Alejandro Guerrero

Iguala

La asociación civil Verdad y Justicia para los Otros Desaparecidos de Iguala, denunció que el Estado ha fallado a las familias de las víctimas, ante su incapacidad de sancionar y llevar a los culpables ante un juez, así como su falta de capacidad de recuperar cuerpos, identificarlos y restituirlos a sus familias de manera digna.
Este viernes, el colectivo concluyó una jornada de búsqueda de fosas clandestinas, en un paraje cerca de la colonia Los Laureles, asentada en la parte baja de Cerro Gordo, sin que hayan logrado el hallazgo de cuerpos.
Derivado de una reunión con colectivos de familiares de víctimas de desaparición, realizada el miércoles en Tlaxcala a convocatoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la que fue convocada la presidenta del colectivo, Adriana Bahena Cruz, se criticó que este nuevo encuentro fue sólo “para hablar de nuestras tragedias”.
En un comunicado de prensa de la asociación, se criticó el hecho de que la gobernadora de esa entidad, Lorena Cuéllar Cisneros, abandonó las mesas después de la foto oficial.
Advierten que estos encuentros con representantes del Estado mexicano, entre ellos la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; la fiscal general de Ciudad de México, Berta Luján; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, y la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, “no puede ser otro ejercicio de diálogo vacío”.
Denunciaron que “el Estado mexicano ha fallado, ante su incapacidad estructural para sancionar y llevar a los culpables ante un juez; también nos enfrentamos a su incapacidad de recuperar cuerpos, identificarlos y restituirlos”.
El colectivo de familiares de desaparecidos de Iguala, que surgió tras el emblemático caso Ayotzinapa, subraya que no es una “concesión” lo que exigen a todos los órdenes de gobierno, sino “una exigencia ante su propia incompetencia para devolvernos lo que nos quitaron. La restitución humana no puede seguir sujeta a la voluntad de funcionarios que no en entienden el peso de una ausencia”.
Señalan que los representantes del Estado mexicano parecen sólo “acumular promesas y carpetas de investigación”, mientras que las familias de víctimas de este delito “volvimos a poner sobre la mesa el dolor que no cesa y la impotencia que nos asfixia”.
Para el colectivo, señala, no hay diplomacia que valga cuando lo que impera es una enorme crisis de impunidad, que mantiene a nuestros seres queridos en el limbo y a nosotros en una muerte en vida.
Denuncian que la gestión de la información sigue siendo “discrecional y opaca”. Por lo que no aceptan más simulaciones en el manejo del Banco Nacional de Información Genética y el Registro Nacional de Fosas Comunes; así como del Registro Nacional Forense Federal y el Registro de Personas Fallecidas no identificadas.
Señalan que la falta de homologación en las leyes de donación de cuerpos y el déficit de personal especializado en las fiscalías, “no son errores administrativos, sino decisiones políticas que perpetúan la desaparición”.
Asimismo, advierten que mientras los recursos materiales sean limitados y los funcionarios actúen sin protocolos claros, “el Estado mexicano seguirá siendo cómplice por omisión”.
El colectivo de Iguala, que concentra a cerca de 500 víctimas de desaparición, algunos de ellos por miembros del Estado, reitera la urgente necesidad de un centro de identificación humana.
“Estamos cansadas de escuchar la misma lista de promesas incumplidas en las últimas administraciones, mientras que el Banco de Datos Genéticos sigue siendo una herramienta de acceso restringido y caprichoso”, señala el colectivo.
Enfatiza que no quieren más mesas de diálogo “para administrar nuestro dolor, porque su presencia no nos devuelve la paz. Exigimos que el Estado asuma su responsabilidad frente a esta crisis forense y humana”.

Concluye la jornada de búsqueda sin hallazgos

Este viernes el colectivo concluyó su primera jornada de búsqueda de fosas clandestinas de una semana, en la que los resultados fueron negativos en la localización de restos humanos.
De acuerdo con integrantes de la asociación civil, la diligencia se realizó en un paraje cercano a la colonia irregular Los Laureles, asentada en la parte baja del Cerro Gordo frente a la colonia Loma de Coyotes, cerca de la carretera federal a Ciudad Altamirano.
En este predio, que fue señalado a miembros del colectivo, mediante una denuncia anónima, de su presunto uso para inhumar personas de forma clandestina, se realizaron excavaciones de pozos de sondeo en posibles fosas, pero los resultados fueron negativos en la localización de restos humanos y se descartó como un sitio de interés para miembros de este colectivo.