El abogado de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Leonel Rivero Rodríguez, declaró ayer que el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, “es institucional” al afirmar que su cliente es culpable y que si sale en libertad la volvería a detener por las órdenes de aprehensión que tiene en su contra, pero que quien resolverá finalmente, serán los jueces que tienen el caso en sus manos.
“Yo lo veo institucional en términos de que él es el representante de la Fiscalía y como tal es el órgano que encabeza la acusación en el proceso, y creo que en ese sentido es congruente en sus palabras, ya que la Fiscalía es quien ejercitó la acción penal”, pero insistió en que resolver el caso ya no está en sus manos sino en el Tribunal Superior de Justicia.
El miércoles, Olea Peláez dijo que para él Nestora Salgado es culpable de los delitos que se le acusan, pero “pueden existir cuestiones políticas que a ella en su momento le puedan beneficiar”, y advirtió que “si la señora tiene órdenes de aprehensión y sale en libertad, tendrá que ser detenida nuevamente”.
Consultado en el restaurante Los Portales de esta capital, en donde fue encontrado causalmente, el abogado Rivero Rodríguez declaró que, sin embargo, “decir que (Nestora) es culpable, en este momento el único que puede determinarlo es un juez, y creo que la posición del fiscal es institucional en términos de que fue la Fiscalía que él encabeza la que ejercitó la acción penal y consignó a nuestra cliente”.
El abogado aclaró que en cuanto a las órdenes de aprehensión, él ha reiterado que hay tres pendientes por ejecutar, “y hace referencia el fiscal a que la defensa tiene los medios para impugnarlas y no lo ha hecho; yo creo que en eso le falta un poco de información al fiscal porque desde hace varios meses las órdenes de aprehensión fueron impugnadas por medio de un juicio de amparo que está pendiente por resolverse”, informó.
Explicó que en unas semanas más el juicio de amparo será resuelto, si es que antes no se llevan a cabo las órdenes de aprehensión.
Rivero Rodríguez expresó que no ve falta de voluntad política para liberar a su cliente por parte del fiscal, puesto que, finalmente, al que le toca decidir es al Poder Judicial del estado “y tendrá que decidir con base en los elementos que hay en los procesos”.
Reconoció que existe la “posibilidad real” de que puedan ejecutar las órdenes de aprehensión en este momento, o posteriormente, en caso de que se emita el auto de libertad.
Subrayó que la defensa “no puede obligarlos a que las ejecuten hoy o después, porque es una decisión que corresponde a la Fiscalía”.
En cuanto al proceso que se reinició, recordó que el martes fueron entregados por los abogados los exhortos con los documentos ante los juzgados primero y segundo del ramo penal de Tlapa, después de un atraso “lamentable” por parte del Juzgado 67 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pero dijo que a partir del martes que se entregaron los expedientes está corriendo el plazo de las 144 horas, mismo que fenece en las primeras horas del lunes 7 de marzo y que a partir de ese día se estará en posibilidad de saber qué resolución emiten los jueces.
Aclaró que los jueces pueden emitir su resolución antes de que venza el plazo, “puede ser hoy, puede ser mañana, o el domingo, no necesariamente tienen que pasar las 144 horas que establece la ley”, dijo.