El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denunció que el gobierno federal viola los derechos laborales de las y los trabajadores de la Ciudad de las Mujeres en Tlapa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La dependencia federal decidió el 29 de junio pasado que 30 de las 59 mujeres que laboran en dicho Centro dejarían de trabajar ahí a partir del lunes 3 de julio, mientras que las 29 restantes sufrieron la reducción del 50 por ciento de su salario.
Entre las despedidas se encuentran abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, administrativas y de intendencia.
La creación y funcionamiento de la Ciudad de las Mujeres derivó de la violencia que se vive en los 19 municipios que conforman la región de la Montaña, dando cumplimiento a las obligaciones del gobierno federal para la erradicación de la violencia contra la mujer.
Su creación está relacionada con las recomendaciones emitidas al Estado mexicano en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa abusadas sexualmente por soldados del Ejército mexicano, en las que es obligado a crear instituciones que se encarguen de brindar atención a las mujeres indígenas.
Ciudad de las Mujeres fue construida con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo e inaugurada el 22 de julio de 2015, por el presidente Enrique Peña Nieto.
Tlachinollan mencionó este viernes en un boletín que a raíz del anuncio “inesperado” las trabajadoras de la Ciudad de las Mujeres tomaron el Centro y se plantaron a las afueras, para denunciar que desde hace cuatro meses no reciben su salario ni los recursos para desempeñar su labor de manera efectiva.
El organismo denunció que con el despido de algunos trabajadores y la reducción de su salario de otros, la dependencia federal “violenta y denigra los derechos de sus trabajadoras al no contar con un contrato laboral, adeudando cuatro meses de trabajo, realizando despidos injustificados, forzando al personal a laboral horas extras sin que estas sean remuneradas”. Además sin ofrecerles servicio médico, ni seguro de vida “y mucho menos las prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo”.
El organismo menciona que el 21 de junio junto con Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ayutla y Ometepec, Tlapa es uno de los ocho municipios del estado en donde la Secretaría de Gobernación emitió la alerta por violencia de género, “lo que evidencia el nivel de violencia contra las mujeres en la región y por lo tanto la necesidad de la existencia y desempeño eficaz de un centro como la Ciudad de las Mujeres”.
Tlachinollan consideró que el actuar de la Sedatu violenta no sólo a las trabajadoras sino a las beneficiarias del Centro y viola el Artículo 18 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “la cual establece como violencia institucional los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
El organismo también denunció que el gobierno federal incumple las sentencias de la Coidh en las que se establece como medida de reparación la construcción de un centro para las mujeres en beneficio comunitario.
“Por lo anterior como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompaña la implementación cabal de las sentencias de la Corte en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como la defensa de los derechos de las mujeres indígenas desde hace 23 años, hacemos un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, para que en el ámbito de su competencia giren a la brevedad las instrucciones necesarias para evitar la continuidad de las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras de la Ciudad de las Mujeres”, pide.
Tlachinollan demandó a las autoridades federales que establezcan una mesa de diálogo con las trabajadoras de la Ciudad de las Mujeres para llegar a una solución que pondere sus derechos laborales y los derechos humanos de las mujeres.
Asimismo que reencamine su actuar hacia el cumplimiento cabal de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo y advirtió que como Tlachinollan “estaremos atento y daremos puntual seguimiento a las acciones que el Gobierno federal emprenda para dar solución a este problema”.