Lourdes Chávez

Chilpancingo

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria de la defensora nahua Xóchitl Ramírez Velasco de Tlamacazapa en el municipio de Taxco ocurrida el 3 de mayo pasado en Morelos debido a un presunto secuestro en 2019, y exigieron garantías para su salud mientras se desahoga el proceso, porque en el penal podrían dejarla morir sin medicamentos para su cuadro de epilepsia.
Vía telefónica, la feminista María Luisa Garfias Marín informó que la activista detenida tiene 18 años en labores de defensa de derechos humanos, y las convulsiones le regresaron debido a que fue golpeada por reclusas en el penal de Atlacholoaya, Morelos.
La defensora Silvia Castillo expuso que tiene informes de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de que desde su detención, Xóchitl ha sufrido cuatro crisis que ocurren cuando no toma sus medicamentos ni tiene una dieta adecuada para evitar la inflamación del cerebro, que es lo que ocasionan las convulsiones.
El médico que la atendió después del primer ataque le dijo que controlara su estrés “o ahí se iba a morir”, porque no iba a conseguir con esta enfermedad que la llevaran a un hospital, denunció.

Una defensora de mujeres
indígenas

María Luisa Garfias Marín dijo que Xóchitl es la representante de Atzin, una asociación civil de asistencia social para mujeres, niñas y adolescentes de su comunidad, reconocida por muchas organizaciones de Guerrero por su trabajo de base.
Agregó que en distintos momentos, su activismo le generó amenazas, le poncharon las llantas, entre otros atentados contra su vida.
Aunque la sede de la oficina se encuentra en Morelos, precisó que en Tlamacazapa, Atzin tiene una Casa de la Mujer Indígena, promotoras de la salud, parteras y un centro de atención a niñas y niños de la población.
Como representante legal de la Asociación Civil, Xóchitl viaja constantemente a Guerrero y en la sede de Morelos realiza las gestiones de manera abierta.
Cuando la detuvieron, dijo que le preguntaron si era defensora de derechos humanos, y cuando respondió que sí, se la llevaron sin mediar explicación, con una niña, hija de una compañera de la organización, a la que había ido a recoger a un jardín de niños cercano a la oficina.
Hasta la comparecencia de la audiencia inicial, el jueves de la semana pasada supo que había una orden de aprehensión en su contra, fechada el 24 de abril de 2019, por el delito de secuestro ocurrido el 6 de marzo del mismo año en Morelos.
Garfias estimó que debe tratarse de una confusión porque las asociaciones civiles guardan bitácoras y realizan relatorías de todas sus actividades, y tienen documentos que indican que en esa fecha, Xóchitl se encontraba en Tlamacazapa, en un taller con las compañeras de la comunidad.
“Tememos por la vida de Xóchitl. En Guerrero la conocemos como una mujer solidaria, entregada a ayudar a otras mujeres. Su trabajo es transparente”, dijo.
Consideró que su detención es una forma para amenazar a las defensoras que han hecho públicas la falta de medidas para atender a las mujeres que sufren violencia.
Silvia Castillo informó que el hermano de Xóchitl presentó en la CNDH una queja por la agresión en el penal y la mala atención médica. Ayer mismo se iba a recabar la firma de ella para hacerla formal.
“Después de la audiencia de inicio fue golpeada por las reclusas, tuvo una crisis convulsiva. El doctor que la revisó le dijo que no creyera que esa crisis la iba a sacar de ahí, (le dijo) ‘que le bajara a su estrés de lo contrario ahí se iba a morir’”.
Ayer que se realizó la audiencia de término, llegaron enviados de la CNDH e informaron que fueron a verla y supieron que tuvo cuatro crisis convulsivas, “estamos muy preocupadas por su salud. Tenía tres años que no le daban. Ocurren cuando no toma sus medicamentos, para que ya no se le inflame el cerebro, o cuando pierde la dieta”.
Del caso explicó que el jueves 4 de marzo comenzó la audiencia inicial, y la defensora de oficio pidió la ampliación del término, mientras las activistas contratan una defensa. El martes concluyó la audiencia inicial a la una de la tarde.
Aclaró que la audiencia fue cerrada, el juzgado no permitió el paso de las activistas que acudieron a la audiencia, bajo el argumento de que habría información delicada y las defensoras de Guerrero podrían ser llamadas como testigas.
Tampoco pudieron verla en el penal. Cuando Castillo y Garfias se presentaron como defensoras de derechos humanos, rechazaron su solicitud de ingreso, denunciaron.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, la Asamblea Nacional de las Política de las Mujeres Indígenas emitieron una acción urgente por la libertad de Xóchitl.