Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Comisarios municipales de localidades de Chilapa y dirigentes del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), reclamaron ayer en conferencia de prensa, justicia para sus compañeros asesinados y desaparecidos, la mayoría de San Jerónimo Palantla, de los que responsabilizaron al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Exigieron a las autoridades justicia para al menos ocho asesinatos cometidos a partir del 2015, entre estos, cinco cometidos el 8 de febrero de ese año. También, la investigación y localización del desaparecido José Abundio Bolaños Calvario, ocurrido en mayo del 2022.
Otro de los casos que denunciaron fue el del ex comisario y dirigente de San Jerónimo Palantla, Constantino Calvario Merino, quien ha sufrido seis atentados, el más reciente ocurrido en septiembre del año pasado, cuando recibió más de 10 impactos de armas de diferentes calibres en el cuerpo, lesiones de las que apenas se está recuperando.
Las autoridades comunitarias y dirigentes del FPFV demandaron, asimismo, que no se cancelen las 64 órdenes de aprehensión que hay en contra de integrantes del Cipog-EZ y de la CRAC-PF, que, insistieron, son los que los han venido agrediendo por negarse a pertenecer a esas agrupaciones.
Demandaron, además, una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para solicitarle su intervención para que se haga justicia a sus víctimas.
La conferencia de prensa se realizó en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y estuvo encabezada por los dirigentes del FPFV Clemencia Guevara Tejedor, Rodolfo Colorado Ahuixteco, Constantino Calvario Merino y Nolberta de la Cruz Terrero.
Asistieron los comisarios municipales del Crucero de Tlalcomulco, Eusebia Tepetate Tlalxinque; de San Jerónimo Palantla, Sabino Calvario Martínez; de Cantera Rosa, Jerónimo de Jesús Rosas; de Ahuehujtic, Isidro Salazar Ángel; el de Zintitlán, Abad Nicolás Nazario Marcos; el Comisariado Ejidal de Lamazintla, Norberto Jimón Sanjuan, y el presidente de la colonia del Frente de Defensa Popular de Chilapa, Valerio Castro Villalba.
En la conferencia dieron lectura a un pronunciamiento enviado al Congreso Nacional Indígena (CNI), al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a las organizaciones sociales e indígenas, en el que expresan su “profunda preocupación por la situación que viven nuestras comunidades”.
Indican que, desde su perspectiva, la presencia y las acciones de grupos como la CRAC-PF y el Cipog-EZ, “ha contribuido a generar violencia, confrontación y división entre las comunidades”.
Señalan concretamente a los dirigentes de esas agrupaciones Jesús Plácido Galindo, (detenido el 17 de julio pasado), David Sánchez Luna, Prisco Morales Rodríguez, Sixto Mendoza Limpia y Benjamín Sánchez Hernández, “a quienes responsabilizamos jurídicamente y políticamente de haber contribuido al deterioro de la convivencia y la paz comunitaria de la región”.
Señalan que antes de que esas agrupaciones llegaran en el 2013 “convivíamos en paz, en familia y como pue-blos, conservando nuestros usos y costumbres y buscando resolver nuestras diferencias mediante el diálogo y los acuerdos comunitarios”.
Y desde entonces sus comuni-dades han sufrido asesinatos, desa-pariciones, desplazamiento forzado, amenazas, la quema de carros, casas, el saqueo de sus pertenecías, “y una profunda división del tejido social.
Entre sus víctimas contaron los cinco asesinados el 8 de febrero del 2015. Así como el de Apolonia Rendón Cuamachalco, ocurrido el 15 de abril de ese mismo año; el de Salvadora Chávez Rendón, el 11 de julio del 2019.
Además, recordaron la desaparición de José Abundio Bolaños Calvario, el 29 de mayo del 2022.
Otro de los casos que denunciaron es el del ex comisario municipal y líder de la localidad de San Jerónimo Palantla, Constantino Calvario Merino, quien desde 2015 ha sufrido seis atentados, el más reciente en septiembre pasado, cuando recibió al menos 10 impactos de bala, lesiones de las que apenas se está recuperando.
En su escrito señalan que estos hechos “mantienen en incertidum-bre a numerosas familias y algunas han abandonado sus pueblos por miedo de ser asesinados”.
Los dirigentes de la agrupación y las autoridades comunitarias manifestaron que “la Montaña, no necesita más confrontación, ni división; necesitamos justicia, paz, seguridad y respeto a sus comunidades”.
También advirtieron que no aceptan “que quienes levantan la voz para defender a sus comuni-dades sean amenazados o perse-guidos. Los comisarios tienen de-recho a expresar sus preocupaciones y a participar en la búsqueda de soluciones para sus pueblos sin poner en riesgo su vida o su integridad”.
Al final, exigieron que las autoridades garanticen la seguridad de los comisarios y que se investiguen “de manera seria, imparcial y exhaustiva los hechos de violencia ocurridos en la Montaña baja”.
Guevara Tejedor, declaró que ven con preocupación la postura que han asumido organizaciones sociales y organismos de derechos humanos como Tlachinollan que están deslindado al ahora detenido Jesús Plácido Galindo de la violencia en las comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.