Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña exigieron al delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Lenin Carbajal Cabrera, que se retracte de los señalamientos de desvío de recursos contra ellos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Carbajal Cabrera dijo este lunes que Tlachinollan y el Consejo no han permitido depurar el listado de las 16 mil familias del padrón, que la Auditoría Superior de la Federación revisará las listas desde el 2013 del reparto del dinero, que hay funcionarios públicos en la lista y les molesta que se verifique, además de que el dinero es manejado por Tlachinollan y su director Abel Barrera.
El integrante del consejo, Abel Bruno Arriaga dijo que las declaraciones son infundadas y el funcionario las hace para desprestigiar a la organización, pues han permitido la depuración de la lista de beneficiarios, tanto que en las últimas entregas de maíz han aceptado llenar unas tarjetas que la Cdi les ha dado para comprobar el apoyo, y eso lo firma el beneficiario y lo sella el comisario.
Dijo que es falso que se molestan cuando los trabajadores de la Cdi u otra institución acuden a las entregas del maíz, incluso habían dicho que el gobernador Héctor Astudillo Flores iría a dar el banderazo a una de las entregas pero no llegó.
Agregó que Carbajal Cabrera pretende difamar a la organización pues desconoce la región, además no es indígena y no llegó al puesto por una consulta, y si no se retracta de su declaración irán a Chilpancingo a plantarse en su oficina para exigir su renuncia y se someta a consulta quién ocupará su lugar.
Abel Bruno Arriaga expuso que no puede haber desvío de recursos porque no manejan el dinero, lo hace la Cdi que adquiere los granos y se reparten mediante Diconsa a las comunidades.
Pidió al gobierno que investigue a los funcionarios públicos y a sus empresas que defraudaron a las comunidades indígenas con los millones de pesos que recibieron para la “reconstrucción”, ya que a cuatro años algunas familias viven en refugios improvisados, con parcelas derruidas, puentes caídos, hospitales, clínicas y escuelas inconclusas, como en los municipios de Tlacoapa, Acatepec, Metlatonoc, Malinaltepec, Cochoapa el Grande y San Luis Acatlán.
Remarcó que el reclamo de la Cdi debe centrarse en las empresas defraudadoras y contra los funcionarios cómplices y no contra las familias indígenas que sólo exigen su derecho a la alimentación.
Aparte, Tlachinollan envío un comunicado al Consejo en el que recordó el proceso organizativo desde 2013 cuando se reunieron en la comunidad de La Ciénega del municipio de Malinaltepec, para hacer el recuento de las afectaciones de la tormenta Manuel y de la falta de atención del gobierno del estado.
Menciona que son 16 mil familias las afectadas, de 200 comunidades de 15 municipios que hablan tu’un savi, me’phaa y nahua.
Lamenta que a las familias pobres de La Montaña se les quiera auditar y se les haga ver como defraudadores que manejan datos falsos, y que están obteniendo beneficios millonarios de un programa de granos básicos, “cuyos recursos los administra y opera la misma Cdi a través de Diconsa”.
Repudia “la acción dolosa y tramposa del delegado de la Cdi que en lugar de apoyar las demandas indígenas se dedica a denostarnos y darnos un trato indigno y discriminatorio”.
En otro comunicado expone, “cabe recordar que en septiembre de 2013 las tormentas derivaron en decenas de muertos e indígenas afectados, muchos de los cuales tuvieron que desplazarse de manera forzada ante la omisión de las autoridades estatales y federales de generar acciones efectivas para garantizar su derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y a la alimentación”.
“Mientras Tlachinollan se reúne con la canciller de Alemania Ángela Merkel, quien reconoce y valora su trabajo, las autoridades de México usan las calumnias y la difamación contra las y los defensores que son incómodos al poder, pues visibilizan las omisiones del Estado y defienden los derechos humanos de quienes menos tienen”, dice.