EL-SUR

Viernes 26 de Abril de 2024

Guerrero, México

Guerrero  

El espionaje del Ejército viola la privacidad y es práctica de regímenes pasados, dicen defensores

La práctica sigue a pesar de que en el discurso se afirma que se vive una nueva democracia y en un país de libertades, señala el director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez. La prioridad del gobierno es vigilarnos más que al crimen organizado, cuestiona Teodomira Rosales, del Centro Morelos

Marzo 17, 2023

La ficha que hizo la Sedena del vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega, con datos de los llamados “pelotones de información” Foto: Documento filtrado por Guacamaya

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Defensores de derechos humanos consideraron que el espionaje que realiza el Ejército en su contra, evidenciado por documentos de las filtraciones del grupo Guacamaya, es una violación a la privacidad, a los derechos humanos y a las libertades democráticas, prácticas que igualmente padecieron en los regímenes pasados, coincidieron.
El director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio criticó que a pesar de que en el discurso se dice que se vive una nueva democracia y en un país de libertades, donde todos pueden opinar, esas libertades tienen sus limitaciones.
Dijo que independientemente del espionaje a los defensores y dirigentes sociales, desde el poder Ejecutivo, se expone reiteradamente a muchos defensores que durante años han luchado en contra de regímenes que violan los derechos humanos, “y con ello, la tendencia de la Cuarta Transformación es que quien no está con ellos está contra ellos”.
Dijo que en el país, pareciera que hay organismos y organizaciones autorizados, “y las que no entramos en el juego de la dádiva, pues entonces estamos desautorizados y deslegitimizados y somos a los que nos están vigilando”.
Pidió que si los organismos de derechos humanos, defensores y organizaciones sociales están construyendo para que este país sea mejor, deben tener realmente libertad e independencia y ser apartidistas, libres de ideologías para ser neutrales, pero dijo que el hecho de que se quiera perseguirlos, vigilarlos y amenazarlos viola sus libertades y los ven como enemigos, lo cual resulta peligroso para el desempeño de sus actividades.
“Esa es su justificación para espiarnos, creen que somos un peligro para su proyecto que están iniciando”, consideró.

El gobierno quiere mantener con miedo a los defensores, dice el Centro Morelos

La directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra dijo que el gobierno quiere mantener con miedo a los defensores y organizaciones civiles mediante el espionaje, “porque no quiere que nosotros, como organizaciones, evidenciemos o denunciemos las malas acciones del gobierno”.
“Ese es el fondo del espionaje, están sembrando el terror, en realidad ese es el trabajo que hacen”, dijo y criticó que haya más persecución a los defensores y dirigentes sociales que a los delincuentes.
“El gobierno está dando más prioridad con el espionaje a los defensores de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales que al crimen organizado”, advirtió.
Añadió que eso se debe a la animadversión del presidente López Obrador contra los defensores y dirigentes sociales, puesto que desde que inició su gobierno advirtió que no quería el acompañamiento de los organismos civiles, porque las víctimas podían ir solas a solicitar audiencia, “pero sabemos que así nunca las van a atender”, y que por eso el trabajo que realizan las organizaciones y organismos de derechos humanos es importante.
Rosales Sierra agregó que como el presidente de la República vio que los organismos civiles de derechos humanos siguen funcionando recurre al espionaje en su contra.
La defensora denunció que esa práctica viola sus derechos humanos y las libertades, y que ya hay denuncias ante organismos internacionales para proteger en su momento a los defensores.
Agregó que debido a las denuncias de hostigamiento y persecución a los defensores ya presentaron quejas ante embajadas como la de Francia, los Países Bajos, la Unión Europea, y en la embajada de Alemania, que son las que están haciendo una labor de monitoreo.
“Están trabajando con nosotros, nos están llamando para ver cómo pueden ayudar, ya han enviado cartas o han pedido reunirse directamente con el gobierno mexicano. Se trata una labor de observación”, explicó.

Implica represión y autoritarismo del gobierno, advierte Octaviano Gervasio

El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, opinó que el espionaje implica “represión y autoritarismo por parte del gobierno”, y que estas son viejas prácticas que realizaba el régimen priista.
Reprochó que ahora se sigue haciendo, a pesar de que “supuestamente estamos ante un nuevo régimen que respeta los derechos humanos, pero igualmente hemos sido víctimas de espionaje, y nuestros teléfonos están intervenidos por el servicio de inteligencia del Ejército mexicano”, denunció.
El también abogado denunció que este tipo de persecución política a los luchadores sociales, violenta los derechos humanos y la libertad de los personas.
“Es, en los hechos, persecución y hostigamiento por parte del Estado a los defensores de derechos humanos y a las propias víctimas”.
Añadió que el espionaje es un atropello directo a las víctimas, y que el objetivo es que vayan aminorando sus acciones en busca de justicia.
“Estas acciones autoritarias son las mismas que realizaba el régimen priista en contra de los luchadores sociales o de personas que eran opositoras a su gobierno”.
El representante de un grupo de víctimas de la llamada guerra sucia, dijo que están de acuerdo que se espíen y se realicen labores de inteligencia contra las acciones del crimen organizado, “pero en el caso de los luchadores sociales desaprobamos totalmente que se persiga, que se les vigile y hostigue”.
Informó que en su colectivo están analizando la posibilidad de presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como ante organismos internacionales.