El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio insistió en que un grupo delictivo financia las actividades del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), con el que su organización está confrontada por el control del territorio.
En cuanto a la última manta que vincula, entre otros, a él con narcotraficantes y que apareció hace dos días junto en un puente cerca de la 35 Zona militar en Chilpancingo junto a una cabeza humana, insistió en que son mensajes para desestabilizar al estado.
El dirigente fue consultado ayer en el Congreso del Estado sobre posibles detenidos de la UPOEG tras un desalojo en la Autopista del Sol después de una protesta de vecinos que exigieron la salida de la policía de la UPOEG de Tierra Colorada, seguido de varias balaceras entre los dos grupos ciudadanos armados de esas organizaciones que operan en la cabecera municipal.
Indicó que en ese evento la Policía Federal sólo decomisó camionetas a vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas que están en la UPOEG, que ahí tiene una base. A las 2 de la tarde de ayer no tenía conocimiento de ningún detenido.
Solicitó que los medios de comunicación no generalicen este conflicto como “un pleito entre organizaciones”, ya que el FUSDEG recibe financiamiento de la delincuencia.
Aseguró que el secretario de Asuntos Políticos “ya tiene la información de quién pagaba y cuánto pagan para que generen inestabilidad en esta zona”.
De quién le proporcionó esa información respondió que no es un asunto mediático, sino de investigación judicial.
A modo de pregunta un reportero mencionó el apelativo El Wiri, que Bruno Plácido consintió como quien presuntamente financia las labores del FUSDEG, sin más detalle. Versiones extraoficiales mencionan a El Wiri como integrante de Los Rojos, la banda de narcotraficantes que opera en la sierra, en Chilpancingo y se disputa Chilapa con Los Ardillos.
Se le dijo que hace días fue mencionado en una manta de que tiene vínculos con los narcotraficantes Los Ardillos, y respondió que también han señalado a generales del Ejército para entrar a una etapa de descalificaciones y generar inestabilidad en el estado.
Informó que sus teléfonos como los de sus compañeros están intervenidos por la Secretaría de Gobernación (Segob), son sumamente vigilados pero “el que nada debe nada teme”.
Señaló que la prioridad de su organización es convencer a los diputados locales de hacer un foro amplio para armonizar la legislación local con las leyes internacionales y nacionales, para crear un concepto amplio de Policía Comunitaria, que no sólo ampare a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), reconocida en la Ley 701.
Señaló la urgencia de que la UPOEG y la CRAC como otras organizaciones y pueblos den una opinión para perfeccionar o ampliar la legislación, para legalizar la actuación de unos 800 pueblos organizados en Guerrero por la seguridad.