Vecinos de la comunidad San Vicente, en la sierra de Chilpancingo, exigieron el pago de indemnización de 175 toneladas de maíz para 47 productores, luego de la afectación en la siembra que sufrieron por la irrupción arbitraria del Ejército en el predio Los Amates, donde cuestionaron el trabajo de los campesinos y rastrearon el terreno ubicado junto a la comunidad de Amojileca.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) denunció que solicitarán que el Ejército no intervenga en los proyectos municipales, y que anteriormente han atentado contra los derechos humanos de los serranos.
El pasado jueves autoridades de la comunidad de San Vicente, pertenecientes a la APPG, se reunieron en el Ayuntamiento con el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena, para informarle que el Ejército, Bomberos y rescatistas de Protección Civil provocaron daños en el predio Los Amates.
Las corporaciones acudieron a preparar el terreno que planean reforestar con el gobierno del estado, para iniciar la construcción del parque ecológico Nicolás Bravo, a donde acudirá el lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores.
En ese momento el dirigente de la APPG denunció que además de los daños al predio, la presencia del Ejército fue intimidatoria, ya que los soldados, policías y rescatistas de Protección Civil dañaron cosechas y cercas que vecinos habían construido en ese predio.
Ayer a las 9 de la mañana acudieron al terreno el coordinador de gabinete municipal, Héctor Avilés y el director de Ecología municipal, Alejandro Zepeda Castorena, para limitar junto a los habitantes las áreas que serán utilizadas para el cultivo de maíz, planificar las opciones de reforestación y dar a conocer la minuta de acuerdos firmada con el alcalde Leyva Mena, tras la reunión del jueves.

Son terrenos de cultivo que les cedieron a cambio de agua, informan

El predio Los Amates está ubicado en la sierra de Chilpancingo a 40 minutos de la cabecera municipal, entre las comunidades de San Vicente y Amojileca, mide 57 hectáreas que de acuerdo a los campesinos fueron utilizadas desde hace 13 años como terrenos para el cultivo de maíz para productores de San Vicente.
Allí el comisario ejidal José Nava Lorenzo, explicó que de manera verbal se acordó durante la primera administración del ex presidente municipal Mario Moreno Arcos, la donación del terreno para que algunos habitantes de San Vicente lo utilizaran como tierra de labor temporal para la siembra de maíz, como contraprestación por la extracción de agua de la fuente conocida como El Retaje.
Detalló que en las 57 hectáreas trabajaban 47 productores que de manera individual generan unas cinco toneladas de maíz anuales, avaladas por el comisariado ejidal de la comunidad.
En el lugar se observó que la tranca para ingresar al terreno fue forzada, la puerta del acceso principal se encontraba abierta con la cadena y los candados tirados en el piso.
En el predio con algunos arbustos y matorrales dispersos, se apreció que fue allanado en su totalidad por maquinaria del Ayuntamiento, donde incluso permanecía en labores una aplanadora de Protección Civil.
El comisario José Nava Lorenzo relató que a mediados de abril acudió la maquinaria para rastrear los terrenos del cultivo de maíz debido a la visita del alcalde Leyva Mena a la zona, sin tomar en cuenta a las autoridades ejidales ni a los vecinos de la localidad.
Externó que se “abusó” y rompió el acuerdo verbal establecido con el ex alcalde Moreno Arcos, “era un intercambio, ellos se llevaban el agua a Chilpancingo y nosotros ocupábamos este terreno para la siembra”, se quejó.
Sin embargo, detalló que los campesinos siguieron sembrando maíz en el ejido y por ello el miércoles pasado acudieron Protección Civil, Bomberos y el Ejército para notificar que el terreno sería reforestado con la presencia del gobernador Astudillo Flores.
“Los militares no nos agredieron pero recorrieron el terreno y lo acordonaron, no tenían por qué intervenir en el proyecto del Ayuntamiento y menos de esa forma autoritaria forzando la cadena. Nosotros no portamos armas, nos dedicamos únicamente a la siembra de maíz”, externó.
Recordó que el predio fue adquirido por el ex presidente municipal Saúl Alarcón Abarca, para construir un relleno sanitario hacia el municipio.
De acuerdo al dirigente de la APPG, Nicolás Chávez, hace cuatro días cuando acudieron los soldados e ingenieros de Semarnat, el terreno ya se encontraba sembrado “y aplanaron de manera arbitraria el sembradío”.
El líder de la organización enfatizó, “los compañeros estaban trabajando y llegaron sin avisar forzando la puerta, allí un ingeniero de Semarnat de manera déspota y arbitraria solicitó la documentación que avalara que podrían trabajar la tierra, y sin medir consecuencias irrumpieron en el terreno”.
Reiteró que el próximo lunes acudirá el gobernador Héctor Astudillo Flores para la reforestación, que dará inicio a los trabajos en la zona donde se prevé la creación del parque ecológico Nicolás Bravo, que contará con una ciclo vía, paseos a caballo y cabañas para acampar, además de la construcción de un centro de Alto Rendimiento para el club de fútbol Los Avispones de Chilpancingo.
Denunció que la presencia del Ejército fue intimidatoria para los pobladores, debido a la mala experiencia que tienen con la Gendarmería que en meses anteriores provocó un accidente y la muerte de un vecino de la sierra.
Luego del arribo de la comisión municipal a Los Amates junto a la dirigencia de la APPG y pobladores de San Vicente, hicieron un breve recorrido hasta la colindancia con otro terreno.
Allí los funcionarios municipales junto al comisariado ejidal de San Vicente y la dirigencia de la APPG, sostuvieron una plática de  30 minutos, los representantes del Ayuntamiento aseguraron que la administración actual  desconocía el acuerdo verbal con el ex alcalde.
“Nosotros acudimos unas diez veces al predio antes de la inconformidad, aquí trabajamos y nunca nadie decía nada, hasta una fiesta hubo para quienes conocieron el proyecto, hicieron comida, todos hicieron recorridos con familias en bicicleta”, dijo el coordinador Héctor Avilés.
Chávez Adame enfatizó que los pobladores no están en desacuerdo con el proyecto, “sino en las formas, porque si se reforesta esta zona es porque el gobernador avalará el proyecto sin siquiera resolverse el conflicto”.
El director de Ecología, Alejandro Zepeda añadió que una alternativa viable sería buscar una zona dónde hacer la siembra temporal, “y los que alcancen aquí a sembrar apoyarlos y a los que no compensarles con el maíz su cosecha”.
Sin embargo Nicolás Chávez advirtió que los campesinos no se irán del predio, y reconoció el error por no haber firmado una minuta con Moreno Arcos, “esta es la prueba de que los políticos no garantizan la verdad, todos mienten”.
El comisariado ejidal propuso emitir un oficio dirigido al gobernador Astudillo Flores, donde se especifique la inconformidad de los campesinos y la circunstancia del terreno para que tenga conocimiento.

Los acuerdos previos con el
alcalde Marco Leyva

Posteriormente se leyó la minuta de acuerdos pactada con Leyva Mena durante su reunión del jueves, en la que se reconoció que en la primera administración, de manera verbal, se acordó con Mario Moreno Arcos la donación del terreno como contraprestación por la extracción de agua a Chilpancingo.
Además de la necesidad de reubicar a 578 familias de San Vicente, damnificadas por las contingencias de Ingrid y Manuel en 2013, sugiriendo que el predio donde serían reubicados sea el de Coapanguito o bien, el de Las Terrazas ubicado en la zona alta de la colonia PRD.
También se reconoció en la minuta que soldados del Ejército irrumpieron en las inmediaciones del predio para cuestionar a los campesinos que preparaban la tierra de labor para la siembra de maíz, ante la próxima temporada de lluvias.
Además se determinó que para la próxima temporada de lluvias queda garantizada la utilización de los terrenos que se ocupan como tierras de cultivo por los habitantes de la comunidad, y para los próximos ciclos agrícolas se buscarán las alternativas para los productores de acuerdo a su cosecha, o se analizará la entrega de otros terrenos para seguir el cultivo de maíz.
Se determinó también que el secretario general del Ayuntamiento, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo buscará una reunión con representantes del Ejército de la 35 Zona Militar, para comentar los temas relacionados con las demandas planteadas por los colonos, “con la firme finalidad de que se respeten sus derechos humanos”.
Sin embargo, Chávez Adame refirió que harán un agregado a la minuta, solicitarán una mesa de trabajo con autoridades del municipio, el estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para dar una fecha concreta para la reubicación de la comunidad.
Además de que exigirán el pago de 175 toneladas de maíz para los productores afectados, solicitarán que el Ejército no vuelva a intervenir en las actividades relacionadas con el municipio y que atenten contra los derechos humanos de la población.
Agregó que la “provocación” de la Gendarmería podría generar la reintegración de las brigadas ecológicas, y que los serranos vuelvan a vigilar los pueblos por su propia cuenta.
La resolución será entregada hoy a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento.