La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, se manifestó a favor y consideró que una denuncia en contra de los magistrados que invalidaron el testimonio de una niña de 2 años y ocho meses abusada sexualmente, para liberar a su agresor, y la sentencia que resulte del Poder Judicial pueden ser un precedente para todos los servidores públicos, y una oportunidad para las autoridades de demostrar que están aplicando la ley.
El lunes el abogado de la niña, Pedro Ramírez Millán informó que denunciará a los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable por conducta delictuosa, Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Barrero y Alfonso Vélez, lo que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
En consulta telefónica ayer la dirigente feminista destacó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López Celis declaró que no va a encubrir a quienes hayan cometido irregularidades en el proceso.
Confió en que el caso prospere para acabar con la impunidad, “vemos que nadie se encuentra a salvo de la violencia, y los más vulnerables son los menores y los adultos mayores que no pueden expresarse ampliamente, y las autoridades tienen que ponderar sus derechos”.
Del Observatorio Ciudadano contra la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez consideró que el caso es otra muestra de cómo se aplica la justicia en Guerrero, cuando se trata de los derechos de las mujeres.
Indicó que casos emblemáticos como éste evidencian cómo los impartidores de justicia no están comprometidos con las mujeres, sean niñas o mujeres adultas.
Mencionó que en casos de abortos no provocados se han fabricados delitos, no hay sanciones ni responsables contra los agresores de las mujeres, menos en la violencia feminicida, “dicen que hay investigaciones, pero no hay detenidos ni información de los procesos”.
Con menos confianza, dijo que espera que el caso contra los magistrados proceda, para que las víctimas no tengan que recurrir a la denuncia pública para visibilizar sus casos y que sean atendidos. Indicó o que eso implica la revictimización de los agraviados.
Exigió que la Fiscalía y el TSJ apliquen los protocolos para la atención de la violencia de género, “ya basta de no creerle a las mujeres cuando denunciamos violencia, basta del tráfico de influencias que impera en Guerrero y que nos tiene a todas y a todos en un clima de impunidad”.