Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) acusó a los tres órdenes de gobierno de ser omisos y cómplices del grupo delictivo que los ha venido atacando y el domingo levantó, torturó y asesinó a los indígenas Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y su compañera Lorenza Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa.
Los dos fueron sepultados ayer en Xicotlán y por la tarde el Cipog-EZ en un comunicado insistió que no murieron en un accidente como lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal, sino que fueron asesinados.
“Nos quieren hacer creer que su camioneta se salió de la carretera y que murieron por un accidente automovilístico, cuando fueron encontrados muertos con señales de tortura la mañana del 7 de mayo en un lugar en el que los familiares y miembros de la organización ya habíamos buscado, sobre la carretera en un tramo con topes”, denunció la agrupación.
El Cipog-EZ calificó como “absurda la forma en la que el gobierno calla la verdad y protege a quienes nos han perseguido por años, asesinando, secuestrando y torturando”.
Informó que ayer recibieron los cuerpos de Marcos Campos Ahuejote y Lorenza Chantzin Pochacuacingo “y hoy las familias y nuestras comunidades lloran y honran a sus muertos”.
Agrega que, mientras tanto, “los malos gobiernos hacen como si no pasara nada, para ellos, para ellas, no representamos nada, sólo se incrementan las cifras de muertos, pero mientras no superen el número de muertos de la administración pasada, todo está bien, podrán presumir que en esta administración hubo menos muertos que en la pasada, el número de votantes permanece”.
El Cipog-EZ denunció que los tres órdenes de gobierno por acción u omisión son igual de delincuentes que el grupo delictivo de Los Ardillos que los han venido asesinado en 26 comunidades de Chilapa.
“Los Ardillos están dentro de sus propias instituciones, son parte de la Fiscalía, de las policías municipales y del gobierno de Guerrero. Ese grupo narco-paramilitar opera con total impunidad, instala retenes y asesina a nuestros hermanos y hermanas y eso lo sabe la gobernadora Evelyn Salgado, pero no solamente ella, pues el gobierno federal también guarda silencio frente a la muerte que recorre a nuestro estado y al país”.
Hicieron responsables a los tres órdenes de gobierno “de lo que nos pueda suceder a los coordinadores y promotores del Cipog-EZ Jesús Plácido, Nicéforo Nava, Delfino Sánchez, Sixto Mendoza, Benjamín Sánchez, Prisco Rodríguez, Adán Linares, Guillermo Morales Hilario, así como a los niños y niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas de nuestras 26 comunidades, pues se sabe de sobra que Los Ardillos se mueven y controlan los tramos que van de Tlapa a Chilapa, de Chilapa a Chilpancingo y de Chilapa a José Joaquín de Herrera”.
Llamó a la ONU, a las organizaciones de derechos humanos, que denuncien los crímenes que el Estado mexicano permite que ocurran a los habitantes de nuestras comunidades.