Lourdes Chávez

Chilpancingo

El hijo de la doctora Adela Rivas Obé, Darío Bolívar Rojas Rivas, denunció que el órgano de control interno del IMSS respondió de forma incompleta y con un leguaje procesal, que puede implicar una amenaza para su familia, por una solicitud que hicieron del expediente y todos los documentos derivados de la desaparición, tortura y asesinato de su mamá, del 22 de septiembre de 2016 hasta la fecha.
Vía telefónica, señaló que el documento firmado por el titular de la oficina regional 8 de órgano de control interno del IMSS, Jaime Cruz Lucatero, está saturado de referencias legales, sólo para informar que los escritos de la familia de la víctima se integraron al expediente administrativo 2025/IMSS/DE1589, “para que, en su momento del proceso oportuno, surtan los efectos legales a que haya lugar”.
Advirtió que la respuesta no atiende la exigencia central, para que el IMSS entregue a la familia, en cinco días hábiles, el expediente que debió generar en estos años.
Recordó que el IMSS también impuso antes un plazo de cinco días hábiles a la familia de la doctora Rivas Obé, para entregar “documentos probatorios” de la investigación que se inició por orden presidencial, y que por su naturaleza sólo obran en poder del propio IMSS, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, en la comunicación que se estableció por correo electrónico.
“En una maniobra dilatoria y revictimizante, el órgano interno de control del IMSS en Guerrero (encabezado por Jaime Cruz Lucatero, Francisco Galeana López, auditor que elaboró el oficio, y Manuel González Martínez, auditor revisor) notificó hasta ayer jueves 7 de agosto, un oficio fechado y firmado el lunes 4, a sabiendas de que vencía el plazo perentorio que ellos mismos impusieron para que nosotros como familia entregáramos ‘documentos probatorios’, sobre el robo de medicamentos al que fue enviada la doctora Adela para investigar, y por lo cual fue desaparecida y asesinada en 2016”.
Consideró inadmisible que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el instituto y la auditoría, donde se exige transparencia, capacidad técnica y compromiso real con la rendición de cuentas, pretendan eludir su deber y encubrir un delito federal.
Exigió que si no saben cómo obtener documentos que están bajo el resguardo de la institución o en poder de otras autoridades, o no quieren cumplir una instrucción presidencial, que renuncien.
Subrayó que no pueden seguir ocultando la información, ni manipular plazos y revictimizar a una familia, que lleva casi nueve años enfrentando la impunidad. “Porque en ese caso, su permanencia no es garantía de vigilancia: es una parte activa del engranaje del encubrimiento al interior del IMSS, para que no se conozca el robo de medicamentos”.
Señaló que la negativa a entregar la documentación del caso a la familia “no sólo los coloca del lado de la complicidad, sino que constituye un abierto desacato a la instrucción presidencial, de investigar a fondo el caso del robo de medicamentos controlados que investigó la doctora Adela, y transparentar, sin reservas, toda la información relacionada”.
Incluso, advirtió que el IMSS pretende cerrar su propio plazo, sin entregar información clave para esclarecer un crimen que no fue fortuito, porque la doctora Adela Rivas Obé fue desaparecida, torturada y asesinada el 22 de septiembre de 2016, como represalia por cumplir con una instrucción oficial, para investigar un robo sistemático de más de 100 mil pesos mensuales en medicamentos e insumos de la Unidad Médica Familiar 27 de Petacalco, encontrando e identificando al responsable, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, entonces encargado de farmacia y hoy condenado en firme a 38 años de prisión por su homicidio.
Por lo anterior, afirmó que existen oficios, reportes internos, comunicaciones y declaraciones con ministerios públicos y registros laborales, que ellos mismos generaron desde septiembre de 2016, pero exigen a la familia reconstruir lo que la propia institución ocultó, destruyó o dejó de investigar.