Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Hace un mes, familiares de la médica cirujana Adela Rivas Obé acudieron a Palacio Nacional con el propósito de exigir que se inicie un proceso por desaparición y que se investigue si hubo robo de medicamentos del IMSS, pues el descubrimiento de este hecho delictivo fue el motivo central del crimen.
Entre el 13 y 15 de febrero, Bolívar Darío Rojas Rivas, hijo de Adela Rivas, estuvo en Ciudad de México y acudió temprano a Palacio Nacional para buscar una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentarle directamente las inconsistencias en la investigación judicial a nivel estatal y federal, y exigir justicia por la desaparición y asesinato de su madre, quien se percató del robo de medicamentos en farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, donde trabajó durante 25 años.
El cuerpo de la médica fue encontrado en la playa Majahua del municipio de Zihuatanejo el 11 de octubre de 2016, después de que se reportara su desaparición 23 días antes, el 22 de septiembre de ese año.
Entrevistado por El Sur mientras se manifestaba en la Ciudad de México, Bolívar Rojas denunció que el proceso ha sido lento, a tal grado de que apenas unos días antes la Fiscalía General de la República (FGR) informó a la familia de la víctima que había girado una orden de aprehensión contra el asesino, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, quien cumple una condena de 38 años por homicidio calificado.
Rivas Obé tenía 52 años cuando fue privada de la vida tras haber sido desaparecida. Era directora de microzona del IMSS, donde también ejerció como médica cirujana. Tenía a su cargo la supervisión de clínicas de Zihuatanejo, Petatlán y La Unión. Vigilaba el abastecimiento de medicamentos y el funcionamiento de los equipos.
Su hijo Bolívar cuenta que en el expediente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) está documentado que, como parte de sus labores en el IMSS, a Rivas Obé se le encomendó investigar un posible desabasto de medicamentos en la clínica 27 de Petacalco, ubicada en el municipio de La Unión. Ella descubrió que la persona responsable del abastecimiento era la misma que se hacía cargo de la farmacia, donde había un consumo no justificado de medicamentos.
“Mi mamá removió del cargo al encargado, y él la asesinó a ella, según la investigación”, enfatiza Rojas. “La fiscalía investigó que el encargado de farmacia estaba sustrayendo los medicamentos. El lo negó, aprovechando una declaración del entonces delegado estatal del IMSS, José Luis Ávila Sánchez, sobre que no había ese robo”.
Debido a la lentitud de la FGR y por estar involucrado el IMSS, sintetiza Bolívar, “es importante que el presidente conozca los detalles del caso”. Esas declaraciones públicas del IMSS, agrega, fueron usadas por la defensa del imputado cuando argumentó que si no había robo, tampoco homicidio por ese motivo.
“Sin embargo, la fiscalía de Guerrero determinó que él, al verse descubierto, intentó persuadir a mi mamá de que no lo denunciara. Mi mamá no aceptó y la asesinó”.
El inculpado no tiene sentencia por feminicidio ni por robo de medicamentos ni por desaparición. Solamente por homicidio.

Robo por 100 mil
pesos mensuales

El 22 de septiembre de 2016 Rivas Obé se trasladó a Zihuatanejo. Al otro día tenía agendada una reunión en Acapulco para entregar los resultados de su investigación e informar que había removido a una persona de su puesto por anomalías.
Desde la mañana del 22, sin embargo, se perdió contacto con la médica. Desapareció. Al principio, indica Bolívar, se creyó que se trataba de un secuestro. “Bajo ese delito levantamos la denuncia (ante la Fiscalía de Guerrero), porque mi mamá no apareció durante 23 días”.
El 11 de octubre siguiente, en una playa de Zihuatanejo, “se halló el cadáver sin blusa, en la que tenía bordado su nombre y el del IMSS. (Le quitaron la prenda) con la intención de que no fuera reconocido el cuerpo. Le dejaron caer una piedra en el rostro y su cuerpo fue abandonado en una barranca para que no fuera encontrado”.
Al presunto responsable lo detuvieron un mes después de la desaparición, el 24 de octubre de 2016. “La Fiscalía estatal lo investigó: mi mamá lo retiró del cargo porque descubrió que había sustracción de medicamentos; por eso él cometió la acción de asesinarla”, relata Bolívar.
Un arete de Adela Rivas fue encontrado en la cajuela del vehículo del sujeto. En una oreja de ella estaba el otro. “Se presume que el cuerpo de mi mamá estuvo en esa cajuela. Primero la desapareció y no sabemos si hubo tortura. Por la saña al cometerse el asesinato, exigimos una investigación e imputación del delito de desaparición y el castigo correspondiente a esa persona”.
Durante su estancia en Ciudad de México, Bolívar manifestó estas inconsistencias y también que en 2016 la familia interpuso una denuncia en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por desaparición, además de la primera denuncia por secuestro que había hecho ante la Fiscalía estatal.
“En estos años hemos enfrentado los amparos de esta persona (el homicida). Tememos que por ese dinero mal habido pueda quedar en libertad, y que por la omisión del IMSS de no reconocer el robo pueda seguir alegando tal cosa, cuando la investigación de la Fiscalía de Guerrero arroja que sí lo hubo”, expresa.
Las indagaciones de la FGE, además, confirmaron que desde 2009 “él estaba sustrayendo alrededor de 100 mil pesos mensuales en medicamentos robados”.

Por la omisión del IMSS,
el lento actuar de la FGR

Apenas este febrero la FGR se comunicó con la familia para notificar que se pidió una orden de aprehensión contra el imputado por el delito de desaparición.
“Esto quiere decir –explica Bolívar Rojas– que si queda libre del proceso de homicidio debido a que él ha promovido amparos contra la sentencia, después tiene una orden de aprehensión por desaparición, pero apenas se giró hace algunos días”.
Lamenta, por otro lado, que transcurrieran más de seis años para que esto fuera posible. “La denuncia por desaparición se hizo en 2016. Que se haya tardado tanto (la orden de aprehensión) no va con la justicia pronta y expedita que ordena la Constitución”.
Es por ello que frente al Palacio Nacional se denunció el proceso lento del caso en la FGR. “Estuvimos en la Ciudad de México para indicar que no se ha dado respuesta pronta a la denuncia por la desaparición de mi mamá. Además, le preguntamos a la FGR sobre el robo de medicamentos que estaba haciendo esta persona, y que consta en la investigación de la Fiscalía de Guerrero. Lo que nos dijo es que no puede investigar el robo de medicamentos si el propio IMSS no denuncia”.
Bolívar menciona que una auditoría interna del IMSS concluyó que sí existía un “faltante de medicamento” en la clínica que Rivas investigaba, “pero que no podría ser considerado un robo”, según el propio Instituto.
Por un lado, acusa, “la FGR actúa de manera lenta”, y, por el otro, “el IMSS actúa de manera indolente, aunque mi mamá estuvo 25 años al pendiente de la institución, investigó el robo de medicinas y por eso fue asesinada”.
“Es por todo esto que exigimos que al imputado se le agregue el delito de desaparición, o en su caso el delito de feminicidio, porque el asesinato fue hecho con mucha saña, cuando se le arrebató la vida de esa manera. También pedimos que haya una investigación de robo de medicinas”.