La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el estado y en el país, Guadalupe Gutiérrez Narciso denunció que los gobiernos federal y estatal han evadido su responsabilidad de garantizar a las víctimas de desaparición y a sus familiares su derecho a conocer la verdad, encontrar a sus desaparecidos, pero sobre todo les han negado el derecho a la justicia.
Dijo que sin los recursos necesarios y enfrentando los riesgos que implica son los familiares de las víctimas los que tienen que hacer las investigaciones y han logrado encontrar a algunos de sus desaparecidos, mientras que el gobierno a pesar de que cuenta con un presupuesto para ellos no les apoya ni para sus gastos, mucho menos para que sobrevivan los hijos de las víctimas, y por el contrario los revictimizan y los criminalizan.
Entrevistada en el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, la presidenta de ese colectivo que tiene su sede en Chilpancingo señaló que el de los familiares de desaparecidos “es un dolor y un agravio que cada día crece, a pesar de que nuestra voz se levanta más fuerte y seguimos uniéndonos en colectivos las personas que buscan a sus hijos y que exigen justicia”.
Gutiérrez Narciso informó que el colectivo de Chilpancingo cuenta con un registro de 300 desaparecidos, registrados en varios estados del país.
“Esto es para que el gobierno se preocupara tantito, para que el gobernador Héctor Astudillo Flores prestara oídos a las víctimas, pero ha hecho caso omiso, hemos tenido reuniones con él, y sí, nos ha escuchado, pero no hay una respuesta, no vemos un compromiso real con las víctimas y eso nos agravia cada día”, se quejó Gutiérrez Narciso.
Agregó que el gobernador no quiere hablar de este problema como tampoco de la violencia porque atrae la atención de los organismos internacionales que vienen a asustarle al turismo, “y eso nos da mucho coraje, que el gobernador no ponga interés en solucionar el grave problema de los desaparecidos”.
Demandó al gobernador un plan de trabajo en favor de las víctimas y sus familiares, “que se ponga a trabajar, que tenga tantita sensibilidad, si fuera su hijo el que estuviera desaparecido o asesinado ¿Qué haría?”, preguntó la madre de Josué Molina Rodríguez quien se encuentra desaparecido desde el 4 de junio del 2014. Ese día hombres armados lo levantaron en la calle Heroico Colegio Militar cerca de la Escuela Secundaria Técnica número 30 Lázaro Cárdenas del Río. Desde entonces Guadalupe Gutiérrez no sabe del paradero de su hijo.
“Le pedimos que se ponga en nuestros zapatos, llevamos años buscando a nuestras víctimas y no tenemos ningún avance, en la Fiscalía General del Estado (FGE) siempre argumentan que no tienen recursos y que no hay ni para su transporte. Eso nos molesta porque sabemos que sí hay miles de millones de pesos del presupuesto para las víctimas”.
La presidenta del colectivo exigió a la FGE que dé a conocer el informe de todos los perfiles genéticos y ADN de todos los cuerpos que están siendo trasladados al Cementerio Forense Estatal. Se quejó que en muchas ocasiones le han pedido esa información porque los familiares aglutinados en los colectivos tienen el derecho a saber qué están haciendo con esos cadáveres, y si en verdad les están practicando los estudios.
“No podemos permitir que se sigan burlando de nuestros cadáveres, también tienen un derecho igual que el ser humano, por eso exigimos que se nos dé una información, que no solamente nos digan que sí cuentan con los ADN y la cadena de custodia. Queremos hechos, que nos informen por escrito, y no solamente nos digan de palabra”.
Exigió que la FGE investigue todos los casos que se han denunciado y que cuentan con carpetas de investigación. Declaró que hay un caso de un adolescente de 14 años que recientemente se lo llevaron “y no es posible que a pesar de que se presentó la denuncia no se esté investigando”. Aseguró que ni siquiera la Alerta Ámber se activó.
Manifestó que también en el caso de la desaparición de su hijo no existe ningún avance en las investigaciones, y que ni siquiera está segura que se esté investigando.
Gutiérrez Narciso se quejó que la actitud negligente de las autoridades es un agravio más y revictimización para los familiares de las víctimas y denunció que si la FGE se queja de que no cuenta con recursos para investigar y buscar a sus familiares, menos el gobierno cumple con el apoyo a los familiares de las víctimas.