Una estudiante na savi de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Ometepec, denunció que la agente del Ministerio Público especializada en delitos sexuales, Xóchitl Marlene Herrera de la Cruz propició la liberación a su agresor, porque no hizo una investigación eficaz.
La joven considera que la funcionaria y los peritos recibieron dinero para favorecer al inculpado, y llevó su queja a la contraloría interna de Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con alguna garantía de justicia, su proceso de apelación.
Sin embargo, aclaró que la agente sigue en funciones, sólo la separaron del caso, y dejaron a una subalterna de ella, para atender esta denuncia.
En una visita a la redacción de El Sur, la estudiante habló con detalle de su caso y del proceso judicial, y pidió reservar su nombre; dijo que se puede establecer que ninguno de los servidores públicos implicados en el caso tienen perspectiva de género, ya que le recomendaron repetidas veces que negociara con su agresor, se violentó su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la honra, cuando se difundieron sus datos y su fotografía en periódicos locales, los mismos que constan en expedientes.
Indignada, la mujer de 19 años, menudita, piel morena y pelo negro, narró que trabajó con el señor Arturo “N” en su tienda de productos de piel en Ometepec, y renunció porque estaban bajando sus calificaciones.
Aseguró que su patrón nunca le faltó al respeto, y ocasionalmente siguió laborando en su puesto los fines de semana.
El viernes 17 de noviembre, hace tres semanas, Arturo “N” la llevó a otro puesto en Cuajinicuiilapa, y ahí la atacó durante la noche.
La joven reconoció que en su huida tomó mil pesos para pagar un taxi, y tuvieron un altercado violento en la vía pública, donde una testigo llamó a la policía.
De acuerdo con el acta de la Policía Ministerial de Cuajinicuilapa, el reporte se hizo a las 12:50 de la madrugada del sábado, y a las 1:15 de la madrugada, del mismo sábado, los detuvieron a los dos, ella acusada de robo, y él de violación.
Los datos que recabaron en la comandancia de la Policía Ministerial aparecieron dos días después en un periódico regional y en su página de internet que firma como coordinador del grupo, Roberto Martínez López.
Aclaró que antes de que les pidieran sus datos le recomendaron negociar, y se negó porque había sido agredida. Estimó que llegaron a Ometepec a las 4 de la madrugada, después de los trámites y en celdas, esperaron a que amaneciera para para que los peritos en sicología y medicina hicieran los exámenes correspondientes. Luego esperaron hasta las 2 de la tarde a la agente Herrera de la Cruz para que conociera del caso.
Sin embargo, aseguró que la agente hizo alusión a un incidente en el que la joven estuvo implicada siendo menor de edad, y mencionó nombres de personas a las que presuntamente “les había sacado dinero”, como para amedrentarla. “Me quiso acorralar, para que yo tuviera miedo, para que me desistiera, y no me dejé, le dije que yo no iba a negociar, que esto no era negociable, luego le dijo a mi madrina que se despidiera de mí, porque yo me iba para el bote, y ella dijo, ‘tú no agaches la cabeza y no llores, no te preocupes, nosotros te vamos a sacar’”.
Se abrió la carpeta de investigación 12160690100067191117, por el delito.
El domingo, cuando siguieron detenidos, el cuñado de su agresor llegó a visitarlo al mismo sitio donde ella también estaba en detención, y los custodios permitieron que se acercara a la celda de ella para insistirle en la negociación. Dijo que hizo lo mismo con sus familiares en la calle, les ofreció dinero para no la apoyaran, a lo que sus familiares se negaron.
Supieron luego de otras versiones que implican a Arturo “N” en denuncias de violación, pero sigue libre por acuerdos económicos con las autoridades y los familiares de las víctimas.
El lunes fue la audiencia de vinculación de la denuncia de violación, bajo la carpeta C-15-2017, a cargo del juez de control, Víctor Manuel Nava Casarrubias, que dictó la libertad del detenido, con base en dictámenes contradictorios.
Ni la fiscal ni el abogado de oficio interrogaron a los peritos sobre las inconsistencias de sus exámenes médico y sicológico. Enseguida, los llevaron a otra sala, donde fue la audiencia por el delito de robo, donde él, como agraviado, le concedió el perdón.
Muy enojada, recordó el momento en que la fiscal Herrera y Arturo “N” la miraron con burla mientras salían de la sala penal, y ella se quedó otro día en prisión, “como diciendo, ‘hubieras agarrado el dinero y no te hubieras quedado así’”.
El reporte de la Policía Ministerial en Cuajinicuilapa, da cuenta de que la mujer llevaba lesiones en la cara y un brazo, que tenía el cabello enmarañado y que lloraba durante la entrevista, detalla una hipertermia, un golpe de 3 centímetros de diámetro en el borde lateral del lado izquierdo de la mandíbula y escoriaciones de 5 centímetros de largo y uno de ancho en el brazo.
En la agencia del Ministerio Público ordenan peritajes médico, sicológico y de criminalística en el lugar de los hechos.
La perito en sicología, Claudia Cristal Reynoso Cano concluyó que no presenta daño emocional, pero en la descripción de su diagnóstico señaló ansiedad, alteración, agresividad por sí misma, culpa, regresiones al pasado, “ansiedad, preocupación excesiva de determinados sucesos, vigor, fuera y energía desgastaste para resistir este tipo de presiones, exige que se le compense por daño, rigidez, daño, culpa”, entre otros adjetivos.
Por otra parte, el médico legista, José Cortés Memije, haciendo juicios de valor no propios de su encargo, estableció que la denunciante no presentaba “los golpes contusos” que refirió, y en lenguaje coloquial señala que encontró huellas de “relaciones sexuales sin violencia”. Aunque también menciona lesiones, excoriaciones y rasguños en la entrepierna, y desgarres.
Por separado, la joven, con el respaldo de su familia se hizo otro examen con un médico privado, que certifica las lesiones en el cuerpo y “cópula reciente forzada”.
Consideró que el juez también debió poner atención en el expediente y en las irregularidades, por ejemplo, la ropa de la víctima, nunca se confiscó. También llevó su ropa a un análisis por su cuenta, después de una semana.
Confirma que la carga de la prueba de cargo, sigue recayendo sobre la víctima porque las autoridades no hicieron lo apropiado.