Caterina Morbiato

El Sur / Ciudad de México

“Nadie va a dar la cara más que yo, nadie va a salir al frente más que yo, porque a mí preocupa y estoy pendiente de todo lo que pasa”. Quien habla es Sandra Luz Román, mamá de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 19 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero, cuando tenía 19 años. En unos días se cumplirán nueve años de que empezó a rastrear, casi a diario, redes sociales y periódicos locales para dar con algún indicio de su hija.
Gracias al acompañamiento de la organización I(dh)eas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos el caso de desaparición forzada de Ivette Melissa fue llevado ante la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) con la exigencia de que se le investigue con perspectiva de género.
Isabel Suárez Terrazas, abogada de Idheas especialista en género y encargada del caso, explica que cuando la CEDAW emita su resolución será la primera a nivel internacional sobre la desaparición forzada de una mujer. De ser favorable, la sentencia generará un antecedente histórico y una jurisprudencia útil para cualquier otro caso de desaparición forzada que no se esté tratando con perspectiva de género.
“Es un proceso largo y difícil pero importante, porque la sentencia de CEDAW puede ser usada por otras víctimas, asesorías jurídicas, colectivos, y puede generar un cambio”, enfatiza Terrazas entrevistada por El Sur.
Presentar un caso ante esta instancia conformada por especialistas independientes, resalta, tiene un efecto piramidal: “agarramos a éste, pero para abajo ayudamos a todos”.

Historial de violencias
invisibilizadas

En Guerrero, ninguna de las autoridades competentes investigó la desaparición forzada de Ivette Melissa. Sandra Luz Román relata que el día que balearon su casa y se llevaron a su hija –que vivía con ella–, el ministerio público ni siquiera se presentó para levantar los casquillos.
“No sabíamos qué hacer o cómo se iba a dar una investigación, pensábamos que llegar a la fiscalía ya era lo máximo. Pero no es así, para que un caso se resuelva hay que estar picando piedra. Luego tuve que ir a la Ciudad de México y todo fue pura burocracia”, detalla a El Sur.
Antes de que la desaparecieran, Ivette Melissa había sufrido varios tipos de violencia. Mientras estaba embarazada su esposo la golpeaba, le prohibía platicar con sus amigas, saludar a algún conocido en la calle o vestirse como quisiera.
“Me decía que no le podía hablar por teléfono, que su casa estaba monitoreada, ‘no me vayas a decir algo que no les parezca, porque me van a mandar al sótano’, decía. Yo digo que al sótano a golpearla o qué será. Me quedé con muchas dudas, muchas preguntas”, recuerda Sandra Luz.
Poco antes de que Ivette Melissa fuera desaparecida, su mamá había logrado mandarla, junto a su nieta, lejos de Iguala. Ni esta medida fue suficiente: su suegro las localizó y las trajo de vuelta.
Todos estos elementos nunca fueron considerados valiosos por las autoridades. Ni siquiera la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) atendió debidamente a Sandra Luz; argumentando que se trataba de un caso vinculado con la delincuencia organizada, remitieron la indagatoria a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
“Cuando nosotros entramos al caso, empezamos a dilucidar que la historia era diferente: había violencia doméstica, persecución, amenazas. Este entorno fue denunciado, pero nunca se investigó”, comenta Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas.
El abogado subraya la importancia de tomar en cuenta el contexto de la desaparición de la joven: el patrón sistemático de desapariciones en territorio igualteco; el vínculo entre grupos del crimen organizado y policías municipales, junto con la participación de éstos en las desapariciones; la ausencia de investigación que, en este caso, es más aguda debido a que el suegro de Ivette Melissa, considerado entre sus agresores, era comandante de la Policía Ministerial.

“Esto ya se salió de control”

Investigar con perspectiva de género significa enfocarse no sólo en el último delito del cual la mujer fue víctima sino exponer por qué fue desaparecida o asesinada, cómo pudo pasar, quiénes son los responsables y cuáles circunstancias –qué contexto– permitieron que sucediera, puntualiza la académica feminista Emanuela Borzacchiello en entrevista con El Sur.
Cuando una mujer sufre un determinado tipo de violencia, continúa, es porque antes ha vivido, una acumulación histórica de violencias, como es el caso de Ivette Melissa.
La Recomendación General número 2 de 2018 elaborada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) señala que “la desaparicio?n de mujeres y nin?as no necesariamente responde a una dina?mica de conflicto armado o dictadura” sino que “obedece a las dina?micas enraizadas en las relaciones de poder histo?ricamente desiguales entre hombres y mujeres”.
En este sentido, añade Borzacchiello, el Mesecvi es claro: cuando un territorio cambia de manera radical –por ejemplo, con la venta de amapola o el tráfico de droga– para las mujeres la violencia se recrudece.
“A partir de lo que sufren los cuerpos más vulnerables entendemos que algo está cambiando. Es importante entender esto en territorios como Guerrero, Chihuahua o Guanajuato, en donde a formas tradicionales de violencia, como el matrimonio o el embarazo infantiles forzados, se unen violencias cada vez más crueles. Muchas compañeras de Guerrero subrayan que niñas y adolescentes son las que más están desapareciendo”.
Sandra Luz Román cuenta que hace pocos días otra joven fue desaparecida en Iguala. “Esto ya se salió de control”, reflexiona la también vocera de Madres Igualtecas. Desde 2017, este colectivo ha dado con decenas de osamentas en varios parajes guerrerenses, como Jesús de Nazaret, Huitzuco y Cerrito Rico.
Tanto en Guerrero como en otros puntos del país se está instalando una nueva modalidad de privación forzada de la libertad que Borzacchiello define cómo “desapariciones intermitentes”. El blanco son sobre todo niñas y adolescentes que son desaparecidas por un mínimo de 72 horas y un máximo de dos semanas y después son regresadas a sus domicilios.
Aunque sus familias interpongan denuncias ante el Ministerio Público, cuando las jóvenes reaparecen el delito nunca se investiga.
“¿A qué sirven los cuerpos de estas jóvenes?”, se pregunta la investigadora y apunta a la existencia de organizaciones que explotan y esclavizan estas jóvenes de manera intermitente mientras sus cuerpos les sean útiles.
“Se dice que las mujeres somos botín de guerra, pero no sólo es eso: vernos así es revictimizarnos. Cuando nos matan y desaparecen no sólo están lanzando un mensaje, sino que nos están usando para reproducir un determinado tipo de economía criminal para despojar el territorio a través de nuestros cuerpos”, comenta la académica.
Sin embargo, la violencia no sólo destruye. En Guerrero, de acuerdo con Borzacchiello, las mujeres están interrumpiendo la línea biográfica de reproducción de la violencia en donde la abuela sufría violencia familiar, su hija violencia sexual, y su nieta ahora puede ser víctima de desaparición o feminicidio.
“En este momento la abuela o la madre se rebelan y dicen: ‘si yo sufrí violencia, mi hija, mi nieta no más’. Esta lucha está cambiando la economía política en la cual vivimos y por esto nuestros cuerpos son aún más transgresores y revolucionarios”.

Las madres buscadoras
asustan al Estado

La sentencia de CEDAW para el caso de Ivette Melissa podría salir a fines de año; ha sido un proceso lento porque debido a la pandemia de Covid-19 los trabajos se han ralentizado.
Un fallo favorable señalaría, a nivel internacional, que el Estado mexicano incumple con sus propias normativas –como el protocolo para juzgar con perspectiva de ge?nero, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacio?n– y lo obligaría a aplicar la perspectiva de género en cada desaparición forzada de una mujer.
Funcionaría de manera similar a la resolución que, en 2009, emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso conocido como “Campo algodonero”, la cual condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de tres jóvenes y por violaciones a sus derechos humanos, entre éstos el derecho al acceso a la justicia y la no discriminación.
La abogada Isabel Terrazas menciona que llegar a instancias internacionales significa que se han agotado todos los recursos disponibles a nivel nacional sin que se pudiera encontrar justicia. Antes de presentar el caso de Ivette Melissa a CEDAW, I(dh)eas ganó un amparo en 2018 contra la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la ex Procuraduría General de la República para que investigara con perspectiva de género.
“Desde el ministerio público hicieron un análisis de contexto con perspectiva de género, y está bien, pero se limitaron a eso. Y todavía revictimizaron a Sandra, no le dieron las actas de la investigación que ya venía pidiendo desde hace mucho tiempo, no le concedieron las acciones de búsquedas, no atendieron sus problemas de salud”, lamenta Terrazas.
En 2017, Sandra Luz Román fue diagnosticada con cáncer de seno. A pesar de sus múltiples solicitudes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no le ha proporcionado apoyo médico, ignorando la posible relación entre la enfermedad y el estrés postraumático por la desaparición de su hija.
Respecto a la inminente sentencia, Sandra Luz piensa que representaría un poquito de justicia, pero “si no hay eso, por lo menos dejen de desaparecer a las mujeres, que no las maten, que las respeten”.
Como la mamá de Ivette Melissa, muchas otras mujeres en México se volvieron buscadoras de verdad y justicia a raíz de la desaparición de un ser querido. A menudo sufren amenazas, persecuciones y desplazamiento forzado ya que al tener perspectiva de género en sus exigencias, son incómodas para las autoridades.
“Sandra está buscando quién fue responsable directo de la desaparición de su hija y también está diciendo que el culpable no sólo es quien mata sino que todo el Estado y la sociedad civil contribuyen a la invisibilización de esta violencia –dice Borzacchiello–. Ella y todas las mujeres que desde el feminismo, y no solamente, estamos enfrentando esto, somos mucho más peligrosas porque para un país significa reconocerse como activador y reproductor de violencia”.