Alejandro Guerrero

Iguala

A cuatro años de la desaparición forzada de siete activistas de la Unidad Popular (UP) y la ejecución de tres de ellos, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad denunció que es innegable que el Estado mexicano ha contribuido a la falta de justicia en este caso, y la permanencia de la impunidad en contra de los responsables de este crimen.
Señala también el incumplimiento y omisión de las medidas cautelares 185/2013 que le fueron retiradas al sobreviviente y testigo de los hechos, Nicolás Mendoza Villa, y a la familia del activista social Arturo Hernández Cardona, lo que pone en riesgo sus vidas.
A cuatro años de los hechos el Estado mexicano es omiso en este caso que se mantiene en la impunidad, señala el organismo de defensa de derechos humanos.
Arturo Hernández Cardona fue desaparecido el 30 de mayo de 2013 junto a otros siete integrantes de Unidad Popular, entre ellos Nicolás Mendoza Villa. El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos de Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román con evidentes huellas de tortura, los demás activistas desaparecidos lograron escapar de sus captores el 3 de junio.
En un comunicado la Red Solidaria indica que la desaparición y ejecución se dieron en un contexto de hostigamiento y amenazas del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, amenazas que se hicieron públicas el 29 de mayo de 2013 en una audiencia en el Ayuntamiento de Iguala, frente a todo el Cabildo.
Arturo Hernández y otros dirigentes de Unidad Popular interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público, por amenazas de muerte del alcalde y su esposa, y un día después fueron desaparecidos.
El 25 de noviembre de 2013 la Red Solidaria Década Contra la Impunidad dio a conocer el testimonio notariado del sobreviviente Nicolás Mendoza, quien señaló de forma directa al alcalde José Luis Abarca como quien ejecutó personalmente a Arturo Hernández.
El 11 de marzo de 2014 rindió su declaración ministerial ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE ahora Fiscalía General del Estado) de Guerrero, como testigo ocular y sobreviviente de la ejecución de Hernández Cardona, Ángel Román y Félix Rafael Balderas.
A pesar de la múltiples peticiones de los familiares de las víctimas y sus representantes de que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso de manera inmediata, fue hasta octubre de 2014 –después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa- que lo hizo, y el 4 de noviembre de 2014 fueron detenidos José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, bajo la causa penal 100/2014 radicada en el Juzgado Primero Penal Federal de Distrito de Matamoros, Tamaulipas.
El testigo Nicolás Mendoza es uno de los beneficiarios de las medidas cautelares 185/2013 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismas que le fueron retiradas de facto en julio de 2016 por el Estado mexicano.
El documento lo firman los defensores de derechos humanos Ericka Zamora Pardo, Ma. Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera y Efrén Cortés Chávez.
Denuncian que en enero de 2017 ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, solicitaron que le fueran reintegradas las medidas cautelares a Mendoza Villa, por ser indispensables para salvaguardar su vida y poder presentar su testimonio en la causa penal 100/2014, sin embargo la Junta de Gobierno se negó a devolverlas bajo el argumento que su vida ya no corre peligro, por lo que ya no se pudo aportar su testimonial.