Encapuchados golpearon en Atzcala a Mónica López, para que ella y su esposo abandonen el paro de trabajadores de la mina Media Luna; mientras que policías estatales y ministeriales que resguardan el tajo del ejido de Real de Limón, en Cocula, advirtieron a los ejidatarios que salgan de sus tierras o serán llevados a prisión, denunció el líder del sindicato Nacional de Mineros, Indalecio Pérez Morones.
Consultado vía telefónica sobre el posicionamiento de los directivos de la empresa Torex Gold, dueña de la mina Media Luna, de que el bloqueo de casi tres meses a sus instalaciones concluyó con la intervención de la fuerza estatal, aunque las pérdidas son millonarias y sus acciones cayeron a la mitad de su precio, el líder del movimiento señaló que la empresa mantiene la posición de siempre: reconoce la lucha pero la considera ilegal.
En cuanto a las pérdidas, que el presidente de Torex Gold, Fred Stanford calificó de “devastadoras”, indicó que, “ha sido tanto como ellos han querido”.
Agregó que sería menos costoso terminar el Contrato Colectivo de Trabajo que Media Luna firmó con la CTM, y otorgarlo a la Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), como propusieron los trabajadores.
Sin embargo, dijo que decidieron sostener a CTM, y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se fijó una nueva fecha de audiencia, entre el 13 y 15 de febrero, para resolver el litigio. Aclaró que sí se llevó a cabo la audiencia prevista el 30 de enero, y los apoderados legales resolvieron “alargarla”.

El plantón en la mina continúa

Consideró que el mensaje de la conferencia de prensa de los directivos de la mina, en Acapulco, fue que las autoridades restablecieron el Estado de derecho para que las operaciones de la mina volvieran a la normalidad, y para evitar que sus acciones sigan desplomándose.
Sin embargo, aseguró que el plantón y movimiento en la mina continúan, y no han comenzado los trabajos en el tajo de Real de Limón, como habían anunciado para esta semana, porque está bajo vigilancia de los ejidatarios.
Calculó que 100 policías acordonaron el tajo y amenazaron a los ejidatarios con detenerlos si vuelven a las tierras, por incursionar en propiedad privada.
Pérez Morones destacó que los ejidatarios son los dueños de las tierras, no la empresa con la que firmaron un convenio de explotación.
Insistió en que la minera no cumplió los compromisos señalados en los convenios de arrendamiento, y podrían rescindirlo. Incluso, adelantó que ya están haciendo el análisis legal.
Aunque la empresa ha acusado que el bloqueo de sus instalaciones fue ilegal, porque el único con facultades de convocar una huelga en Media Luna es la CTM, el líder del SNTMMSSRP opinó que, antes la mina violentó el derecho de los trabajadores al imponer a un sindicato que no atiende las demandas de sus representados.

La empresa debe sentarse a dialogar, no apostar al enfrentamiento

Insistió en que la empresa debe sentarse a dialogar con los paristas y con los ejidos de Fundición y Real de Limón, desplazados por la actividad minera, “no apostarle al enfrentamiento y provocación”.
Del acercamiento con estos ejidos, del que ya informó la propia empresa, insistió que hubo tres acuerdos, que se resuelva la demanda de los trabajadores en paro y se reconozcan el Sindicato de los Mineros, que se cumplan todas las cláusulas pendientes, y que se revise el convenio de arrendamiento.
Por otro lado, indicó que vecinos de Real de Limón y Fundición tuvieron una reunión anterior con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para ofrecer certeza y solución al conflicto, pero terminó enviando a policías y Soldados, además de a gendarmes que ya estaban dentro de las instalaciones.
Advirtió que si la empresa y la policía insisten en comenzar la extracción del tajo de Real de Limón, podría generarse otro suceso violento, de sangre.
Por separado, en un boletín el SNTMMSSRP denunció que el gobierno apoya el restablecimiento de la extracción minera en Media Luna, “sin haber resuelto el sangriento conflicto laboral que no ha sido provocado por los trabajadores sino por la empresa y esa autoridad cómplice”. Recordó que tres activistas fueron asesinados durante esta protesta.
Señaló al comandante de la Gendarmería, al que identificó sólo por su apellido, Arriaga, de amenazar y amedrentar a los trabajadores y a las comunidades del ejido Real del Limón, y al teniente de la Policía Estatal, Jesús Hernández, que con unos 80 agentes impide el paso a los trabajadores movilizados, a las instalaciones de la minera.
En este tenor, denunció que el martes entre las 7:30 y las 8 de la noche, tres encapuchados irrumpieron en la casa de Mónica López y la golpearon, sus hijas de alrededor de diez años dieron aviso a sus abuelos, y ellos a sus vecinos en Atzcala.
Durante la golpiza, la mujer dijo que le advirtieron que se retire del paro laboral, ella y su esposo, y los agresores huyeron antes de que los vecinos llegaran a brindarle ayuda.
De Atzcala, destacó que se ubica a 15 minutos de la mina, y es el paso principal a las instalaciones, también es ejido y tiene un convenio de arrendamiento con la empresa por tierras y la dotación de agua para el proceso de extracción de minerales.
“Nos deja claro que la Policía Estatal no va a cuidar a los ciudadanos, sino que están cuidando los intereses de la trasnacional canadiense, se está dejando ver el contubernio del gobierno y la empresa”, denunció.
Insistió en que el problema sigue escalando en violencia, y alertó que si gobierno insiste en socavar el movimiento, “puede haber más sangre de lo que ya ha costado”.
También denunció que el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, llamó al líder del sindicato de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, en exilio en Canadá, para preguntarle “con cuánto se arreglaba este problema, para que se retirara”. Aseguró que el sindicato no se retira, mientras los trabajadores sigan en pie.
Responsabilizó a los gobiernos estatal y federal, a la CTM y al presidente de la Torex Gold, Fred Stanford. Aclaró que no hay extorsión en el paro de labores, como dijo el directivo, “es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, dice a la empresa que no puede acceder a un acto ilegal, pero sí puede cometer el abuso imponiendo a la CTM a los trabajadores, sin consultarlos, eso es violentar la ley”.