El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Gonzalo Molina González informó que se le dictó auto de libertad en la causa 196/2013-I-A por secuestro agravado, suman cuatro pero le quedan tres por el mismo delito, ante lo que consideró que automáticamente deberían desecharse y salir en libertad porque no hay delito que perseguir.
Además dijo que tanto él como el policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez están defendiendo su institución y el respeto a la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
En una visita al penal donde el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla está preso desde hace cuatro años, contó sobre su situación jurídica y celebró que le dictaron auto de formal libertad.
Vestido con una playera verde y pantalón de mezclilla detrás del locutorio expuso que el lunes le dictaron auto de libertad por el delito de secuestro agravado, y que este viernes le entregaron el oficio.
En el documento se indica, “en consecuencia, se ordena de inmediata y absoluta libertad de Gonzalo Molina González”.
Resaltó que le quedan tres causas por resolver y por el mismo delito, pero considera que como va en la misma línea que la que le dictaron auto de libertad, debería de recobrar su libertad.
“No pueden detenerme más, con esto demuestro que no hay delito que perseguir”, señaló.

Samuel Ramírez Gálvez

El policía comunitario preso Samuel Ramírez de 22 años, vestido con una bermuda guinda, playera gris y sandalias de plástico salió al locutorio para aclarar que sí le dieron sentencia de 4 años 100 días, y que se podía conmutar la sentencia, saldría pero siendo culpable.
Añadió que su familia y él decidieron apelar para salir absuelto de lo que lo inculpan.
Molina González indicó que es importante pelear por demostrar que no hay delito que perseguir, porque estaba en cumplimiento de su deber como integrante de la CRAC cuando fue detenido.
El promotor manifestó a la Coordinadora y al pueblo en general que cada integrante de este sistema de justicia tiene el deber y la obligación de defender la Ley 701, y que eso hacen estando presos.
Recalcó que están defendiendo su institución aguantando presos, que no es un capricho, “a nadie le gusta la cárcel, pedimos respeto a la institución”.
Molina González remarcó que el deber de los coordinadores de la CRAC es defenderla, denunciar las injusticias que se están cometiendo por mantenerlos presos y exigir al gobierno su libertad inmediata.
Indicó que nunca violaron el reglamento de la organización, y que si es así que se les castigue.
Contó que el Comité Nacional de los Presos Políticos en el País está buscando una reunión con autoridades federales, para que en un diálogo donde estén familiares de ambos presos, la organización y las autoridades expongan su caso y demandar su libertad inmediata.