El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que agote la línea de investigación que señala a policías municipales de Huitzuco y a dos policías federales en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Participó en el foro sobre desapariciones forzadas que organizó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, donde mencionó que de 57 observaciones y recomendaciones que hizo a la PGR y a otras autoridades, sólo ocho han sido atendidas en su totalidad.
Señaló que las de los policías “es una línea importantísima que se debe de agotar exhaustivamente y se tiene que dar respuesta”.
En el panel del foro Contra el dolor y el miedo, un grito de esperanza, indicó que la CNDH formuló 57 observaciones y propuestas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a la Fiscalía General del Estado y al municipio de Iguala, al 22 de septiembre de 2017 sólo ocho habían sido totalmente atendidas, 33 están con estatus de en atención y 16 no atendidas.
En el informe del 14 de abril de 2016 reportó indicios de la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en la desaparición de normalistas en el puente El Chicote, del que plantearon 17 observaciones y propuestas que fueron aceptadas por la autoridad ministerial.
En consulta se le mencionó que no hay detenciones de policía federales ni municipales de Huitzuco por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, y dijo que las recomendaciones fueron dirigidas mayormente a la PGR, y la CNDH sigue exigiendo que se agote esa línea de investigación.
“La CNDH se comprometió con las víctimas y con los familiares de los normalistas a contribuir en la búsqueda de la verdad, a lograr que los derechos de las víctimas sean reparados, a que los responsables sean sancionados y a exigir que se garantice la no repetición de hechos”, dijo ante los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
“Por ello la investigación sobre el Caso Iguala es un expediente abierto y, en su oportunidad se emitirá el pronunciamiento definitivo atinente al fondo del caso”, agregó.
Reveló que entre 2011 y febrero de 2015, la agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Desaparición Forzada de Personas inició 18 averiguaciones previas por desaparición forzada en Guerrero, de las cuales 11 continúan en trámite y en 4 se determinó el no ejercicio de la acción penal.
Acapulco es el municipio con mayor cantidad de fosas clandestinas en el estado, con un total de 56, le sigue Taxco con 32, Chilapa con 17 y Chilpancingo con 16, informó.
Del proceso electoral opinó que Guerrero es un estado muy lacerado por las violaciones a los derechos humanos, y antes de las elecciones debe de prevalecer el respeto a los familiares de desaparecidos.
De la investigación del ataque en el penal de Las Cruces en Acapulco con 28 internos masacrados donde se implica a funcionarios públicos, aclaró que no puede hacer comentarios hasta la conclusión del expediente, pero recordó que en la calificación de los penales en el país, los de Guerrero tuvieron una calificación de 5.

Nadie puede sustituir lal Estado

De la petición de familiares de desaparecidos del grupo Siempre Vivos de Chilapa, para que los defensores de derechos humanos los apoyen en la demanda de desarme del grupo Paz y Justicia que tiene bajo control algunas comunidades de Chilapa y Zitlala, y que en una irrupción en la primera cabecera municipal se llevó a decenas de personas que se encuentran desaparecidas, señaló que nadie puede sustituir las funciones del Estado.
Recordó que la CNDH elaboró informes para Guerrero y Michoacán y planteó que “nunca se puede sustituir la función para garantizar seguridad e impartir justicia, que está a cargo del Estado”.
Añadió que las instituciones “no puede renunciar a la función que les es propia, de brindarnos seguridad a todos”.
Señaló que les preocupa el caso de Chilapa, por ello solicitaron medidas cautelares, y enfatizó que debe de haber colaboración de autoridades federales y estatales. Consideró que en el estado sí hay atención especial de la federación, pero que debe de ser consistente.