Redacción

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codehum) llamó a las autoridades municipales, estatales y federales a seguir trabajando en la construcción de la paz en Guerrero y los municipios, y recalcó que la participación de los Ayuntamientos es fundamental porque son la autoridad inmediata en las comunidades, luego de que nueve alcaldes de la Montaña baja y la región Centro anunciaron el sábado que se retiraban de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
En un comunicado publicado ayer afirmó que como institución garante de los derechos fundamentales, ha coadyuvado con los gobiernos estatal y municipales, los ha instado a construir y consolidar un entorno de paz, de armonía y de respeto de los derechos humanos de las personas de los pueblos originarios de la Montaña baja, con motivo de los recientes hechos de violencia, en referencia a los ataques del grupo delictivo de Los Ardillos contra comunidades nahuas ocurridos del 6 al 11 de mayo.
Dijo que el organismo ha fungido como observador en las acciones que los tres órdenes de gobierno han realizado para garantizar la seguridad en la zona, así como el restablecimiento de los servicios básicos e institucionales, para que la vida comunitaria vuelva a la normalidad, y que en dicho proceso la Mesa para la Construcción de la Paz “tiene un papel preponderante”.
Agregó que desde la óptica de los derechos humanos también es un espacio de diálogo institucional donde se generan las condiciones para vivir en armonía y con seguridad, y que la paz se construye con la participación de los municipios.

Preocupa al Centro Minerva Bello la salida de los alcaldes de la Mesa de Coordinación

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello manifestó su preocupación por la decisión de nueve alcaldes de la Montaña baja y la región Centro de abandonar las Mesas de Coordinación para la Construcción de Paz, y consideró que esta no puede ser una respuesta ante una realidad que exige mayores esfuerzos y compromisos colectivos.
En un comunicado difundido el sábado, la organización cuyo nombre honra a la fallecida madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y tiene como sede la capital del estado, llamó a reconsiderar la decisión y fortalecer los mecanismos de coordinación privilegiando el diálogo, la participación y el compromiso con las comunidades, “que esperan respuestas y acciones reales”.
“La violencia, el desplazamiento forzado, las amenazas y el dolor que viven miles de familias no distinguen colores partidistas ni intereses políticos. La paz exige corresponsabilidad y la responsabilidad pública implica permanecer presentes incluso cuando los resultados no son los esperados”, afirmó y añadió que “no se construye desde las ausencias; se construye desde la responsabilidad compartida y la permanencia junto al pueblo”.
Indicó que entiende su cansancio, frustración y la exigencia legítima de resultados eficaces frente a la crisis de violencia e inseguridad que enfrentan las comunidades, y que comparte la preocupación por la insuficiencia de respuestas institucionales y la urgencia de acciones concretas.
Sin embargo, expuso que las Mesas de Construcción de Paz son un instrumento para coordinar esfuerzos y construir rutas de atención con diversas autoridades y órdenes de gobierno frente a una crisis que afecta diariamente a los pueblos, y que debilitar estos espacios significa reducir las posibilidades de interlocución y dejar a las comunidades con menos herramientas para exigir soluciones.