El Comité por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero anunció que a partir de este mes, el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), José Enrique González Ruiz, tomará los casos de Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que llevan casi cuatro años tras las rejas.
“Son rehenes del estado, porque quieren meterle miedo a las comunidades y asustarlas para que no sigan funcionando las policías comunitarias”, dijo el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y aseguró que tocarán varias puertas, incluida la Organización de las Naciones Unidas en derechos humanos, para demostrar que son policías son inocentes y actuaron con base a su sistema comunitario.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), integrantes de este comité, que ha apoyado la defensa de algunos presos políticos del sistema de justicia, aseguraron que hay más de 70 órdenes de aprehensión contra integrantes de la CRAC, en su mayoría de la Casa de Justicia de El Paraíso, donde tenían cargos Gonzalo, Samuel y Arturo Campos Herrera, preso en Ayutla.
Enriqueta Chávez, miembro del comité, enlazó vía telefónica desde el penal de Chilpancingo a Gonzalo Molina y a Samuel Rodríguez Gálvez; después, a Arturo Campos Herrera, cuya defensa legal la lleva Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y a Ángel García, un comunitario que salió bajo fianza luego de estar más de 32 meses en prisión en Ayutla, junto con otros siete miembros de la CRAC para hablar de su situación legal.
Ángel García lamentó que aunque fue liberado bajo fianza en mayo de 2016, tiene que seguir yendo cada semana a firmar documentos a Tlapa, lo cual es costoso para él y los otros policías que tienen que ir de Ayutla hacia ese municipio de la Montaña. “Genera muchos gastos y nos siguen considerando delincuentes, aunque hayamos demostrado con pruebas que no lo somos”.
Gonzalo Molina lamentó que el gobierno de Guerrero le haya abierto otras siete causas penales y pese a demostrar su inocencia en varios delitos, en su caso le imputan secuestro, delincuencia organizada y portación ilegal de arma de fuego, como a la mayoría, siga encarcelado “porque afectamos intereses económicos y políticos, nosotros nos organizamos para defender a nuestra comunidad”.
Samuel Ramírez, quien fue detenido el 6 de octubre de 2013 con 13 policías comunitarios más de la casa de justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, en su limitado español porque su idioma es el tu’un savi (mixteco), dijo que seguirá luchando hasta demostrar su inocencia; palabras que también empleó su mamá Beatriz Gálvez, enlazada también por teléfono, y pidió su liberación inmediata.
El pasado 2 de junio a Samuel lo sentenciaron a 4 años y 100 días de cárcel, pero decidió apelar la sentencia y no salir bajo fianza, porque ello sería, “aceptar la culpabilidad que no existe”. (De la corresponsalía / Ciudad de México).