En medio de la violencia en Guerrero, las víctimas colaterales invisibilizadas y sin apoyo del gobierno son los desplazados. De acuerdo con registros periodísticos de noviembre de 2012 a la fecha suman 12 desplazamientos masivos de 984 familias y mil 711 personas, muchas sin registro en las dependencias gubernamentales y en las comisiones de Derechos Humanos.
Defensores de derechos humanos y víctimas consultadas denunciaron que el gobierno estatal viola la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que establece una atención integral a las víctimas y garantías de seguridad para quienes decidan retornar a sus comunidades.
El informe especial sobre desplazamiento forzado interno que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en el 2017 reconoce solamente siete “eventos” de desplazamientos masivos y mil 650 víctimas. Asimismo refiere que emitió cuatro medidas cautelares por desplazamiento forzado en el país, entre éstas está la de tres comunidades de Chilapa de las que se desplazaron 500 familias en junio del 2017.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) no existen datos completos ni precisos.
El organismo informó que actualmente existen familias refugiadas en Tepango y La Unión, municipio de Ayutla; en la cabecera municipal de Atoyac pero no precisó el número de familias desplazadas.
Sostuvo que el personal de esta institución “realiza visitas de manera permanente a los centros de resguardo para conocer sus necesidades y gestionar ante las autoridades competentes el cumplimiento de las mismas, como establece la Ley 487.
También se solicitó información a la Secretaría General de Gobierno, que atiende el problema de los desplazados mediante la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, pero no hubo respuesta.
El antecedente de desplazamiento masivo fue el de 37 familias de La Laguna, sierra de Coyuca de Catalán, que salieron en noviembre del 2012 de Puerto Las Ollas, después de que miembros de la delincuencia organizada ejecutaron a la líder Juventina Villa y a su hijo menor de edad.
Actualmente 11 familias están refugiadas en Tepango y 10 en La Unión, municipio de Ayutla, y 16 en La Tondonicua, sierra de Petatlán.
Las 21 familias refugiadas en las dos comunidades de Ayutla sobreviven sin servicios públicos, sin agua, sin tierras para sembrar, sin posibilidades de empleo, sin escuela cercana para los niños, y en el caso de Tepango, en casas improvisadas donde están hacinadas tres familias en una sola vivienda, como se publicó en El Sur el 13 de abril pasado.
Las otras 16 familias de la Tondonicua se quedaron sin seguridad el miércoles de la semana pasada, tras de que un grupo criminal atacó y asesinó en la sierra de Zihuatanejo a los seis policías estatales que les brindaban seguridad.
Las familias desplazadas denunciaron que militares y policías estatales fueron por los seis policías que habían reemplazado a los que fueron asesinados, con el argumento de que podrían ser atacados también.

El gobierno dispersó a desplazados de Santa María del Sur

En mayo del 2014, 200 personas de 50 familias de Santa María del Sur, municipio de San Miguel Totolapan, fueron desplazadas por la violencia provocada por las organizaciones criminales de Los Tequileros y La Familia Michoacana.
A casi cuatro años, consultado vía telefónica, Eduardo Macedo Jaimes, ex comisario de esa comunidad y quien encabezó a las familias, denunció que el gobierno estatal los estuvo engañando con la promesa de que los apoyaría con tierras para reubicarlos. En la capital estuvieron refugiados en el Instituto del Deporte, después en un salón de fiestas y finalmente en un hotel.
Macedo Jaimes dijo que finalmente el gobierno estatal ya no los apoyó y que, por el contrario, cuando llegó el gobierno de Héctor Astudillo los dividió “y ahora todos jalamos para muchas partes”.
Explicó que en 2017 en una reunión con el gobernador Astudillo, en vez de proponerles un lugar para reubicarlos, les ofreció dinero para sus pasajes y cada quien se fue para el lugar que mejor le convino.
A él, como dirigente la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Norma Elena Saéz Galicia, le ofreció una plaza de intendente en una escuela de Cruz Grande, “pero nomás me engañaron porque no me dieron la plaza y en la comunidad donde me mandaron me dieron un trabajo en un ayuntamiento donde gano mil 500 pesos a la quincena sin ninguna prestación social y laboral”, se quejó.
Informó que otros de sus compañeros se fueron a Cuernavaca, otros al Estado de México y algunos se regresaron a su comunidad en San Miguel Totolapan, sin las mínimas garantías de seguridad por el gobierno.
Anunció que por las precarias condiciones en que vive ahora es posible que también regrese a Santa María del Sur, “sé que regresar a mi pueblo implica un riesgo, pero ni modo”. En esa zona, sigue la disputa por el territorio entre Los Tequileros y La Familia Michoacana.
Otro de los desplazamientos masivos fue el de 43 familias de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, tras de que el 6 de enero de 2016 un grupo armado de Tlaltempanapa irrumpió y ejecutó a seis personas.
Las 43 familias se refugiaron en Zitlala, pero con engaños de funcionarios estatales y municipales de que serían apoyados regresaron a su comunidad el 12 de marzo.
En una visita el 5 de abril, Salomón Lara Tlatempa, vecino de la comunidad, informó que a dos años ya sólo viven 62 personas de 16 familias, de 295 que eran.
El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, organismo que da seguimiento al caso, informó que las otras 27 familias se dispersaron en distintos lugares del país, y tiene el dato de que siete familias se fueron de jornaleras a Sonora.
El Centro Morelos también registró el desplazamiento los días 6 y 7 de junio del 2017 de 530 familias de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, municipio de Chilapa.
Raymundo Díaz Taboada, director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), informó que durante la visita a esas comunidades por la Misión Civil de Observación el 19 de septiembre del año pasado, constató que la mayoría de las familias regresaron pero no por una cuestión voluntaria, ni de manera organizada y menos con garantías de seguridad del gobierno, sino en las mismas condiciones de riesgo que había cuando salieron.
La gente de esas comunidades había huido por la violencia entre los grupos de Los Ardillos y Los Rojos que se disputan la zona.
A su vez, el 8 de enero, 340 personas de 70 familias huyeron de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla.
El 27 de febrero, una comisión de representantes encabezada por Javier Reyna Delgado y Hermenegildo Rosales Hernández se reunió con el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete, a quien le pidieron que intervenga ante el gobierno estatal para que los apoye con la adquisición de un terreno para que construyan sus casas y sean reubicadas las familias.
Las 340 personas fueron desplazadas por la violencia y hasta el 27 de febrero seguían refugiadas en el DIF municipal de Apaxtla, sin el apoyo gubernamental para su reubicación a un lugar más digno y seguro, se quejaron.
El más reciente desplazamiento masivo fue el de 91 personas de las comunidades de Laguna de Huayanalco, San Bartolo y Gimotla, municipio de San Miguel Totolapan. El 11 de abril huyeron y llegaron a refugiarse a Atoyac, en la Ciudad de los Servicios, que es el área que ocupan las oficinas del gobierno municipal.
Hugo Rincón González dijo el 13 de abril que ve difícil que los desplazados retornen a su pueblo, ante la violencia provocada por el grupo criminal de Los Tequileros. “Vamos a esperar y algunos vamos a permanecer aquí, en el albergue, a nuestra tierra es muy difícil que regresemos”, declaró a El Sur ese día.
Lamentó que desde que llegaron no han tenido acercamiento del gobierno federal ni estatal, pero esperan contar con su apoyo.
El mayor número de desplazados es el de las comunidades de Pueblo Viejo, Puerto la Guitarra, Las Juntas, Las Tejas y Yerbasanta, municipio de Heliodoro Castillo, así como de Chicahuales, municipio de Chilpancingo, que comenzaron a salir en septiembre del año pasado por las irrupciones a esos pueblos en donde se disputan la zona los grupos criminales de Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, y Juan Castillo Jaimes, El Teniente.
Integrantes de un grupo de 60 personas de la comunidad de Pueblo Viejo y Puerto la Guitarra que se encuentran refugiados en Chichihualco, aseguraron que tienen datos de que de esos cinco pueblos de Heliodoro Castillo y uno de Chilpancingo, en los últimos siete meses salieron unas 2 mil 300 personas de 800 familias.
Rosalba, una de las desplazadas informó que la mayoría de las familias se encuentran refugiadas en Chilpancingo, Chichihualco, Petaquillas, Ocotito, Buena Vista de la Salud, Iguala y Cuernavaca, en donde no reciben ayuda ni protección de las autoridades.
Denunció que algunas familias aun en estos lugares siguen perseguidas por la violencia como ocurrió con Gabriela Maldonado García quien huyó de Izotepec, y quien fue ejecutada con su hija de 7 años el 17 de abril en El Tejocote, al sur de Chilpancingo.
De acuerdo con datos proporcionados por este grupo de las cinco comunidades de Heliodoro Castillo y la de Chilpancingo han salido 800 familias y mil 300 personas.
El 17 de abril, una vecina de Pueblo Viejo, declaró a El Sur, que “hay pueblos pequeños como Tiquimil en donde solamente se quedó una familia”, y que “en casi todos los pueblitos la gente se va saliendo”. Dijo que sólo se quedan las familias que simpatizan con uno de los dos grupos que controlan la zona.
Estas familias no se encuentran en los registros de ninguna instancia porque han preferido mantenerse en el anonimato y no han solicitado ayuda al gobierno por la desconfianza y el temor a que sean localizados. Rosalba, aseguró que algunos de los desplazados han sido perseguidos hasta aquí y que sus victimarios han sido hasta sus propios familiares que se quedaron en el pueblo.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares denunció que el gobierno del estado viola e incumple la Ley 487 para la Protección y Atención de los Desplazados en Guerrero, que entró en vigor en 2014, al no dar la ayuda elemental para la sobrevivencia de estos grupos desplazados por la violencia, y al no garantizarles la seguridad cuando retornan a sus comunidades como ocurrió con los desplazados de las tres comunidades de Chilapa y Quetzalcoatlán de las Palmas, de Zitlala, así como los de La Unión y Tepango de Ayutla, hasta donde han sido buscados para asesinarlos.

Ley 487

La Ley 487 dice en su artículo 51 que las autoridades deberán proporcionar los medios que faciliten el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su lugar de residencia habitual, o bien permitan su reasentamiento voluntario bajo estas mismas condiciones en otra parte del territorio estatal y su reintegración social de acuerdo con las previsiones contenidas en esta ley, en materia de protección, consolidación y estabilización socioeconómica.
En su artículo 52, menciona que las autoridades promoverán la plena participación de los desplazados internos en la planificación, gestión de su regreso, reasentamiento y reintegración.
En su artículo 54 dice que el Gobierno del Estado promoverá acciones y medidas de mediano y a largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas.
Para el director del Centro Morelos que da seguimiento a varios grupos de desplazados, ninguno de estos preceptos se cumple y que el gobierno estatal solamente ha proporcionado en algunos casos, despensas, láminas para techos, colchonetas y cobertores, pero que ha incumplido con la obligación que establece la citada ley a proporcionar vivienda, servicios públicos y proyectos productivos para garantizar empleos a los desplazados.

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