Beatriz García

Chilpancingo

El consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) preso en Ayutla, Arturo Campos Herrera señaló que los gobiernos federal y estatal utilizan el Sistema de Seguridad y Procuración de Justicia para criminalizar a esa organización, porque pese a que ha presentado pruebas de que no es culpable de ningún delito sigue preso.
Desde el penal elaboró dos cartas que envió al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en la segunda dice que si la iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución estatal que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores, que no incluye los términos Policía Rural y Policía Comunitaria se hace efectiva, la CRAC-PC se basará en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales para seguir funcionando.
Luego de tres careos en los que quienes lo acusan de secuestro negaron conocerlo o que les haya pedido dinero para liberarlos, Arturo Campos manifestó que el gobierno criminaliza a la CRAC-PC, pues en su caso con pruebas fabricadas y contradictorias lo tienen preso.
“Con tres años y cinco meses he logrado junto con mis abogados y organizaciones sociales demostrar con pruebas contundentes que soy inocente en tres procesos. Delincuencia organizada, robo y secuestro”, relata en el documento.
Manifiesta que sólo está preso por secuestro y que no hay pruebas para que siga recluido.
El consejero indicó que se ha careado con más de 30 “supuestas víctimas”, de 43 que integran “supuestamente ese expediente”, y que nadie lo señala de secuestro ni lo menciona en el proceso.
“Ahora que hemos demostrado con pruebas que no cometí el delito de secuestro, no dudo ya están con sus mentes maquiavélicas tratando de fabricar más delitos en mi contra”, expuso.
Refirió que está claro que el “sistema corrupto” trata como criminales a los luchadores sociales, y que los verdaderos criminales están libres y paseándose, o que están como diputados o gobernadores y hasta como presidente de la República.
Puntualizó que los luchadores sociales estarán libres cuando el gobierno deje de criminalizar al Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria.
El jueves fue el tercer careo del consejero con uno de sus denunciantes, quien aseguró no conocerlo.
En una segunda carta el preso político hace referencia a la iniciativa de reforma que envió el gobernador al Congreso local.
Señaló en el escrito que esta iniciativa viola el artículo 2 del apartado A, fracción 3 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas, también la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas
“Si desaparece esta figura dentro de la carta magna del estado de Guerrero nosotros como pueblos indígenas nos sujetaríamos a la Constitución federal y los demás tratados internacionales para seguir funcionando como CRAC- PC”, advirtió.
Además dijo que es necesario porque ha sido y sigue siendo un Sistema de Seguridad y Procuración de Justicia con resultados al combate de la inseguridad, en los territorios indígenas y afromexicanos.