La comunidad de San Miguel del Progreso (Júuba Wajiín, en me’phaa), municipio de Malinaltepec, ganó un segundo amparo contra la ley minera, que obliga a la Secretaría de Economía (SE) a cancelar la Declaratoria de Libertad de Terrenos que permite otorgar concesiones mineras previamente concesionadas en el territorio indígena sin la consulta a los habitantes.
Con este amparo se abre el camino legal para que otras comunidades contengan la explotación minera en sus territorios, afirmó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Desde 2010, los habitantes de San Miguel mantienen la defensa jurídica. Obtuvieron su primer amparo contra las concesiones otorgadas en Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861); con esta resolución evitan nuevas asignaciones.
San Miguel del Progreso es una comunidad de Malinaltepec, en la Montaña, habitada por 3 mil 800 indígenas me’phaa, 833 comuneros que producen papayas, mangos, guayabas y café.
En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Maribel González Pedro explicó que el pasado 28 de junio, la jueza primero de distrito, Estela Platero Salado dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016, promovido en Chilpancingo.
La sentencia contempla tres puntos resolutorios: “ordena a la SE, a través del director general de regulación Minera, dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de terreno 02-2015 que correspondían a las concesiones canceladas. En caso de insistir la SE del gobierno federal en continuar este procedimiento, una vez cancelada, tendría que respetar los derechos colectivos de la comunidad, incluyendo el derecho a la consulta”.
La SE tiene que dejar sin efectos la declaratoria que además, contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que privilegian el derecho de los pueblos originarios y su autonomía, y que fueron firmados por México.
La abogada dijo que la SE tiene hasta el 21 de julio para impugnar la nueva resolución. Sin embargo, consideró que San Miguel del Progreso tiene la razón. “Llevan dos amparos y los han ganado. (La SE) está orillando a los pueblos indígenas de México a acudir a instancias judiciales para defender sus derechos. Es un ejemplo de que se puede hacer justicia en las comunidades indígenas”.

Llevan siete años luchando contra las mineras, relata su abogada

La lucha contra la minería inició en 2010, cuando la comunidad de San Miguel El Progreso empieza a informarse; en 2011, hace su levantamiento de actas de rechazo contra la minería y en 2012 se inscribe esta acta; entonces nace el Consejo de Autoridades Agrarias en defensa del territorio.
Al año siguiente, el 15 de julio de 2013, interponen la primera demanda contra dos grandes concesiones mineras, que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En este proceso, Minera Hochschild México SA de CV, de capital británico, desistió de su concesión, y la SE la cancela; “esto obligó a la SCJN a sobreseer este amparo que era importante para la comunidad y para todos los pueblos de México, dado que se pedía que se analizara de fondo la inconstitucionalidad de los artículos 6, 10, 15, 19, de la Ley Minera”.
El segundo amparo apela al derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los convenios mencionados.

La comunidad defiende su territorio, de acuerdo con el peritaje antropológico

Las antropólogas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Teresa Sierra y Yuri Escalante, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rubén Luna, se encargaron del peritaje con el que se demostró que los habitantes indígenas de San Miguel del Progreso defienden su territorio, cuando uno de los argumentos del gobierno federal para continuar otorgando concesiones es que el territorio es de la nación.
Teresa Sierra explicó que, “es una expresión de una resistencia de largo tiempo… El argumento era justificar no sólo que se está violando el derecho a la tierra, sino el territorio mismo. ¿Qué es lo que hay en este territorio?… Este territorio que se pretende liberar es un territorio ocupado en toda su extensión, es una comunidad que tienen un reconocimiento comunal, y que el 80 por ciento de estos terrenos”, podría ser afectado con la concesión.
Con su peritaje, los autores se propusieron conocer los usos, formas de organización, ejercicio de la autoridad, vínculo ritual con la tierra, cómo las comunidades indígenas conciben el territorio como parte central de sus vidas, conocieron a sus divinidades que se localizan en sus cerros, manantiales, en los ojos de agua; el territorio es parte fundamental de su vida, como presentaron en la argumentación los peritos antropólogos.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado Solano dijo que en el Consejo de Autoridades Agrarias en defensa del territorio hay 20 núcleos agrarios que, como San Miguel, rechazan la minería.
Por su parte, el comisariado de los Bienes Ejidales del municipio de Metlatonoc, Miguel Santiago Lorenzo dijo a la SE y a las mineras, que “la región de la Montaña no está en venta. El campo y nuestras aves no está en venta”.
Del área de Fortalecimiento de Tlachinollan, Armando Campos dijo que la mitad de las 44 concesiones mineras está candelada. “Los principales municipios afectados serían Iliatenco y Malinaltepec… en el punto más alto de la región Montaña, (de donde) se alimentan diferentes ríos, el Balsas, cuenca del Papagayo, Marquelia, Quetzala, en Ometepec”.
Los proyectos activos son Los Tajos, Filos Bermejal, que vendió recientemente la minera canadiense Gold Corp en Zumpango del Río; Proyecto Morelos, Media Luna, Torex Gold, en Cocula; Rey de Plata, en San Miguel Totolapan; proyecto en Arcelia, Campo Morado, empresa Farallón; empresa Temixco, en Arcelia.
A la conferencia de prensa asistió el directo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera; autoridades de la comunidad; y la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Magda Gómez.