Los vecinos de la comunidad me’phaa de La Lucerna del municipio de Malinaltepec siguen en conflicto porque están en desacuerdo en el uso de los edificios públicos, y este viernes no llegó una de las partes a una reunión programada.
La reunión fue en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, y estuvieron el alcalde de Malinaltepec del Partido del Trabajo (PT), Sebastián Ramírez Hernández, el comisario municipal de la parte alta de los reubicados de La Lucerna, Rafael García Anastasio pero no llegaron los vecinos inconformes de la misma comunidad de la parte baja, quienes solicitan la apertura del centro de salud, la comisaría y escuelas que se mantienen cerradas desde 2013 tras la contingencia de la tormenta tropical Manuel.
Los edificios públicos de la comunidad se cerraron el 28 de agosto de 2015, luego de que los vecinos se refugiaron en campamentos debido a los hundimientos y derrumbes tras las lluvias de la tormenta.
La reubicación de los afectados no fue total y meses después ante la tardanza de los gobiernos un grupo de vecinos regresó a vivir en la comunidad La Lucerna.
A los reubicados de la parte alta les asignaron médicos, escuelas y otros servicios, por eso los damnificados que se encuentran en la parte baja reclamaron “lo que les corresponde”, porque dicen que son “el poblado original” y ahí se encuentran los edificios públicos, por eso solicitan que los profesores den clases en la parte baja, que el médico atienda afuera de la clínica y no se queden en la parte alta, ya que muchos niños no pueden subir por la distancia y necesitan clases y servicios de salud.
Por estos servicios se empezó a generar tensión entre los vecinos, los afectados de la parte baja exigen servicios y la apertura de los edificios públicos mientras que los reubicados de la parte alta se niegan.
Los pobladores de la parte baja argumentaron que los reubicados ya tenían todos los servicios, y como nunca hubo un dictamen de las autoridades para reubicar a toda la comunidad sólo algunas familias recibían apoyos.
Por eso cerraron todos los edificios públicos el 28 de agosto de 2015 y el 21 de enero los vecinos de La Lucerna parte baja abrieron las escuelas, el centro de salud y la comisaría, esto generó inconformidad con los reubicados en el campamento e intentaron desalojarlos.
El 22 de enero se reunieron funcionarios del Ayuntamiento, Gobernación regional, Protección Civil, la Secretaría de Salud y vecinos de la parte baja para pedirles que, “reconsideraran y lo más sano era clausurar”, pero la síndica Lidia Martínez Martínez dijo que los vecinos no lo permitieron y fue amenazada de muerte por un ciudadano.