Rosendo Betancourt Radilla

La Unión, Ayutla

La defensora de derechos humanos del grupo del padre Alejandro Solalinde, Enriqueta Chávez López, consideró que fue un exceso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) la operación en la que fue detenida con el promotor Gonzalo Molina y cinco activistas más, y contó que hubo un momento en el que pensó que iba a morir.
Enriqueta es activista por la libertad de los presos políticos, desde hace 9 años y medio realiza su labor en Guerrero, antes, en Michoacán fundó un comité cuando estaba preso el líder de las autodefensas, el doctor Mireles, y fundó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Michoacán.
Afirmó que su motivación es la búsqueda de justicia, “cualquiera podemos caer en cualquier momento y yo te puedo decir que lo acabo de sufrir, entonces esa es una situación que no se olvida, pues no solamente se trata de solidaridad y justicia sino de no abandonar a ningún compañero”.

La retención

Enriqueta Chávez contó que en la retención de este martes a cargo de la CRAC que la tuvo alrededor de 24 horas, “tuvimos situaciones muy complicadas, por ejemplo tuvimos ayer una sola comida (en la prisión de la Casa de Justicia del Paraíso) y yo pues no estoy muy bien de mi salud”.
“Fuimos detenidos, hicieron las investigaciones, y obviamente no existía ningún cargo pero sí siento que fue un exceso de protocolos que no eran necesarios, no eran necesarios 600 elementos que utilizaron para detener a siete personas que venían desarmadas”, consideró.
“No le encontramos sentido alguno al operativo que se realizó, no puedo decir en ningún momento que hubo maltrato, no estoy satisfecha, creo que siempre hay manera de mejorar las cosas, las celdas estaban sumamente sucias, incluso una celda para la reeducación que se estaba llevando a cabo contaba con hacinamiento, me comentaron que eran realmente pequeñas y definitivamente creo que esas no son condiciones de vida en ningún lugar”, agregó.
Informó que a ella y a los otros seis retenidos con ella (entre ellos el ex preso político Gonzalo Molina) los metieron en una celda, “las condiciones pues no son las adecuadas, pero estamos bien”.
Contó que pensó que iba a morir porque los pararon en línea y los policías comunitarios les apuntaron a todos con sus armas.
Dijo que acompañar a Gonzalo Molina en sus actividades, es “andar siempre con la adrenalina, ahora estuvimos bien, pero nos ha tocado en zonas donde está el narco, a veces también acosan presidentes municipales, hemos pasado muchas situaciones donde nos hemos encontrado que hay grupos que se resisten a que lleguen este tipo de situaciones, porque le tienen miedo a la organización de la gente, aunque es un derecho humano tú sabes que eso estorba a intereses personales de los que no buscan el bien de la gente”.

Visitan a comerciantes y desplazados en Ayutla

En Ayutla, acompañados por el director del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda, Gonzalo Molina y Enriqueta Chávez visitaron a comerciantes desalojados por personal de la Casa de los Pueblos, y recientemente se reinstalaron en una calle aledaña al mercado de Ayutla.
Como representantes de la organización México Unido Pro Derechos Humanos hicieron, “un llamado a las autoridades para que les den un lugar, sólo están buscando subsistir, la autoridad está obligada a darles un lugar”, dijo Gonzalo Molina.
Los comercientes relataron que aún hay intimidaciones, “nos dicen que estorbamos pero hay espacio para pasar. La vez que nos desalojaron nos usaron para distraer a la gente del problema de la falta de agua y de la basura”.
“En la noche velamos para que no nos vuelvan a quitar, sólo queremos trabajar”, dijo uno de los comerciantes.
Ambos activistas se comprometieron a intervenir para que el caso llegue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “tienen derecho a sobrevivir de la venta, tienen derecho a un trabajo digno y al desalojarlos sin ofrecerles una alternativa afectan su derecho al trabajo”.
En la comunidad La Unión, a unos 20 minutos en automóvil desde la cabecera municipal, el vecino Bernardo Díaz Pérez informó que van a solicitar maestros del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para que den clases a 10 niños que hay ahí en edad de recibir educación primaria. En total son 44 menores de edad.
Para eso necesitan infraestructura, la Casa de los Pueblos les informó que los considera en su programa de obra pública, pero pidió ayuda a los dos activistas para que gestionen láminas “o algo de dinero”.
A esta comunidad Gonzalo Molina y su equipo que fue retenido por la CRAC llevaron material para la elaboración de huaraches, jabón y champú y dio talleres a niños y adultos.