La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado (FGE), por violaciones a los derechos de ciudadanos de Apango, cabecera del municipio de Mártir de Cuilapan, durante la operación organizada por agentes ministeriales para detener al líder de esa cabecera municipal, Crisóforo Nava Barrios.
En el documento, la Codehum pide al fiscal, Javier Olea Peláez, que instruya a quién corresponda, inicie y determine el procedimiento de responsabilidad administrativa que en derecho correspondan en contra de Margarito García Márquez, Miriam Silvana Mendoza Bernal y Alejandro Alistac López, en su calidad de coordinador de grupo y agentes de la Policía Ministerial del estado.
Los agentes fueron encontrados responsables de haber incurrido en “vulneración de los derechos a la seguridad jurídica (detención arbitraria) a la legalidad (actos y omisiones contrarios a la legalidad y actos y omisiones contrarios a la inviolabilidad del domicilio) en integridad personal (lesiones)”, en perjuicio de Edith Sánchez Martínez, Crisóforo Nava Barrios y una menor de edad.
La recomendación emitida es la CODEHUM-VG/1/054/2016-III, que envió el presidente de este organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, a Javier Olea Peláez.
Se establece que los tres agraviados, vecinos de Apango, fueron sacados con violencia y golpeados en una operación para detener a Crisóforo Nava Barrios, uno de los líderes que mantienen bloqueado el edificio del Ayuntamiento en demanda de la revocación del mandato de la alcaldesa, Felícitas Muñiz Gómez.
El movimiento contra la alcaldesa la acusa de no transparentar el uso de los recursos públicos asignado a este municipio, nepotismo y corrupción, concretamente el desvío de 7 millones de pesos en el primer trimestre de su administración.
En su queja ante la Codehum, Crisóforo Nava Barrios señala que, como a las 2:30 de la madrugada del 10 de agosto de 2016 se encontraba descansando con sus hijos en su casa, cuando escucharon un fuerte golpe en la puerta principal, por lo que se levantaron para ver que ocurría. Dijo que al abrir la puerta de su recámara pudieron observar a varios hombres vestidos de negro y armados, que entraron a su recámara y uno de ellos aventó a Edith Sánchez Martínez contra la puerta, golpeándola en el brazo izquierdo. Mientras que a otra menor de edad la empujaron y cayó al piso, golpeándose la rodilla derecha.
Dijo que a él lo sacaron de su casa y que a su hijo, Jesús Nava Sánchez, lo agarraron de los cabellos y lo tiraron al piso mientras lo encañonaban, igual que a Edith Sánchez Martínez y a la menor de edad.
Nava Barrios, denunció que observó unas ocho camionetas de color blanco, de las cuales dos presentaban el logotipo de la Policía Ministerial.
Mientras tanto, Jesús Nava Sánchez declaró que se llevaron detenido a su padre, Crisóforo Nava Barrios, sin mostrar ninguna orden de aprehensión, actos que consideró violatorios de la legalidad y de sus derechos humanos. Nava Barrios presentó el escrito de queja y quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número de expediente, VG/1/054/2016-III.
En su investigación, la Codehum encontró como evidencias cuatro certificados médicos expedidos por el perito médico adscrito a la Comisión el 10 de agosto de 2016, quién examinó a Edith Sánchez Martínez y observó dolor intenso en el hombro izquierdo.
En cuanto a la menor de edad observó dos escoriaciones en la rodilla derecha. También recibieron los testimonios de Edith Nava Sánchez y Jesús Nava Sánchez.
Crisóforo Nava Barrios declaró que lo encañonaron, lo tiraron al piso, lo subieron a una patrulla y que, antes de llegar a Tixtla, cerca de la Colonia San Miguelito, lo bajaron de la camioneta y que una persona lo insultó y lo acusó de haber quemado la camioneta de la presidenta municipal, Felicitas Muñiz Gómez, y le tomó una foto con un teléfono celular.
Dijo que se lo llevaron a los separos de la Policía Ministerial del Estado, donde lo retuvieron hasta las 8 de la mañana, y de ahí lo trasladaron a la cárcel de Chilpancingo.