Colectivos de familiares de desaparecidos, organismos civiles y de derechos humanos en el estado expusieron que el nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) en Guerrero, Luis Camacho Mancilla “nace muerto” porque no cuenta con el respaldo de los afectados, además de que este tipo de nombramientos deben de contar con la legitimidad que se adquiere en el compromiso con las familias que sufren la violencia.

Mencionaron que ante la ausencia de soluciones reales a las problemáticas que incrementan la violencia e impunidad, en el estado el número de víctimas va en aumento sin que hasta la fecha se garantice su acceso a la justicia, a una debida reparación del daño y mucho menos garantías de acabar con la violencia.
El comunicado lo firmaron el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Vergara Hernández, Colectivo Buscadores de Fosas de Iguala, el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y el País y el Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
Los firmantes señalaron que de manera unilateral y dejando de lado los planteamientos de los colectivos de víctimas se impuso la titularidad de Camacho Mancilla, que además se desconoce que tenga una trayectoria a favor de los derechos humanos y quien tampoco cuenta con antecedentes de trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos, y que su trabajo se reduce a haber sido parte de la comisión para la implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado.
Camacho Mancilla fue designado como titular el lunes y su nombramiento se da en un contexto donde la violencia en el estado se ha “enseñoreado”, dejando en una situación de indefensión a las familias que diario buscan a sus desaparecidos, se informó en el escrito.
Se detalló que “es un nombramiento que nace muerto… porque estos nombramientos deben de contar con la legitimidad que se adquiere en el compromiso diario con las personas que sufren el flagelo de la violencia”
Se dio a conocer que la Ley de Atención a Víctimas establece que por única ocasión el comisionado puede ser propuesto por el gobernador al Congreso local, y que para el siguiente periodo deberá enviar una terna previamente consultada con los familiares de las víctimas, sin embargo ni el gobernador Héctor Astudillo ni el Congreso local incluyeron en el proceso a quienes son afectados directos por las omisiones del estado, la violencia y la impunidad.
“Es preocupante el incremento de los desplazamientos forzados, los feminicidios, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y de fosas clandestinas, lo que sin duda implica un reto en el que las víctimas deben ser tratadas con profesionalidad, sensibilidad y eficacia y no con acciones supeditadas al gobierno estatal, como se prevé con el reciente nombramiento”.
Se indicó que es indispensable que el titular de esta institución tenga verdadero compromiso con las víctimas, sensibilidad humana, experiencia, autonomía de decisión y los recursos necesarios para demostrar una atención profesional y con compromiso ético a favor de las víctimas para dar buena atención a las demandas de sus familias.
“A diferencia de la burocracia que persiste en nuestro estado, este cargo debe de cimentarse en la confianza y cercanía de la gente que ha sido ignorada y revictimizada en su lucha por defender su derecho a ser atendidos con respeto y dignidad”.
Se informó que es preocupante que el gobernador y el Congreso local no hayan tomado en cuenta los criterios que han planteado los organismos internacionales de derechos humanos relacionados con la atención a víctimas, y que hayan prevalecido más los intereses de grupo tomando una actitud “irresponsable, insensible y autoritaria frente al dolor y las necesidades urgentes de las víctimas”.
“Nos solidarizamos y hacemos eco de esta demanda dolida de las víctimas por no sentirse representados y escuchados ante las instancias gubernamentales, por lo que pugnaremos para que el centro de la acción gubernamental sean las víctimas y sus familias y para que no se denigre ni se trivialice su lucha”.