Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Defensores de derechos humanos celebraron que el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal sea un civil.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, José Filiberto Velázquez Florencio, declararon por separado que esperan que ello signifique un cambio en la estrategia en materia de seguridad en el estado.
Sin embargo, lamentaron que se haya dado ya para concluir la actual administración estatal.

“Todo el aparato de seguridad, controlado por el Ejército”: Barrera

Este miércoles se dio a conocer que el coronel de infantería del Ejército mexicano, Josué Barrón Sevilla fue separado del cargo y sustituido por el civil, experto en seguridad pública, inteligencia criminal y prevención del delito, Daniel Antonio Ledesma Osuma.
Barrera Hernández, opinó: “Es una oportunidad para tener una estrategia desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, porque hemos constatado por décadas y en este sexenio que la seguridad ha quedado circunscrita a los grupos de élite del Ejército y han tomado decisiones sin tomar en cuenta la opinión de la población”.
Dijo que hasta ahora los militares no han tomado en cuenta los diagnósticos en materia de inseguridad, sobre todo en los lugares donde la gente se siente insegura, hay muchos crímenes y están asentados los grupos de la delincuencia organizada.
Añadió que, sobre todo, no se establecen vínculos con la sociedad, con las víctimas y con los actores locales, que, al final, “son los que sufren las consecuencias del clima de violencia e inseguridad”.
Consultado por teléfono, Barrera Hernández indicó que con un civil al frente de la seguridad pública en el estado, se espera una perspectiva diferente de lo que es el modelo de seguridad.
Pero de inmediato reviró: “Aunque lo vemos difícil, será complicado hacer un trabajo sin la mirada militar de la seguridad porque tenemos una Guardia Nacional militarizada”.
Abundó, además, que todo el aparato de seguridad está controlado por el Ejército, “pero ojala se tomen en cuenta otras perspectivas porque se ha dejado de lado el sentir ciudadano, y, ante todo, se ha dejado de lado la contribución que pueden dar las autoridades comunitarias, las organizaciones sociales y los colectivos de víctimas que tienen también una perspectiva de cómo revertirse el problema de la violencia”.
Por ejemplo, criticó que en vez de establecer una coordinación con instituciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se le ha criminalizado, se ha actuado en contra de ellos y hay una tendencia a su desconocimiento y hacer de lado a sus policías comunitarios.
Por ello insistió que el nombramiento de un civil en Seguridad Pública es una oportunidad para ver si hay un replanteamiento.
“Ya estamos a cuatro años de esta administración y lamentablemente los resultados son adversos, cuántas muertes se pudieron haber evitado en este tramo de la administración, cuantos luchadores sociales, defensores, mujeres y estudiantes han perdido la vida en un estado que está sumergido en la violencia y en un caos de las instituciones de seguridad”.
Barrera Hernández declaró que en este “tramo” de la administración estatal se ha dejado crecer a los grupos de la delincuencia, mismos que “se han infiltrado tanto en los aparatos del Estado como en las mismas poblaciones donde están ocupando los vacíos de las instituciones civiles de seguridad”.
Insistió: “Esperamos que haya un cambio, aunque tememos que sigan las inercias y que el ciudadano siga siendo el que menos protección tenga”.
El director de Tlachinollan admitió que la reunión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch puede ser una señal de cambio en la estrategia de seguridad en el estado.
Pero agregó que, “en términos del trabajo operativo, sabemos que hay estructuras del Estado que son inamovibles, como la participación del Ejército en tareas de seguridad que desde la guerra sucia se quedaron como actores gubernamentales a pesar de que no abonaron para garantizar seguridad, mucho menos justicia, “por eso tenemos un gran déficit en el estado en materia de justicia”.
Añadió que también por ello sigue prevaleciendo el “sentido conspirativo” en las áreas de seguridad que se respira todavía en el estado, y a los actores civiles “nos catalogan como un peligro, un enemigo del régimen y se nos descalifica, no se reconoce la contribución y sigue la percepción del enemigo interno muy arraigada en los aparatos de seguridad”.
Opinó que para cambiar esa visión se requieren cambios más profundos, que el de un secretario de Seguridad con formación civil.
Pero insistió que se abriría un nuevo capítulo si hay una apertura hacia la sociedad, “pero si sigue circunscrita a los grupos de poder, a las instancias gubernamentales y no se establecen vínculos con la sociedad, sobre todo con quienes han luchado para que la seguridad tenga sello distintivo en la prevención a partir de la organización ciudadana, no tendrá mayor sentido”.

“Los militares obstaculizan la coordinación en seguridad”: Velázquez

Por su parte, el director del Centro Minerva Bello, Velázquez Florencio, dijo que el nombramiento de un civil en la Secretaría de Seguridad Pública “es una buena señal”.
Explicó que los cuerpos militares no cumplen con las leyes y normas, por el contrario, “obstaculizan la coordinación para la prevención del delito, que es una de las funciones principales de la seguridad pública”.
“Para nosotros se endereza un poco, lo malo es que se hace al final del sexenio, pero al final, la seguridad no se cuenta por sexenios sino en hechos concretos día a día”, admitió.
El defensor, declaró que se espera que el nuevo funcionario dé resultados mediante la coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.
Velázquez Florencio agregó que el cambio en Seguridad Pública, junto con los que hubo en la Coordinación de la Guardia Nacional y en la Octava Región Naval, así como la reunión de la gobernadora Evelyn Salgado con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, vislumbra una respuesta integral al problema de la violencia e inseguridad en la entidad.
El también sacerdote declaró, por otra parte, que acciones como el bloqueo a la Autopista del Sol y a la carretera federal México-Acapulco el miércoles por parte de pobladores del valle de El Ocotito y de la sierra del municipio de Chilpancingo, evidencia un doble rasero por parte de las autoridades, al no haber intervenido de inmediato para que no se afectara a terceros.
“No es lo mismo enfrentarse a un grupo de ciudadanos con causas justas, sin ningún otro interés o respaldo, que enfrenarse a un grupo de ciudadanos que de alguna manera están presionados por algún grupo”, dijo.