Campesinos de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, denunciaron que el Ayuntamiento que preside la alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez, los excluyó del programa de fertilizante para beneficiar a unos 40 vecinos que no son productores, y que hora están vendiendo a 160 y hasta a 200 pesos el bulto.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales, Melquiades García Ríos informó además que las autoridades municipales “rasuraron” el padrón. Explicó que, en esa comunidad el padrón era de más de 100 productores, pero que este año bajó a 49.
Por separado, productores de Apango, la cabecera municipal, denunciaron que también en esa población fueron excluidos del padrón 120 productores.
Vía telefónica, el representante de los comuneros de San Juan Totolcintla, García Ríos informó que ha enviado dos oficios a la presidenta municipal, el primero el 31 de mayo, y el segundo el 24 de julio, pero que ni siquiera se los ha contestado.
Mientras tanto, acusó que a 40 habitantes de ese pueblo, sin solicitud de por medio, la presidenta municipal les repartió fertilizante a pesar de que no están en el padrón, y de que algunos son maestros y otros empleados de dependencias federales y estatales.
García Ríos denunció que el padrón también fue “rasurado” por la presidenta municipal, y que de más de 100 productores este año se redujo a 49 empadronados.
Informó que para la segunda etapa de fertilización de sus cultivos, que comenzará la próxima semana, han estado solicitando 35 paquetes, pero que la edil, que es del partido Movimiento Ciudadano, no les ha dado respuesta.
“Lo que más nos da tristeza y coraje es que el fertilizante que le dio a esa gente, lo están vendiendo. Hemos visto que vienen de Tula del Río (una comunidad vecina) a comprar a San Juan Totolcintla, en 160 y hasta en 200 pesos el bulto de abono”, denunció.
García Ríos reconoció que algunos de los 40 vecinos que benefició la alcaldesa, sí están ocupando el fertilizante porque sembraron “sólo para elotes”, para el autoconsumo, pero que la mayoría de los beneficiados no sembró, porque son maestros o empleados de dependencias federales o estatales, “y eso no se vale”, dijo García Ríos.
Pidió que la presidenta Muñiz Gómez le conteste aunque sea negativamente, pero por escrito, “para decirle yo a la gente que estoy representando que ni modo, que vamos a tener pérdidas por todo el trabajo que hemos invertido en el campo, porque sin fertilizante no se va a dar la milpa”.
Informó que cuando ha ido con el director de desarrollo rural, Fernando Álvarez Ojeda le dice que ya se cerró el programa, “y me manda con el regidor, Gines Ocampo Rosales, y éste me manda con la presidenta municipal, pero ella otra vez me dice que quien se encarga del programa es el director de Desarrollo Rural”.
El dirigente de los comuneros de San Juan Totolcintla, pidió la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), Juan José Castro Justo, porque los productores que ha excluido la presidenta municipal del programa del fertilizante, compraron el fertilizante desde el año pasado.
García Ríos aseguró que en su caso el año pasado compró más de 3 toneladas, “y eso no se vale porque se supone que el abono es gratuito, según ha dicho el gobernador”.
Dijo que con estas acciones del gobierno municipal están obligando a los campesinos a que abandonen la tierra y que se vayan como jornaleros agrícolas a los campos de Michoacán o Jalisco, “allá donde pierden la vida nuestros hermanos. Eso nos da tristeza y coraje”, insistió.
El dirigente campesino denunció que en el municipio de Mártir de Cuilapan, quien asume el control del fertilizante es directamente la presidenta municipal, porque ni siquiera al regidor Ocampo Rosales lo dejan que meta las manos, “ahorita quien distribuye es directamente la presidenta municipal”, aseguró.
Aseguró que, en el caso de San Juan Totolcintla, los 40 a los que benefició la alcaldesa son gente que la apoyó y votó por ella en las elecciones, mientras que el resto de los campesinos tienen que comprar en 250 pesos el bulto de sulfato de amonio y en 400 el de granulado.
Recordó que, de acuerdo con la normatividad del programa los productores, tienen derecho a recibir el fertilizante para 2 hectáreas, es decir, 12 bultos. Explicó que por cada hectárea son cinco bultos de sulfato de amonio y uno de granulado.
Por separado, campesinos de Apango denunciaron que en esa población el Ayuntamiento excluyó a 120 productores, sin explicación alguna, pero que suponen que son los campesinos que disienten de su administración.
García Ríos, dijo que por eso el llamado es a que intervengan directamente el gobernador Astudillo Flores y el titular de la Sagadegro Castro Justo, para que atiendan a los campesinos que de verdad necesitan el fertilizante, “si no como vamos a mantener a nuestras familias, porque nosotros sembramos para el autoconsumo”, explicó el dirigente comunal.