Daniel Velázquez

Por cuarto año consecutivo, Guerrero se ubica en la categoría de “adhesión mas débil” al Estado de derecho, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial/World Justice Project (WJP). Este es “el único índice subnacional producido por el WJP, y constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país”.
Guerrero está en el lugar 32 de las 32 entidades del país, misma posición ocupó el año anterior.
El resultado final, presentado por WJP es el resumen de la evaluación de 42 indicadores que se distribuyen en ocho factores. Cada factor y cada indicador recibe un puntaje, “los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho”.
En único indicador en Guerrero, de los 42 que evaluó WJP en el periodo 2021-2022, que está cercano al 1, que es la máxima calificación, es Libertad Religiosa con .76. En cambio los indicadores con evaluaciones mas bajas son Ausencia de Homicidios con .08 e Investigación Penal Eficaz con .15
Los ocho factores que considera el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 son Límites al Poder Gubernamental; Ausencia de Corrupción; Gobierno Abierto; Derechos Fundamentales; Orden y Seguridad; Cumplimiento Regulatorio; Justicia Civil; Justicia Penal.
El WJP sostiene: “nuestra intención es que esta herramienta sirva para identificar las fortalezas y debilidades de cada entidad federativa, así como para fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México”.
El Estado de derecho, resalta en su informe WJP, “es el sustento para construir comunidades de igualdad, oportunidades y paz, y es la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales. El Estado de derecho ayuda a combatir la pobreza y protege a las personas de las injusticias”.
En el factor Límites al Poder Gubernamental para este periodo 2021-2022 Guerrero se ubica en la posición 24 de las 32 entidades, con un puntaje de .39. “Este factor mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadoras y gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos. Este factor también considera el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos”.
Para obtener este resultado se evalúan seis indicadores, los cuales también van de 0 a 1, donde uno es la máxima calificación. En el ejercicio 2021-2022, las puntuaciones obtuvieron fueron .42 en el Poder Legislativo es un contrapeso eficaz; .47 en el Poder Judicial es un contrapeso eficaz; .23 en los organismos de control son un contrapeso eficaz; .39 en sanciones por abuso de poder; .45 en los contrapesos no gubernamentales son eficaces; y .36 en las elecciones se apegan a la ley.
En las mediciones anteriores los resultados que obtuvo la entidad en este factor fueron en 2020-2021 el resultado fue de .39; en 2019-2020 su puntaje fue de .39; en 2018 su puntuación fue de .28.
En Ausencia de Corrupción, Guerrero se ubicó en el lugar 28, con un puntaje de .31: “este factor mide la ausencia de corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Esta dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos”.
Los resultados de los cuatro indicadores son .28 en ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo; .36 en ausencia de corrupción en el Poder Judicial; .31 en ausencia en las instituciones de seguridad y procuración de justicia; y .29 en ausencia de corrupción en el Poder Legislativo.
En este factor en el periodo 2020-2021 el resultado fue de .33; en 2019-2020 su puntaje fue de .30; y en 2018 su puntuación fue de .37.
En Gobierno Abierto, Guerrero está en el lugar 32 con un resultado de .35. Este factor “mide el gobierno abierto, definido como aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, mide si la ciudadanía puede conocer el accionar del gobierno y si puede incidir en sus decisiones”.
En este factor se evalúan dos indicadores que este año dieron estos resultados .20 para Participación Ciudadana y .50 para Derecho a la Información Pública.
En el periodo 2020-2021 el resultado de este factor fue de .37; en 2019-2020 su puntaje fue de .37; en 2018 su puntuación fue de .35.
En Derechos Fundamentales está en la posición 30 con un puntaje de .41. Este factor “mide la protección efectiva de los derechos humanos, reconociendo que un sistema de gobernanza en el que no se garantizan los derechos fundamentales establecidos por el derecho internacional no puede ser un Estado de Derecho. Este factor se centra en los derechos civiles e individuales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales están más estrechamente relacionados con temas del Estado de Derecho (derechos de primera generación) y deja de lado los derechos de segunda y tercera generación (derechos económicos y sociales y derechos de solidaridad)”.
El puntaje de los ocho indicadores que integran este factor son .32 en ausencia de discriminación; .38 en debido proceso legal; .45 en libertad de expresión; .76 en libertad religiosa; .24 en derecho a la privacidad; .55 en libertad de asociación; y .20 en derechos laborales. Uno de los indicadores de este factor no tiene puntaje, derecho a la vida y la seguridad
En este factor en el periodo 2020-2021 el resultado fue de .43; en 2019-2020 su puntaje fue de .44; en 2018 la puntuación fue de .19
En Orden y Seguridad se ubicó en el numero 20 con .35 de evaluación. Este factor “mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. (…) Esta dimensión no incluye delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de personas, entre otros, ya que no son susceptibles de medirse mediante encuestas y no existen datos duros consistentes, homogéneos y de calidad en el país”
En los tres indicadores que se revisan para calificar este aspecto los resultados fueron .08 en ausencia de homicidios; .58 en ausencia de crimen; y .38 en las personas se siente seguras.
Este factor en el periodo 2020-2021 el resultado fue de .31; en 2019-2020 su puntaje fue de .23; en 2018 su puntuación fue de .29
En Cumplimiento Regulatorio está en el lugar 29 con .32 de evaluación. Este factor “mide si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva, examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividades comerciales”.
Los resultados de los cinco indicadores que se consideran para este factor fueron .33 en cumplimiento regulatorio eficaz; .39 en cumplimiento regulatorio libre de corrupción; .28 en procedimientos administrativos eficientes; .25 en debido proceso en procedimientos administrativos; y .36 en derechos de propiedad.
Este factor en el periodo 2020-2021 el resultado fue de .36; en 2019-2020 su puntaje fue de .34; en 2018 su puntuación fue de .30
En Justicia Civil aparece en el lugar 31 con una puntuación de .30. Este factor “mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil. Para garantizar el acceso a la justicia civil es necesario que las personas conozcan y confíen en los mecanismos formales para resolver sus problemas legales, que exista disponibilidad de asesoría legal adecuada y asequible y que no haya barreras por costos ni por procesos burocráticos. También, es fundamental que el sistema sea imparcial, independiente y libre de corrupción e influencias indebidas, además que los procedimientos se lleven a cabo con respeto al debido proceso, de manera oportuna y sin demoras irrazonables y que las resoluciones judiciales se apliquen de forma efectiva. Finalmente, el factor mide la accesibilidad, la imparcialidad y la eficiencia de los sistemas de mediación y arbitraje que permiten a las partes resolver sus controversias”.
En los ocho indicadores evaluados los resultados fueron .24 en las personas conocen sus derechos; .27 en acceso a información y asesoría legal asequible en casos civiles; .29 en justicia civil asequible y sin procesos burocráticos; .34 en justicia civil imparcial, independiente y libre de corrupción; .29 en justicia civil de calidad; .23 justicia civil expedita; .28 ejecución efectiva de las resoluciones en materia civil; .45 MACS accesibles, imparciales y expeditos.
Este factor en el periodo 2020-2021 el resultado fue de .34; en 2019-2020 su puntaje fue de .29; en 2018 su puntuación fue de .28
En Justicia Penal está en el lugar 27 con .31 como resultado; este factor “evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal. Un sistema penal de calidad debe respetar los derechos de las víctimas y de las personas acusadas. De aquí, que una evaluación integral de la justicia penal debe contemplar el accionar de todas las personas participantes del sistema, incluyendo la policía, defensores, asesores jurídicos de las víctimas, fiscales, jueces, juezas y autoridades encargadas del sistema penitenciario”.
Los resultados de los seis indicadores son .15 en investigación penal eficaz; .30 en procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz; .36 en derechos de las víctimas; .38 en debido proceso legal; .36 en justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción; y .35 en sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos.
Este factor en el periodo 2020-2021 su resultado fue de .34; en 2019-2020 su puntaje fue de .29; en 2018 su puntuación fue de .30
La metodología de los resultados se basa en encuestas, 400 encuestas por estado. La encuesta a población general cuenta con un nivel de confianza del 95%, un margen de error de +/-4.9 por ciento a nivel entidad, también la consulta a especialistas.
WJP sostiene que “detrás de cada puntaje, existe un análisis técnico riguroso, sustentado por una robusta capacidad de recolección, verificación, validación y análisis de consistencia de los datos”.
La publicación señala hay un deterioro en el estado de derecho en comparación con las mediciones anteriores, lo que se debe a “el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción”.
WJP indica que “al igual que en la edición anterior, ningún estado se acerca a la calificación idónea, y ninguno alcanzó un puntaje superior a 0.5, lo que significa que todas las entidades del país tienen grandes retos en esta materia”.
“Los puntajes generales cayeron en 14 entidades (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), subieron en seis (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas), y permanecieron sin cambio en 12 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).