detención, sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, quien dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.
Se informó que su detención está relacionada con la desaparición de las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Frente a esas instalaciones, en el área de cobertura de las cámaras, fueron atacados por policías y agentes de diversas corporaciones estudiantes de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos.
Lambertina Galeana Marín fungió como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Guerrero en 2014, cuando el 26 de septiembre fueron desaparecidos los 43 normalistas.
Información federal indica que su detención está relacionada con la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.
Además, que tenía a su cargo en ese momento a Javier Uribe Iturbe, empleado en el área de informática del TSJ del Estado, y a Luis Europa Solís Jiménez, técnico en mantenimiento y soporte de cómputo del TSJ, adscrito al Distrito judicial de Hidalgo en Iguala.

Una carrera dentro del Poder Judicial estatal

Lambertina Galeana Marín tuvo una carrera que la llevó a ascender en el Poder Judicial de Guerrero. De mecanógrafa llegó a presidenta del TSJ en el 2014 con la recomendación del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Es hermana de la fundadora del PRD en Atoyac, Guadalupe Galeana Marín.
El 8 de julio de 2013, el entonces presidente del TSJ, Jesús Martínez Garnelo, solicitó licencia como magistrado y presidente del TSJ luego de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, postulado por el PRD, lo nombró secretario general de Gobierno.
Su periodo fue continuado, tras una votación de magistrados, por Alberto López Celis, quien solicitó licencia el 3 de febrero de 2014 y Lambertina Galeana Marín asumió la presidencia del TSJ.
En ese lapso ocurrió el asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa, y tres civiles, así como la desaparición de otros 43 la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala por parte de criminales de Guerreros Unidos, policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, con la presencia de policías estatales y federales y efectivos del Ejército.
El trienio que asumió la magistrada, pero que se inició en el 2013 por Jesús Martínez Garnelo, vencía el 30 de abril de 2015, pero fue ratificada por otros siete meses.
Galeana Marín impulsó reformas para digitalizar el sistema de recaudación de ingresos y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
El 1 de noviembre del 2017 se jubiló como magistrada del Poder Judicial y fue sustituida por Norma Leticia Méndez Abarca.
Ocho años después del caso Ayotzinapa, en el gobierno de Andrés Manual López Obrador, en el 2022, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), reveló en su informe que en el puente El Chipote a un costado del edificio del Palacio de Justicia de Iguala en la avenida Vicente Guerrero, patrullas con agentes de Policía Preventiva Municipal de Iguala, Huitzuco y Cocula retuvieron al autobús Estrella de Oro 1531 y lo atacaron a balazos.
Los policías bajaron por la fuerza a unos 20 estudiantes que a la fecha permanecen desaparecidos.
En ese documento el GIEI confirmó la existencia de los videos.
“El GIEI investigó y confirmó que existían grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en las se veía la presencia del autobús y las agresiones contra los normalistas. Dichas grabaciones estaban en poder de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero”.
La presidenta del TSJ declaró en ese momento que los videos nunca existieron.
Pero, el GIEI en su primer informe afirmó que la propia Galeana Marín le confirmó la presencia de los videos y que incluso les aseguró que los pondría a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para la investigación del caso de desaparición de los estudiantes.
El GIEI informó además que esa vasta evidencia visual, como los videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala fueron mal procesados y que “de manera negligente” fueron borrados o destruidos.
El representante legal de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, ha insistido que ese material es fundamental para dar con los responsables de la desaparición de los normalistas.
En agosto del 2022, la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), reveló una causa penal para ejecutar órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos militares del 27 Batallón de Infantería on sede en Iguala y funcionarios del gobierno estatal y federal.
En esa lista de indiciados estaba Lambertina Galeana Marín, el ex procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco y el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez. En total eran 83 funcionarios federales y estatales y policías y militares, con órdenes de aprehensión, pero la PGR se desistió de las acusaciones.
Tras el desistimiento se dio la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal del caso Ayotzinapa, en septiembre de 2022.
La FGR había solicitado a un juez la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra del grupo de militares, de Lambertina Galeana, Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez. No obstante, este último fue detenido un mes después en el estado de Nayarit, acusado de delincuencia organizada por sus nexos con la organización criminal Guerrero Unidos.