Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llamó ayer a los organismos nacionales e internacionales a hacer visible la violencia y el saqueo de los recursos naturales de la sierra de Guerrero y a exigir al Estado mexicano garantizar los derechos humanos de la población.
En un comunicado, a raíz de los ataques que sufrieron las comunidades del Ejido de Guajes de Ayala por integrantes de La Familia Michoacana la semana pasada, el organismo de derechos humanos, denunció que a menos de cuatro meses de que termine el gobierno de Héctor Astudillo, “son miles de familias víctimas de desplazamiento forzado interno, cientos de desaparecidos y asesinados y una larga cadena de violaciones a los derechos humanos”, por la violencia que se vive en la sierra.
Agregó que desde inicios de este año, advirtió “del enorme riesgo de violencia que se avecinaba” y que después de que el 3 de abril fue asesinado el comisario municipal de Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, Carlos Márquez Oyorzábal, en una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denunciaron el grave problema de violencia que se vive en la sierra, sobre todo en los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan.
“Posteriormente, el 26 de abril, acudió una comisión desde la sierra a la Ciudad de México para dar seguimiento a la petición de que se brindara seguridad a las poblaciones que se encuentran en alto riesgo, ese mismo día fueron recibidos por la presidenta de la CNDH, María Rosario Piedra Ibarra y después de casi un mes, el 20 de mayo, tuvieron una reunión con un alto mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para avanzar en la construcción de una ruta integral de pacificación de la zona”, informó el organismo.
Agregó que también se reunieron después con los directores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tratar las irregularidades en el otorgamiento de los permisos para la explotación de la madera.
El Centro Morelos dijo que a los funcionarios de esas dependencias federales les pidieron su interlocución para contar con la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército en la atención a la tala clandestina de los bosques por parte de los grupos de narco-paramilitares y que se establezca la Guardia Nacional en esos lugares para que se garantice la seguridad de todas las poblaciones “que siempre quedan en medio del fuego cruzado”.
Sin embargo, denunció que después de lo ocurrido en las localidades del ejido de Guajes de Ayala, “vemos cómo de manera reiterada el gobierno federal y estatal minimizan la violencia, tratando de invisibilizarla, negando hechos que mantienen a mujeres, niñas, niños y ancianos hundidos en el terror, provocándoles secuelas psicológicas y psicosociales irreversibles y un rompimiento de del tejido social que podría tardar decenas de años en reconstruirse”.
El organismo advirtió que la violencia en los diferentes municipios de la región de la Tierra Caliente, “crecerá aún más porque en el estado de Guerrero son cientos de miles de hectáreas de maderas preciosas, yacimientos de oro y otros recursos naturales las que son codiciados por inversionistas y grupos de narco-paramilitares que actúan bajo el amparo de los tres niveles de gobierno”.
Denunció que ante la violencia en esa parte del estado, las autoridades de los tres órdenes de gobierno incurren en omisión, y lamentó que varias familias de los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguen Totolapan, pese al riesgo de perder la vida, hayan decidido permanecer en sus casas y no aceptar el desplazamiento.
“Sin duda están informadas del infierno que se vive como desplazadados y las pocas posibilidades de que el gobierno federal y estatal les generen condiciones de seguridad para poder retornar”.
El Centro Morelos llamó a los organismos internacionales, nacionales no gubernamentales de derechos humanos a exigir a las diferentes instituciones del Estado mexicano garantizar los derechos humanos “de toda la población de las zonas que se disputan los diferentes grupos armados, que se detenga el escocido y la ejecución de concesiones mineras, “y que realice la desarticulación de los diversos grupos delincuenciales y pseudo grupos de policías comunitarias”.