Redacción

El colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado, acompañado por 39 organizaciones de una docena de estados exigió garantías de seguridad e integridad física permanentes en Chilapa, para “detener las incursiones armadas y el hostigamiento criminal de manera definitiva”, así como atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad, ante la crisis humanitaria por desplazamiento forzado.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de la delincuencia organizada. Hechos que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña Baja”, señaló, en referencia a los ataques del grupo delictivo de Los Ardillos contra comunidades nahuas ocurridos del 6 al 11 de mayo, que causaron la salida de más de mil pobladores, tres muertos, seis heridos y 15 desaparecidos.
En un pronunciamiento, expuso que el uso de armamento de alta capacidad de fuego y drones con artefactos explosivos evidencia una escalada de violencia en la zona que vulnera la vida comunitaria de los pueblos originarios y profundiza un contexto de violencia; que no es la primera vez que ocurre desplazamiento forzado, ataques armados y despojo territorial sin que exista una sola estrategia integral y sostenida para la pacificación mediante reconstrucción del tejido social, prevención de las violencias y condiciones reales de seguridad.
Añadió que la respuesta oficial con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal ha sido insuficiente, se ha limitado a despliegues que no atienden las causas estructurales ni garantizan soluciones duraderas, que eventualmente los uniformados se retiran, pero permanece el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas.
También criticó que no existen planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición, y predominan acciones tardías, asistencialistas y fragmentadas que no permiten recuperar los proyectos de vida ni restablecer condiciones básicas de dignidad y seguridad.
Demandó a los tres órdenes de gobierno atención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de denuncia penal, una mesa de trabajo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Gobernación, un protocolo especializado en salud mental y apoyo psicosocial para resarcir el daño acumulado, y criterios de evaluación y registro confidencial para un retorno seguro.
Sostuvo que las organizaciones seguirán señalando la falta en que incurre el Estado Mexicano al no promulgar una Ley general contra el Desplazamiento Forzado Interno en México, que lo tipifique como delito, conforme un registro nacional de personas desplazadas internas y establezca las competencias institucionales para la prevención, atención y restitución de derechos violentados.
“El desplazamiento forzado interno es una grave violación a los derechos humanos que lleva lustros desarrollándose: el poder destructivo que hoy describimos en Guerrero ha azotado a comunidades campesinas de Michoacán al menos desde enero de 2021, y desde allí se han implementado estas tecnologías de guerra en otras entidades”, enfatizó y que “el Estado no puede continuar soslayando esta realidad sin poner en riesgo la gobernabilidad territorial, la vigencia del Estado de Derecho y con ello, la soberanía nacional”.
Recordó que la población se vio obligada a abandonar sus casas que han sufrido saqueos, destrucción, que el patrimonio de las familias se ha perdido por completo, incluyendo las cosechas, las reservas de granos básicos y animales de corral o ganado.
Agregó que el desplazamiento forzado genera un daño cultural y un etnocidio silencioso junto a su patrimonio biocultural ancestral, que esta pérdida de bienes e infraestructura no representa un simple daño colateral, sino un despojo intencionado, sistemático de los medios de vida de las comunidades porque anula cualquier posibilidad de autosuficiencia alimentaria y las hunde en una incertidumbre desde el primer día del éxodo.
Firman el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Servicios y Asesoría para la Paz, la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Foro para el Desarrollo Sustentable, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, así como asociaciones de desplazados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Michoacán, Quintana Roo, así como de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala.