Lourdes Chávez

Chilpancingo

Usuarias del sistema de justicia denunciaron que el agente del Ministerio Público de San Marcos, Roberto Barrera Gallardo no está dando seguimiento a sus denuncias de robo, despojo y violencia familiar, y advierten que hay parcialidad en la autoridad para favorecer al acusado.
En denuncia telefónica, la señora Mariana Gómez Guzmán informó que con sus hijas, Lissandra, Olga Andrea y Andrea Villanueva Gómez denunciaron a su esposo y papá de sus hijas, René Villanueva Torres, que el 23 de diciembre de 2024 la sacó con pistola en mano de un negocio de reparación de bicicletas.
Agregó que el negocio Bici Centro, ubicado en la cabecera municipal de San Marcos, pertenece a su hija Lissandra, y como el MP ni la Policía Ministerial hicieron nada para que recuperara el local, juntas lo cerraron, para evitar que el inculpado lo siguiera usando y acabara con todas las provisiones que había en bodega.
Aclaró que entonces había otro titular de la agencia del Ministerio Público de San Marcos, que fue removido de adscripción por quejas de irregularidades en su función.
Barrera Gallardo llegó hace 15 días a ocupar el cargo. Unos días antes estuvo una licenciada que ofreció trabajar de manera legal, pero la enviaron pronto a otro lugar, puntualizó.
Cuando se entrevistaron con el nuevo agente del MP les dijo que estaban en un grave problema porque cerraron el negocio para que no tuviera acceso el acusado, al parecer, porque está registrado como trabajador ante el IMSS con esta razón social, no obstante las agresiones y las denuncias penales que hay en contra de él.
Mariana agregó que el pasado domingo el acusado intentó abrir la cortina del negocio con dos herreros, que logró inhibir grabando la acción en flagrancia.
Esta semana su hija habló con el agente, de la necesidad que había de abrir el local de bicicletas, porque no ha tenido ingresos estos meses y sí muchos gastos de traslado a Acapulco, pero el agente de MP le prohibió hacerlo.
Cuando le insistieron les respondió que fueran a Acapulco a ver a una jueza en Caleta para que le diera un permiso escrito para pegarlo en el negocio, para justificar su funcionamiento.
Sin embargo, estimaron que su hija tiene todo el derecho de abrir su negocio, y el juez no tenía derecho a negarlo, o en su defecto, hacer la diligencia.
Llamó al fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda a revisar si la actuación del agente para determinar si se conduce conforme a derecho, o favorece al acusado.
Indicó que la denuncia de violencia familiar está desde diciembre, una de sus hijas presentó las denuncias este año por robo y despojo.