Agentes de la Policía Estatal despedidos se concentraron en la explanada de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Chilpancingo, para exigir al presidente del organismo Ramón Navarrete Magdaleno y al gobernador Héctor Astudillo Flores que se reanuden las mesas de diálogo para tratar la reinstalación de los 176 policías dados de baja tras un paro laboral.
Ayer a las 11:30 de la mañana unos 70 policías estatales se congregaron en la explanada de la Codehum y solicitaron una audiencia con Navarrete Magdaleno.
Uno de los manifestantes quien se reservó su nombre se quejó de que este lunes se reunirían con funcionarios del gobierno del estado, y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para tratar la reinstalación de los 176 dados de baja tras exigir el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil, pero se canceló.
Comentó que les informaron que hoy se reanudará la mesa de diálogo, “nosotros queremos que nos atienda el gobierno del estado, nosotros no cometimos ninguna falta ni delito, pedimos a la voz de ya que nos incorporen a la SSP, las autoridades lo que hicieron fue despido injustificado y abuso de autoridad”.
Dijo que algunos de sus compañeros han acudido a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado para recibir su liquidación, pero no los atienden, “los trabajadores les dicen a nuestros compañeros que vuelvan mañana, pero nunca los atienden para saber cuánto dinero les corresponde”.
Afirmó que iniciaron el paro de labores en el cuartel central de la Policía Estatal el lunes 29 de mayo para exigir el respeto de la jornada laboral de tres días de trabajo por tres de descanso, pues los policías estatales activos continúan laborando seis días por tres de descanso.
Explicó que la federación destina por cada año laborado 35 mil pesos de liquidación para los policías estatales, pero el gobierno del estado pretende disminuir a 17 mil, “nos quieren robar 18 mil pesos de lo que nos corresponde por derecho”.
El policía estatal despedido denunció que la SSP continúa actuando contra los agentes, porque dijo hay otras listas de policías estatales en proceso de suspensión o despido, “en esta lista hay policías que les caen mal a los jefes por eso hacen estas irregularidades y puede incrementar el número de policías despedidos”.
De lo declarado por la secretaria del Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nybia Solís Peralta, que a pesar del despido de los 176 policías hay 90 aspirantes que ocuparían sus lugares, pero aún falta la capacitación que dura cuatro meses, respondió que de dónde sacarán a los 90 aspirantes, porque hay poco interés de los jóvenes para entrar a la Policía Estatal.
Agregó que en algunas ocasiones hay 100 aspirantes que buscan ingresar la SSP, pero sólo se quedan cinco.
A la 1:30 de la tarde los inconformes se retiraron de la explanada de la Codehum.
El 29 de mayo, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, para exigir una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El martes 30 de mayo terminaron su paro laboral para esperar alguna indicación de sus mandos y trabajar, pero el miércoles 31 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó mediante un boletín de prensa que dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías estatales.
Tras el despido unos 200 policías estatales marcharon en un carril del bulevar Vicente Guerrero, la avenida Insurgentes y Benito Juárez hasta las instalaciones de la Codehum en la capital, donde presentaron una queja contra la SSP estatal, ya que los funcionarios les informaron que 176 de los 600 que participaron en el paro fueron dados de baja por sabotaje y no se integraron a sus labores.