Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

Integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña exigieron al gobierno estatal la instalación de la Comisión Intersecretarial para atender y garantizar la protección de los derechos de las personas jornaleras, porque siguen padeciendo abusos y extorsiones en sus trayectos y en los campos.
También pidieron que a través de esa Comisión se busque brindar talleres de capacitación para que los jornaleros conozcan sus derechos laborales.
En conferencia de prensa en la Unidad de Servicios Integrales (USI), los consejeros provenientes de las comunidades de Ayotzinapa y Chiepetepec, municipio de Tlapa; Cacahuatepec de Copanatoyac y Francisco I. Madero de Metlatónoc, acompañados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expusieron las violaciones a los derechos humanos que enfrentan cuando salen a trabajar.
En su intervención el coordinador del Área de Migrantes de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes informó que han documentado muertes infantiles, muertes maternas, accidentes que cobran vidas, y el año pasado registraron siete homicidios en las zonas complicadas donde opera el crimen organizado.
Resaltó que de enero a la fecha han documentado tres muertes infantiles, principalmente en la zona agrícolas del sur de Mazatlán, Sinaloa de familias provenientes de Tlapa.
En su intervención la jornalera Rocío Ramírez Domínguez dijo que los migrantes son los que más sufren en los campos de Guanajuato, Sinaloa y Nayarit y reprochó que las autoridades no hacen nada para garantizar sus derechos.
Contó que en los campos “hemos sufrido discriminación, maltrato, insultos, porque somos indígenas, somos migrantes, no tenemos la información y no sabemos leer ni escribir”.
Insistió que eso sucede porque las autoridades “no hacen su trabajo, no voltean a ver a los migrantes, porque ellos se preocupan más por su beneficio personal”, pero se molestan cuando se les exige que hagan su trabajo.
Destacó que las mujeres “sufrimos mucho en los campos, trabajamos triple que los hombres, hacemos la comida, lavamos, bañamos a los niños, hemos ido a trabajar al igual que los hombres”.
Roció comentó que no hay una dependencia que proteja a las mujeres, “para las jornaleras agrícolas no hay programas de vivienda digna, centros de salud, a los niños los tenemos que llevar a trabajar, no tienen acceso a la educación”.
Exigió a las autoridades que volteen a mirarlos, porque son necesarios “somos importantes porque gracias a nosotros no les hace falta la comida a los gringos y a nadie de nuestro país”, pero por trabajar les violentan sus derechos laborales y padecen discriminación.
También pidió a las autoridades que realicen las inspecciones en los campos para que los derechos de los jornaleros se respeten.
Otra jornalera, Hermelinda Santiago Ríos, denunció que durante el trayecto sufren abusos por parte de los policías “por cualquier cosa nos marcan el alto y nos quitan lo que ganamos”, al multarlos.
En su participación, el presidente del Consejo, Miguel Martínez Peralta reprochó el abandono del gobierno estatal, explicó que en esta administración no han recibido nada de apoyo y siguen esperando que les digan qué pasa.
Recordó que con Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Rivero les surtían la despensa e incluso pagaban el salario de tres personas para el comedor, pero dijo que con Héctor Astudillo Flores empezaron los recortes, y con esta administración morenista de Evelyn Salgado Pineda, “nos tienen en total abandono, no hay nada de despensa en la cocina, dicen que no hay presupuesto”.
Pero criticó que para los festejos del cumpleaños del padre de la gobernadora Félix Salgado Macedono si tiene presupuesto, “hasta tres fiestas celebró en Acapulco, Iguala y Chilpancingo”.
La jornalera Martina Ramírez Dominguez de Ayotzinapa, dijo que en los campos los derechos más fundamentales son violados e indicó que hay diferentes necesidades en la región en materia de salud pero “en los campos es al doble o triple, porque no hay servicio médico”.
Resaltó que sufren no sólo abuso laboral, las mujeres sufren de acoso sexual, “hay niñas que han sido abusadas en los campos; se dan ahí los matrimonios infantiles, cuando las niñas regresan a sus comunidades es para oficializar su unión”.
Dijo que sus derechos son vulnerados por “miedo y desconocimiento” pues no pueden exigir que se respeten, porque si hablas te corren en los campos, por ello consideró necesario la implementación de proyectos para que los jornaleros se capaciten sobre sus derechos laborales, para que sepan a dónde acudir.
Rodríguez Reyes agregó que es visible la ausencia de las autoridades ante una gran problemática “que no se quiere ver, que ha existido por varias décadas en la población jornalera agrícola migrante. Por eso la importancia y la urgencia de que se instale la Comisión Intersecretarial, que se formó en 2011 para garantizar la protección de los derechos de los jornaleros agrícolas”.
Precisó que son 10 secretarías estatales las que integran esa Comisión y a pesar de que la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai) ha mostrado interés, las otras no han respondido.