Ayer unas 25 víctimas y familiares de campesinos asesinados hace 22 años en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, acudieron a las oficinas de la Promotora Turística (Protur) para solicitar una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores. La abogada Wendy García Fajardo y una comisión de familiares fueron atendidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado.
En declaraciones García Fajardo solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque tal parece que el gobierno estatal y federal están esperando a que los sobrevivientes de la masacre del 28 de junio de 1995 mueran para no reparar el daño y hacer justicia a las familias que perdieron a un ser querido.
“Que se le repare totalmente el daño que se le hizo a esta gente ¿Porqué? Por que últimamente los han estado tratando de manera despreciable, arrogante, y el señor Florencio Salazar Ademe casi nos saca a patadas cuando fuimos a pedir una solución”, hace aproximadamente 15 días expresó.
Dijo que por la muerte de los 17 campesinos no hay ningún detenido y que el caso sigue impune, y las familias exigen que se resuelva, “yo creo que el gobierno espera que la gente muera para que no reclame y no proteste, exigimos justicia para las personas vulnerables, para sus hijos,  sus esposas y para las víctimas”. Indicó que  cada víctima podría recibir alrededor de 5 millones de pesos.
Los sobrevivientes y familiares han sido maltratados por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, por exigir la reparación del daño y justicia a las víctimas, según dijo la representante legal de los afectados,  Wendy García Fajardo.