Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que las agresiones a los defensores del medio ambiente, del territorio y de derechos humanos se cometen por una “triada perversa” integrada por actores del Estado, autodefensas y el crimen organizado “quienes hacen causa común”.
Entrevistado por teléfono, explicó que el aumento de las agresiones a los defensores, como lo destacó en su reciente informe el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), se debe a la impunidad, al crecimiento del crimen organizado y a las reiteradas descalificaciones del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al trabajo de estos.
En su informe correspondiente al 2023 que dio a conocer el martes, el Cemda ubicó a Guerrero en el primer lugar en desaparecidos, el segundo en asesinatos y el quinto en agresiones contra defensores del medio ambiente y de derechos humanos.
Consultado al respecto, Barrera Hernández declaró que son los defensores comunitarios los que más están enfrentando una agresión sistemática por parte de actores, tanto del Estado como de la delincuencia, caciques “y grupos de poder que hay en las distintas regiones”.
Mencionó el caso del defensor desaparecido Vicente Suástegui, hermano del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio “quienes encabezaron una lucha emblemática en la defensa de los bienes comunales y del territorio”.
Barrera Hernández informó que en este caso se confabularon integrantes de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a través Pedro Santos Pino, El Comandante Pino, vinculado con el grupo delictivo de Los Rusos y la Policía Ministerial.
“Cuando desaparecieron a Vicente se hablaba ya de este patrón de criminalidad contra los defensores del medio ambiente en el que se coluden actores estatales, autodefensas y grupos criminales”, dijo.
Agregó que comúnmente quienes cometen estas agresiones en contra de los defensores del medio ambiente, del territorio y defensores de derechos humanos son esta “triada muy perversa”, que son autores estatales, autodefensas y miembros del crimen organizado que hacen causa común para atentar contra la vida, la seguridad y silenciar a defensores, “como ocurrió con el caso de Vicente Suástegui en Acapulco”.
Dijo que Acapulco es una región donde el crimen organizado se ha “enseñoreado, ahora vemos que ya todo está en manos del crimen, las playas, los negocios, las rutas, el cobro de piso no sólo a comerciantes fijos, sino a ambulantes, y eso es muy grave”.
Explicó que por ellos es obvio que quienes defienden el territorio están a expensas de actores violentos que se coluden, y más ahora que la línea divisoria que había entre actores del Estado y del crimen se ha desdibujado.
“Ya nadie sabe cuáles son las agresiones que vienen de actores del Estado porque hay contubernio casi generalizado”.

El caso de Arnulfo Cerón

Otro caso es el de Arnulfo Cerón, defensor comunitario asesinado en el 2019 en Tlapa, quien, recordó Abel, defendió los derechos de las comunidades indígenas, reivindicó la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y fue un defensor del territorio, “siempre aliado con los defensores locales para poder proteger los bienes naturales”.
Declaró que en este caso se siguió un patrón igual, “vimos en el caso a actores del Estado, un miembro del gabinete del municipio de Tlapa como autor intelectual, y luego actores de la delincuencia que trabajaban para grupos del gobierno municipal, que eran como el enlace, operadores del crimen a la orden del gobierno municipal”.
El director de Tlachinollan declaró que “hay una avalancha delincuencial avalada por actores estatales y municipales, que cuando ven que hay oposición, resistencia, protección al territorio, accionan en contra”.
Declaró que esto mismo ocurre en los territorios donde hay empresas mineras, donde el crimen entra a estas zonas para coludirse con las empresas y son ellos los que hacen el trabajo sucio. Indicó que esto ocurre tanto en las minas de Cocula como en las de la de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
“Ahí hablamos de comunidades, de ejidatarios, de pescadores que protegen su territorio, llámese bosque, agua, patrimonio cultural dentro del territorio o bienes naturales”.
Contó que en estos lugares son comunidades que quedaron atrapadas por los proyectos mineros de empresas extractivistas, y ahora no les queda más que ser actores pasivos ante la depredación ambiental, “y eso es grave porque es una situación de avasallamiento”.
Añadió que lo mismo ocurre en las diferentes regiones de la Sierra, donde también hay proyectos mineros y la disputa territorial la están teniendo los grupos de la delincuencia que están afectando a defensores comunitarios, “ya sea líderes locales, como pasó con un compañero de la zona norte por Huitzuco”, dijo sin precisar el nombre.
El defensor de derechos humanos añadió que en la zona serrana se da un fenómeno generalizado de desplazamiento de familias, de comunidades, “y estamos hablando de gente que defiende su territorio, sus comunidades, son defensores comunitarios o colectivos que defienden su agua. Ahora están muy en riesgo todos estos bienes que hay en Guerrero”.
El informe de Cemda destaca que en los últimos tres años se han incrementado las agresiones a los defensores.
Al respecto, Barrera Hernández, declaró que el aumento tiene que tiene ver con la descalificación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante las conferencias mañaneras hacia el trabajo de los defensores de derechos humanos.
“No lo hace de manera específica hacia los defensores del medio ambiente, pero sí de manera general al trabajo de los defensores; ha descalificado al Centro Prodh, al que le llama seudodefensores, a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que descalifica de que es una institución que politiza los casos, igualmente al Sistema de Estados Americanos y al mismo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con cuyos integrantes tuvo varias reuniones y no ha valorado su sexto informe”.
Barrera Hernández indicó que por ello hay un problema grave en nuestro país, “porque la misma autoridad presidencial ha tenido una descalificación sistemática contra los defensores y defensoras”.
Para el defensor esto es preocupante porque “por su gran presencia” que tiene a nivel nacional es una postura que alienta la agresión y por otra parte no se han visto acciones fuertes, claras y contundentes contra los grupos del crimen organizado.
“Vemos que se les ha tolerado, ahora la apuesta es abrazos y no balazos, es decir, de no usar la fuerza del Estado para contener el avance del combate del crimen organizado, sino a través de programas sociales, que es una apuesta a largo plazo y no sabemos qué resultados tendrá, porque sabemos que los mismos jóvenes no están encontrando en los programas sociales una respuesta a sus aspiraciones como personas que tienen sus derechos para tener una plaza si son maestros o profesionistas o tener un trabajo digno, porque no hay un trabajo bien remunerado”.
Aunado a ello añadió que en Guerrero se ha ampliado el espectro de las organizaciones delincuenciales en casi todo el territorio de Guerrero, “ya casi no hay municipio que no esté controlado por un jefe de plaza”.
Dijo que esto ha permitido que los grupos armados tengan permiso para delinquir, para matar, “ese es el otro frente, además, se coluden con gente del Estado”.
Mientras tanto, dijo que no hay un intento de depurar a las corporaciones policiales, a las fiscalías del estado, ni a las élites de las policías.
Indicó que hay impunidad en el estado en favor de actores que han ejecutado a indígenas, campesinos, estudiantes, maestros.
Denunció que la impunidad es algo que se ha ido fortaleciendo en Guerrero al dejar crecer y hacer a los grupos del crimen organizado, “porque no se castiga a los responsables y también porque hay una campaña en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, y contra quienes trabajan en el cuidado de los bosques, el agua, los bienes naturales de la comunidad, son los que están mas inermes, porque ahí en el territorio es donde están actuando los grupos del crimen organizado y arrasan contra cualquier persona que se atraviesa contra sus intereses”.