Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En sigilio y después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la destituyó del cargo el 14 de marzo ante las irregularidades cometidas en el caso del asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón, entrega la Fiscalía.
A pesar de que la funcionaria advirtió que haría valer su derecho de audiencia ante el Congreso local y que continuaría desempeñando su función constitucional, a partir del viernes ya no participó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y en su lugar estuvo el vicefiscal de investigación Gabriel Alejandro Hernández, quien, según los trabajadores de confianza de la dependencia que acudieron a laborar ayer, en los hechos es quien está desempeñando la función de encargado de despacho de la Fiscalía.
Refirieron que, en tanto, a Valdovinos Salmerón no la han visto desde el martes, tras la irrupción de los normalistas en el estacionamiento de la dependencia, y que sólo por sus superiores saben que está entregando su encargo “pero que no es cosa de uno o dos días”.
Desde afuera del edificio, ayer se pudo ver que continúan los vehículos incinerados en el estacionamiento, y el ambiente, adentro, se nota que es de desolación total.
Una fuente contó que los vehículos no pueden ser retirados hasta que se haga cargo el seguro y para ello tienen que terminar las indagatorias por parte del Ministerio Público.
De acuerdo con los trabajadores, las agencias del Ministerio Público, policías ministeriales y servicios periciales continúan trabajando de manera normal, puesto que las afectaciones fueron sólo en las oficinas administrativas del edificio central.

Denuncias por irregularidades administrativas y despidos injustificados

En medio de la crisis de violencia e inseguridad que se vive en el estado, en la Fiscalía no hay labores normales desde el martes pasado cuando estudiantes de la Normal de Ayotzinapa irrumpieron en el estacionamiento de la dependencia e incendiaron al menos 11 vehículos.
Derivado de ello, martes y miércoles la mayoría del personal no acudió a laborar “por la falta de condiciones de seguridad”, según informó el jueves en una asamblea la líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG) Adela Hernández Angelito.
En tanto que el miércoles, la directora General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la FGE, Doménica Fernández Juárez, envió la circular 011 en la que informó que la FGE determinó “por única ocasión” como días inhábiles el 14 y 15 de marzo, “atendiendo la situación de inseguridad que prevalece en esta ciudad y con el firme propósito de salvaguardar la integridad física del personal que labora en este Órgano de Procuración de Justicia”.
Ayer lunes la dependencia siguió sin labores debido al “puente largo” por el día de asueto del 21 de marzo.
En medio de esta parálisis en la FGE, el jueves la gobernadora Evelyn Salgado anunció que notificaría a la fiscal Valdovinos Salmerón su remoción y el proceso administrativo ante el Congreso local, debido a las irregularidades en el caso del asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Y mientras aseguraron que la fiscal Valdovinos entrega en sigilo la dependencia, comenzaron a ventilarse diversas denuncias en su contra por parte de los trabajadores.
Denunciaron que aprovechándose de la inactividad que hay, en los hechos desde el martes, y oficialmente a partir del jueves, los trabajadores cobrarían sus salarios de la primera quincena de marzo hasta este martes, y que igual están suspendidos sus bonos y viáticos.
Igualmente trabajadores de la dependencia denunciaron que durante el tiempo que estuvo Valdovinos Salmerón fueron despedidos “injustificadamente” unos 600, mismos que ahora se encuentran en la incertidumbre porque no han recibido su liquidación conforme a derecho.
Aseguraron que entre los despedidos hay policías, agentes del Ministerio Público, peritos y personal administrativo.
Algunos trabajadores tenían una antigüedad de 15 y hasta 30 años, según denunciaron, y que fueron cesados “para abrir plazas a militares con mayores salarios, pero sin experiencia”.
Denunciaron que tras los despidos, los trabajadores recibieron amenazas, acosos y hostigamiento para que no denunciaran, aunque algunos iniciaron juicios laborales en contra de la FGE y están en proceso.
Contaron que la fiscal, tras recibir la notificación de su separación del cargo se reunió “de manera privada” con su grupo “de operaciones especiales” y de las áreas administrativa y financiera, a quienes les pidió que se mantuvieran en sus cargos porque es posible que sean recontratados por los nuevos encargados de la dependencia, lo que ha provocado la inconformidad del personal basificado.
De acuerdo a la denuncia, la mayoría del personal que trajo la fiscal “cuentan con jugosos salarios” que van de los 150 a 180 mil pesos mensuales.
En tanto que trabajadoras de las agencias especializadas de Delitos Sexuales denunciaron en un documento interno que mientras estuvo al mando Valdovinos Salmerón, fueron permanentemente acosadas por sus superiores.
“Trabajamos sin suficiente material, el cual lo tenemos que comprar y los equipos de cómputo están deficientes y nunca contamos con el apoyo de ninguna autoridad”.