La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en 2016, el 34.7 por ciento de la población penitenciaria de Guerrero fue víctima de actos de corrupción en alguna de las etapas relacionadas con el arresto y su posterior reclusión.

Señalaron abusos como sometimiento con fuerza física, amenazas y agresiones físicas y sicológica, además de violaciones físicas y a sus derechos durante el arresto, en la presentación ante la agencia del Ministerio Público y en el proceso judicial.
Asimismo da cuenta de que sólo el 17.5 por ciento de los encuestados de Guerrero pudo contactar a un abogado cuando se presentaba ante el agente del Ministerio Público (MP), y 37.1 tuvo presiones y amenazas para declararse culpable en la agencia.
Ayer se presentaron los resultados de la encuesta que se hace por vez primera en 338 cárceles de los ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas, con lo que se cubrió la totalidad de los centros habitados en el país, con una muestra de 211 mil personas, 5 por ciento mujeres, de una población total de 64 mil 150 personas privadas de la libertad.
Con 15 centros de reclusión estatales y municipales en la muestra, Guerrero se ubica 4.6 puntos abajo de la media nacional en el porcentaje de víctimas de corrupción, que es de 39.3 por ciento.
La Secretaría de Seguridad Pública en su página oficial señala 17 cárceles, 15 con mayor población penitenciaria en Acapulco, Arcelia, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, La Unión, Malinaltepec, San Luis Acatlán, Taxco, Tecpan, Tlapa y Zihuatanejo.
La encuesta de Inegi indica que por cada cien mil personas privadas de su libertad en Guerrero, 347 han sido víctimas durante todas las etapas relacionadas con el arresto y posterior reclusión: 261 durante el arresto, 116 en la agencia del Ministerio Público, 71 durante el proceso judicial y 30 en el centro penitenciario. La tasa nacional es de 393: 272 durante el arresto, 147 en la agencia del Ministerio Público, 58 en el proceso judicial, y 108 en el centro penitenciario.
En cuanto a la densidad de población la prisión de Acapulco figura entre los 37 centros penitenciarios con más reclusos en el país.
Ahí el 72.2 por ciento de la población sentenciada indicó que esperó más de un año privada de su libertad la resolución de un juez (no se especifica hasta cuántos años se puede esperar una sentencia).
A nivel estado indica que el 81.9 por ciento que espera una sentenciada, tiene más de un año con su proceso.
Del hacinamiento señala que en 2016, 42.5 de la población en reclusión compartió su celda con más de cinco personas. El promedio en el país es de 45.6 por ciento.
Sólo 7.2 por ciento de la población identificó algún tipo de separación entre internos que cuentan con sentencia dictada y aquellos que se encuentran en proceso de obtenerla. Esta percepción se reduce a 5.7 por ciento en el penal de Acapulco.
También ahí el 13.7 por ciento indicó percepción de inseguridad en el centro penitenciario, y el 12.9 aceptó que fue víctima de alguna conducta ilegal.
A partir de esta encuesta el Inegi informó que en México en octubre de 2016 se tuvo una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. En Estados Unidos la tasa fue de 693, mientras que en Canadá fue de mil 114.
Por entidad federativa, Guerrero tiene una tasa de 131 personas privada de la libertad por cada cien mil habitantes en ese mismo periodo.
El 25.9 por ciento de la población privada de la libertad en 2016 fue juzgada penalmente por algún delito antes del proceso que determinó su reclusión actual, y el 24.7 por ciento estuvo recluida previamente en un centro penitenciario.
En el estado, 14.9 por la población penitenciaria de Acapulco cubrió una sentencia antes de su actual reclusión (son reincidentes). (Lourdes Chávez / Chilpancingo).