Redacción

El Consejo Directivo del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, que cumplan puntualmente el Artículo Primero de la Constitución que mandata garantizar los derechos humanos, además de cumplir sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos.
Asimismo, “ante la omisión y aquiescencia del gobierno federal, estatal y municipal ante el accionar de los grupos narcoparamilitares en comunidades de Chilapa” y la crisis humanitaria tolerada por las instituciones, demandó aplicar las normas internacionales y nacionales en materia de desplazamiento interno para salvaguardar a las personas vulnerables, y cumplir las demandas de los habitantes de Xicotlán, Tula, Acahuehuetlán y Alcozacán planteadas en la Misión Civil de Observación.

Advierten de una estrategia política y militar diseñada para inmovilizar a la sociedad civil y facilitar el despojo territorial

En un pronunciamiento publicado ayer, la organización con sede en dicho municipio señaló que desde su creación en 1997 promueve y defiende los derechos humanos en la Montaña baja, y ha sido testigo de la aplicación de una estrategia de contrainsurgencia y de una nueva forma de acumulación de capital en el estado, que el desplazamiento forzado no es simplemente una consecuencia de la violencia delictiva, el exterminio y despoblación de las comunidades ancestrales, sino una estrategia política y militar diseñada para inmovilizar a la sociedad civil y facilitar el despojo territorial donde el terror se convierte en una herramienta política, y que nunca debe olvidarse que el capital criminal y el Estado no son entidades aisladas.
“La corrupción y la cooptación donde los grupos delictivos establecen acuerdos paralegales, compran militares, jueces, fiscales, policías, gobernadores, presidentes municipales y financian campañas políticas para asegurar protección institucional, impunidad y territorios para operar y, en retribución fungen como el brazo ejecutor del Estado, exterminando opositores políticos, defensores del medio ambiente, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, madres buscadoras y, mediante el terror inhiben la organización popular para imponer los proyectos extractivistas”, expuso como las dinámicas de dicha relación.
“Recordemos que después de la derrota armada de las organizaciones político-militares (ACNR, PDLP, EPR, ERPI entre otras), el Ejército no regresó a sus cuarteles sino que se dedicó a repartir semilla de amapola y mariguana en la Sierra y la Montaña, asesorando y buscando compradores, simulando que apoyaban a la población más vulnerable, ahí inicia una nueva estrategia de la guerra de contrainsurgencia, con incipientes grupos de productores de amapola y mariguana que posteriormente se transformaron en los grupos delincuenciales hoy conocidos”, añadió.
Sostuvo que cuando el descontento social empuja a los pueblos a organizarse para defender sus bosques y sus recursos minerales, exigiendo cumplimiento de sus derechos humanos, ante el descrédito del Ejercito por su participación activa en la guerra sucia y las dificultades para imponer la nueva forma de acumulación del capital y la conservación del poder político, se promueve la creación de grupos de narcoparamilitares para enfrentar en conjunto con el Ejército y la policía la resistencia al despojo y saqueo.
“Ningún hecho de violencia y sus secuelas son aislados y han dejado miles de personas asesinadas, desaparecidas y familias desplazadas, todas víctimas de la aquiescencia y participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, afirmó.
Enlistó distintos hechos, desde la Reforma al Artículo 27 que abrió al mercado tierras y recursos naturales de los pueblos originarios y los ejidos, la masacre de Aguas Blancas, el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario, la masacre de El Charco, la formación de Los Ardillos que tomaron la cabecera municipal en 2015 bajo la justificación de combatir a Los Rojos, dejando unos 30 desaparecidos, en un clima de alta tensión electoral por el asesinato del candidato a la alcaldía Ulises Fabián Quiroz.
“Después de retirarse de Chilapa (mayo 2015), el grupo de civiles armados se constituyeron en la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, con presencia en diversas comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero para blindar los nuevos territorios conquistados que ahora abarca los municipios de Zitlala, Ahuacuotzingo, Tixtla, Atlixtac y otros más”, agregó, así como la formación de la policía comunitaria en Rincón de Chautla en respuesta a la violencia, y de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores cuyas comunidades han sufrido múltiples ataques.
También recordó que en 2019 integrantes del Centro Morelos fueron agredidos física y sexualmente en Chichihualco por policías estatales entre los que iban sicarios del grupo de Los Tlacos, y al siguiente año miembros de la organización se vieron obligados a salir desplazados ante las agresiones y amenazas de un grupo narcoparamilitar, sin que hasta la fecha se hayan creado condiciones para su regreso, así como el ataque de Los Ardillos del 6 al 11 de mayo contra las comunidades Acahuehuetlán, Xicotlán, Tula y Alcozacán que dejó seis muertos, seis heridos incluyendo a dos bebés, desaparecidos y cientos de desplazados.