El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), expuso que a ocho años del asesinato del perredista Armando Chavarría Barrera el caso se ha convertido en emblemático del uso del poder por los políticos para cometer delitos sin temor a ser juzgados.
También subrayó que, por eso, se vive una época donde combatir la corrupción y la impunidad es primordial, e hizo un llamado a los colectivos de familiares de desaparecidos y a todas las familias de víctimas del estado que se unan y de manera conjunta exijan justicia.
En un comunicado, el organismo de derechos humanos manifestó que se cumplen ocho años del asesinato del también presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, durante la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a quien identifica como el principal sospechoso.
“El 20 de agosto de 2009 Chavarría Barrera fue asesinado fuera de su domicilio con 10 impactos de arma de fuego de 9 milímetros. Según declaraciones hechas ante el ministerio público (MP) el ex gobernador Zeferino Torreblanca tenía el propósito de asesinar a Chavarría, por las diferencias ideologías que impedían una buena coordinación, pues ya se consideraba a Zeferino Torreblanca como una persona peligrosa”, expone el comunicado.
Abunda que hechos como este se han repetido hasta la actualidad en contra de la sociedad civil que defiende sus derechos y el derecho de los pueblos indígenas y mestizos, y que la justicia permanece inexistente en la práctica, porque la corrupción ha sobrepasado los tres niveles de gobierno, lo cual convierte a Guerrero en el “paraíso de la impunidad”.
El Centro Morelos refiere que el hecho de no realizar una verdadera investigación de este caso es sumamente preocupante, porque no es el único donde servidores públicos usan su poder para cometer delitos de lesa humanidad sin temor a ser juzgados conforme a la ley.
Ese mismo año antes del asesinato de Chavarría Barrera se da la desaparición forzada y posterior ejecución del presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco Raúl Lucas Lucía y el secretario de la misma organización Manuel Ponce Rosas, quienes fueron encontrados en una fosa clandestina el 20 de febrero luego de siete días de desconocer su paradero, después de ser detenidos por supuestos agentes de la Policía Ministerial en Ayutla de los Libres, abunda.
“Lo cual deja claro que una de las herramientas que se ha utilizado a lo largo de la historia de Guerrero es la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de quienes vaya en contra de los intereses políticos que dominan en el estado”, resalta el organismo.
Agrega que reafirmando lo anterior, en el 2013, son “ejecutados extrajudicialmente”  en diferentes hechos, el 3 de junio, el dirigente de la Unidad Popular Arturo Hernández Cardona junto con otros tres compañeros en Iguala, y el 19 de octubre a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino Mesino en Atoyac de Álvarez, mientras que en septiembre de 2014 desaparecieron 43 jóvenes de Ayotzinapa, hechos que también siguen impunes. “Enfrentamos una época de crisis donde combatir la corrupción y la impunidad es primordial para mejorar nuestra sociedad, pues los índices de violencia van en aumento y las autoridades no asumen su responsabilidad con las víctimas y mucho menos con las víctimas indirectas”, sostiene.