Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo denunció que con el bloqueo de sus dos cuentas bancarias; una de Bancomer en la que tenía 280 pesos y otra de Banco Azteca que ya había dado de baja con un saldo de 50 pesos, es claro que los gobiernos federal y estatal quieren criminalizarlo y desarticular el movimiento social que demanda seguridad, justicia, obras y servicios.
Agregó que pretenden dejarlo en un estado de indefensión y vulnerabilidad porque en febrero pasado le retiraron las medidas de seguridad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y ahora le cancelan las cuentas en donde recibía apoyo solidario de parte de organismos nacionales y extranjeros, “para la gasolina” y apoyos para las comunidades que representa.
Por separado, comunidades y autoridades del Ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, de donde es originario, expresaron en un comunicado ayer, su solidaridad con el dirigente y advirtieron que saldrán a manifestarse ante “cualquier intento de desprestigiarlo y criminalizarlo”.
En declaraciones por teléfono, el dirigente del Cipog-EZ, agrupación que pertenece al Congreso Nacional Indígena (CNI) que se creó a instancias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dijo que los gobiernos federal y estatal “quieren justificar chismes que lo vinculan con los grupos delictivos de Los Tlacos y Los Rusos y criminalizar su movimiento que no sólo ha denunciado la violencia del grupo criminal de Los Ardillos en las comunidades nahuas de Chilapa, que fueron atacadas del 6 al 11 de mayo pasado, sino que ha exigido la pavimentación de carreteras, construcción de escuelas, centros de salud, médicos y medicinas en los municipios de San Luís Acatlán.
El dirigente indígena atajó: “que no le busquen, yo no soy ni Tlaco ni Ruso, siembro mi caña y produzco piloncillo”.
Dijo que quieren criminalizarlo “por pronunciarnos en contra de la violencia en Guerrero, la pobreza, la explotación y porque el Gobierno nos falla en todo”.
Reprochó que los gobiernos federal y estatal “están más preocupados por acabarnos a nosotros que a los delincuentes; a Los Ardillos y a Los Tlacos ni los tocan”.
Indicó que no le preocupa que le hayan cancelado sus cuentas porque en una tenía 280 pesos y en la otra que ya había dado de baja, 50, dijo que lo que le preocupa es que, insistió, “quieren criminalizarme, sembrar la sospecha para acusarme de algo, mientras que hay chingo de funcionarios de todos los niveles de Gobierno que se están robando el dinero de las comunidades y a ellos no los investigan”.

El comunicado de las autoridades de Buenavista

Por separado, autoridades de las comunidades del núcleo agrario de Buenavista, emitieron ayer un “comunicado de solidaridad” con Plácido Galindo, dirigido al EZLN, al CNI, al Congreso Indígena de Gobierno (CIG), a la Sexta Nacional e Internacional y a organismos nacionales y extranjeros de derechos humanos, a los que alertan de los intentos de criminalizar al dirigente indígena.
“Manifestamos nuestra preocupación ante las acciones de criminalización que se están dirigiendo contra el compañero Jesús Plácido Galindo, promotor del CIPOG-EZ, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena y defensor de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del territorio, por parte del Estado Mexicano”, señala el comunicado.
Refiere que Plácido “ha acompañado durante años a nuestros pueblos para exigir el cumplimiento de derechos que el Estado nos ha negado como pueblos indígenas, y en las demandas por hospitales, medicinas, ambulancias y atención médica; por maestros y escuelas dignas; por agua potable, caminos y carreteras, así como en la defensa de nuestros territorios, pueblos y usos y costumbres como pueblos indígenas”.
Añaden que por ello rechazan cualquier intento de desprestigiarlo y criminalizarlo.
“Señalamos que existe una estrategia del gobierno para desacreditar al compañero Jesús Plácido Galindo con el fin de justificar su criminalización e incluso posibles agresiones o atentados en su contra”.
Recuerdan que el defensor “ha dedicado su vida entera al servicio de nuestros pueblos, lo que incrementa el riesgo para su integridad y su vida”.
Exigen “el cese inmediato de toda forma de persecución y criminalización contra el compañero, así como el respeto pleno a su labor como defensor de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de nuestro territorio”.
Finalmente advierten: “si tocan al compañero Jesús, nos tocan a todas y todos. No permitiremos que se atente contra su vida ni que se le fabriquen cargos o se le criminalice injustamente. Nos mantenemos unidos en su defensa y en la defensa de nuestros territorios. Como pueblos organizados, responderemos en resistencia ante cualquier agresión, hostigamiento o intento de intimidación contra nuestras comunidades y quienes las acompañan”.