El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz declaró que esperan que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe legalmente para que José Ángel Casarrubias, El Mochomo, no salga de la cárcel, “porque ya es tiempo de que avancemos con pasos firmes hacia la verdad y que sean castigados los responsables”.
Declaró que El Mochomo, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, es un personaje esencial para avanzar en las investigaciones y que los padres esperan que sus declaraciones y la información que aporte finalmente esclarezcan dónde están los 43 estudiantes.
Recordó que sus otros hermanos Sidronio y Adán Zenen también están involucrados y detenidos, sin embargo no se sabe ni se ha avanzado nada en función de lo que pudieron haber declarado en relación con el paradero de los jóvenes.
Felipe de la Cruz declaró por teléfono después de que se conoció que una jueza había liberado a José Ángel Casarrubias, pero horas después se supo de su recaptura.
Informó que los padres coinciden con la declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia mañanera de ayer dijo que el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado y que no se puede apelar al derecho y hacer a un lado la justicia.
Añadió que por eso esperan que la FGR haga su trabajo y que impida que El Mochomo salga de la cárcel. Dijo que el hecho de que una jueza lo haya liberado (aunque fue recapturado antes de que saliera de la cárcel) son consecuencias “de lo mal hecho” por la anterior Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), en el periodo del anterior gobierno.
Explicó que tiene entendido que su detención es con base a una orden que se había expedido desde la anterior administración y por la que se ofreció un millón y medio de recompensa para quien ofreciera información de su paradero.
Declaró que ahora que ya está detenida la Fiscalía General de la República está recabando más elementos probatorios en su contra, de acuerdo a la información que les dieron.
En cuanto a los restos óseos que encontró la FGR y envió a la Universidad de Innsbruck para su identificación, informó que sabían de ello pero que no les informaron dónde los encontraron, “no dijeron el lugar exacto, sólo dijeron que fue en una zona de influencia de Iguala”.
Con respecto a las 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de municipios explicó que “queremos creer que son en contra de los mismos policías que fueron liberados y que tienen muchos que ver en el caso, y contra otros funcionarios de ayuntamientos que participaron como el de Cocula y Huitzuco “porque hay conocimiento por testimonio de los sobrevivientes de que participaron policías de esos municipios”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).